Lisandro Rosales, el excanciller de Honduras durante el narcogobierno de Juan Orlando Hernández, fue uno de los requeridos por el Ministerio Público este lunes por participar en el robo de más de 63 millones de lempiras durante la pandemia de Covid-19, en la compra fraudulenta de ventiladores pulmonares incompletos y en mal estado
Tegucigalpa, Honduras. -El Ministerio Público (MP) presentó la mañana de este lunes 23 de septiembre, entre otros, un requerimiento fiscal contra el excanciller de Honduras Lisandro Rosales, acusado de supuestamente participar en el robo de casi 64 millones de lempiras en la compra de ventiladores mecánicos inservibles durante la pandemia de Covid-19 en 2020.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, dirigido por el fiscal general Johel Zelaya —nombrado estratégicamente mediante un acuerdo entre el tripartidismo (Partido Nacional, Liberal y Libre)—, Rosales, quien fue uno de los principales aliados del expresidente narcotraficante Juan Orlando Hernández, junto con otros exfuncionarios, se aprovechó de los decretos de emergencia sanitaria para realizar compras fraudulentas.
Es decir, según los requerimientos, Lisandro Rosales, quien entre 2020 y 2022 fungió como comisionado especial de emergencia contra el Covid-19; Jesica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York; Gabriel Rubí Paredes, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), y otros cinco exempleados de esa institución, llevaron a cabo un rosario de arbitrariedades, aprovechándose del decreto de emergencia durante la pandemia para concretar el robo de 63,839,337.80 lempiras de las arcas del Estado.
“Según las investigaciones, estas personas se valieron de la emergencia para manipular el proceso de adquisición. Además, realizaron transferencias bancarias sin la debida documentación de soporte y omitieron la recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que debió ser rápido, riguroso y transparente”, dice parte del comunicado, en el que también se precisa que estas personas son señaladas por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Estos ventiladores pulmonares, que podrían ascender a 800 unidades según la Fiscalía, permanecen en los almacenes y bodegas de los principales hospitales del país, ya que algunos llegaron incompletos y otros inservibles. Estas compras se realizaron entre marzo y septiembre de 2020, tras decretarse un estado de excepción, cuando un grupo de exfuncionarios, por mandato de Hernández, decidió qué adquisiciones hacer para, supuestamente, proveer mejores condiciones de salud a los hospitalizados por Covid-19.
La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), realizó dos allanamientos la mañana de este lunes en distintos sectores de la capital, donde capturó a dos de los implicados en este caso de corrupción, quienes iniciaron sus respectivos procesos judiciales este mismo día.
De hecho, exfuncionarios de la administración anterior, como Lisandro Rosales, quien desde la mañana de este lunes se convirtió formalmente en prófugo de la justicia, se aprovecharon de la pandemia para cometer diversos actos de corrupción. Algunos perpetraron robos mediante la compra de mascarillas, mientras que otros lo hicieron con los famosos hospitales móviles.
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LISANDRO YA ESTABA SIENDO SUJETO DE INVESTIGACIÓN
De hecho, en 2021, el Ministerio Público solicitó a la Fiscalía Especial de Corrupción de Panamá información sobre cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito y chequeras asignadas entre enero de 2015 y diciembre de 2020 a nombre del excanciller Lisandro Rosales que tuvo en ese país, en el marco de una investigación por un posible caso de lavado de activos.
La solicitud abarcó ese período porque Rosales ocupó más de dos cargos en los gobiernos nacionalistas, incluyendo su función como titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y posteriormente como canciller hondureño.
Rosales, que según la investigación del MP supuestamente habría perpetrado este crimen en su rol de comisionado especial de emergencia contra el Covid-19, se suma a la lista de exfuncionarios nacionalistas que se mantienen prófugos de la justicia hondureña por delitos vinculados a la corrupción, como el expresidente del Partido Nacional David Chávez, la exsecretaria de Salud Alba Consuelo Flores y el exsecretario de la Presidencia Ebal Díaz, entre otros que aseguran estar en el “exilio” por persecución política
Sin embargo, la investigación se estancó, lo que pudo haberle otorgado ventaja para salir del país y huir de la justicia hondureña. Con el actual gobierno, no se beneficia de la impunidad que pudo haber tenido anteriormente con autoridades impuestas por el bipartidismo (Partido Nacional y Liberal), lo que lo expone a ser responsabilizado por actos de corrupción y otros delitos que podría haber cometido al acceder a millonarias cantidades de dinero del Estado.
Tanto él como su apoderada legal, Doris Madrid, desmintieron en 2022 las acusaciones, argumentando que eran estrategias para menoscabar su imagen. Además, se pusieron a la orden de la justicia. Sin embargo, tras el reciente requerimiento fiscal emitido por el Ministerio Público en su contra, Rosales se mantiene prófugo, siguiendo el ejemplo de otros exfuncionarios del narcogobierno de Hernández.
Según información de medios de comunicación, a Rosales se le vio por última vez en enero de 2022, abordando un vuelo en el aeropuerto Palmerola. Desde noviembre de 2023, no ha compartido ni publicado nada en sus redes sociales; la última vez que lo hizo fue el 1 de noviembre de 2023.
Para el analista político Raúl Pineda Alvarado, los exfuncionarios de los 12 años de gobiernos nacionalistas (cuatro de Porfirio “Pepe” Lobo, de 2010 a 2014, y ocho de Juan Orlando Hernández, de 2014 a 2022) que posiblemente hayan participado en actos de corrupción y han sido requeridos por el Ministerio Público deberían presentarse ante las autoridades para reafirmar sus posturas. Al continuar denunciando ser víctimas de persecución política, de alguna forma admiten su implicación en ilegalidades.
“Los exfuncionarios que no hayan cometido ninguna irregularidad y están siendo requeridos por las autoridades, ¿por qué no se presentan voluntariamente? ¿Cuál es la necesidad de mantener discursos de odio victimizándose? Que enfrenten la justicia y no la evadan, porque al hacerlo dan a entender que las actuales autoridades sí tienen información sobre su comisión en ilegalidades”, opinó Alvarado en pláticas con este medio de comunicación.
