Por: Redacción CRITERIO
Los primeros acusados son dos exfuncionarios que laboraron en la Secretaría de la Presidencia, encabezada por el extinto, Rafael Pineda Ponce.
Tegucigalpa.-Por supuestos actos de corrupción, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra dos exfuncionarios del gobierno de facto de Roberto Micheletti (28 de junio 2009-27 de enero de 2010)
Uno de los requerimientos fiscales se presentó contra la exgerente administrativa de la Secretaría en el Despacho Presidencial, Blanca María Chávez, quien ha sido acusada por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Según el Ministerio Público, Chávez habría adulterado cantidades de dinero en cheques y nombres de los beneficiarios, por un monto de 2.2 millones de lempiras.
El apoderado legal de la acusada, Jorge Valladares, apuntó que su defendida laboró en la dependencia estatal por un periodo de tres meses once días, entre octubre de 2009 al 2 de febrero de 2010.
Valladares alegó que la adulteración de cheques se produjo, pero posterior a la fecha en que fueron emitidos y que fueron adulterados tanto en los nombres de los beneficiarios como en las cantidades.
Los cheques fueron emitidos para ayudas y obras sociales a nombre de escuelas, jardines de niños o personas que solicitaron becas de estudio, detalló.
Agregó que el problema no consiste en las razones de la emisión de los cheques porque la Secretaría del Despacho Presidencial, tiene facultades para extender ayudas de tipo social, el problema dijo, es que los cheques fueron adulterados.
Precisó que algunas cantidades fueron magnificadas, para el caso algunos cheques que eran originalmente de 10 mil lempiras, fueron falseados por 110 mil lempiras.
El abogado abriga la esperanza que su defendida saldrá absuelta durante el juicio y con base a las pruebas que se van a evacuar.
Apuntó que no se puede probar que los 2.2 millones de lempiras del fraude, ingresaron a cuentas de su defendida y que los cheques fueron entregados después del periodo para el cual laboró en la Secretaría de la Presidencia.
Otro de los requeridos por los delitos de estafa y falsificación de documentos, es el ingeniero Luis Alonso Ramírez Vallecillo, contratado por el ministro de la Presidencia de aquel entonces, el extinto Rafael Pineda Ponce.
El apoderado legal, Walter Calidonio, explicó que la supuesta estafa es por 209 mil lempiras, dinero que le fue entregado a su defendido para que construyera dos aulas en una escuela de una comunidad del municipio de Danlí, El Paraíso.
Agregó que el profesional de la ingeniería no construyó la obra porque en aquel entonces había una crisis política en Honduras (golpe de Estado) y que no se podía viajar a la zona.
“En vista de eso, el Despacho Presidencial que presidía el señor Rafael Pineda Ponce, decidió hacer la obra en otro lugar y la escuela que fue favorecida, está ubicada en la colonia Honduras de Tegucigalpa, en el jardín de niños, José Rafael Ferrari”.
Calidonio aseguró que durante el juicio probará que en efecto su defendido recibió el dinero, pero que construyó las aulas.
A las dos acusaciones que trascendieron hoy, podrían sumarse otras en las próximas horas, según lo han advertido algunos funcionarios del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
