Actualmente, el ojo público está sobre la institución castrense. Aunque presumen que solo ellos pueden controlar los centros penales, los hechos violentos continúan ocurriendo de manera deliberada. De hecho, hasta directores penitenciarios han caído intentando hacer favores a organizaciones criminales
Tegucigalpa, Honduras-. La Policía Militar de Orden Público (PMOP) no asumirá ninguna responsabilidad ni pondrá a disposición de las autoridades correspondientes a los jerarcas que dirijan centros penales en los que se registren muertes de privados de libertad. Esto, según analistas consultados por Criterio.hn, representa una justificación ante los hechos violentos que se desencadenan y no pueden controlar.
El argumento expuesto por Ramiro Muñoz, jefe de la Policía Militar, es que ningún director puede estar en las celdas ni tener la certeza de que los privados de libertad, integrantes de la misma agrupación criminal, terminarán asesinándose. En pocas palabras, esto eximió de responsabilidad a las autoridades.
“Hoy, nosotros no pondremos a disposición a un director o subdirector porque díganme ustedes, ¿cómo hace un director para meterse a una celda junto con los privados de libertad? ¿Cómo hace un comandante si supone que está seguro en donde están ellos (privados de libertad) y se termina matando entre ellos mismos?”, justificó Muñoz.
Lo anterior lo oficializó el jerarca militar luego de haber revelado lo que en realidad pasó conErick David Mancias Rodríguez, alias “El Licenciado”, quien fue ultimado en el interior de una celda en la cárcel Ilama, Santa Bárbara, en el extremo occidental de Honduras, por compañeros de la misma organización criminal a la que pertenecía: la Mara Salvatrucha o MS-13.
Precisamente fue en el este caso que Muñoz mencionó que no pondría al director de ese centro penal, al director ni al comandante de turno a la orden de las autoridades correspondientes, porque ellos no tenían la noción de que “El Licenciado” iba a ser asesinado por sus propios compañeros de organización criminal.
El Poder Judicial declaró culpable a “El Licenciado” por ser uno de los perpetradores del asesinato de Said Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio “Pepe” Lobo, y de otras tres personas más, que apenas salían de un populoso edificio situado en el Bulevar Morazán de la urbe hondureña.
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¿JUSTIFICACIÓN PARA EVADIR RESPONSABILIDADES?
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, opinó que la acción del jerarca militar, además de intentar justificar la inacción por parte de las autoridades penitenciarias, también demuestra un tipo de respaldo para tratar de disminuir la responsabilidad que conlleva la muerte de un privado de libertad.
“Podemos interpretar que la manera en que se manifestó puede haber dejado la intención de querer resguardar o respaldar a los directores de estos centros porque pertenecen a la institución que él dirige. Sin embargo, lo que se espera es que el director de este centro penal se ponga a disposición de las autoridades para poder esclarecer este tipo de situaciones”, manifestó Castañeda en pláticas con este medio de comunicación.
Castañeda recordó que el director de cada centro penal juega un papel crucial en el engranaje penitenciario, ya que todo el personal debe rendirle cuentas. Si el director está siendo sobornado o manipulado por los criminales privados de libertad, sus subordinados también estarán en las mismas condiciones.
Además, precisó que es deber de los custodios penitenciarios es ponerse a disposición de las autoridades para fortalecer los procesos de investigación.
«El abordaje de los directores es importante para establecer qué aspectos ocurrieron durante el hecho, y así también se puede requerir a todos los oficiales de la Policía Militar que estaban de turno ese día. Ese es el objetivo de una investigación: abordar a la mayor cantidad de personas que al final pueden ser testigos o cómplices, tanto por acción como por omisión», precisó.
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MANEJO DE LA MANO MILITAR
La Policía Militar tomó el control de los centros penales desde julio de 2023, luego de la masacre en PNFAS (Fotografía: Horacio Lorca)
Actualmente, el ojo público está sobre la institución castrense. Aunque presumen que solo ellos pueden controlar los centros penales, los hechos violentos continúan ocurriendo de manera deliberada. De hecho, hasta directores penitenciarios han caído intentando hacer favores a organizaciones criminales.
Muestra de este argumento es que, desde julio de 2023 hasta la actualidad, se ha registrado la muerte violenta de unos 15 privados de libertad, que las autoridades militares no han logrado justificar. En la mayoría de los dictámenes indican que fue por suicidio, no por asesinato, como en el caso de «El Licenciado«.
De hecho, el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos (Conadeh) precisamente pidió ayer, a través de un comunicado, que se esclarezca la muerte de 90 privados de libertad, quienes presuntamente fueron encontrados sin vida en diferentes centros penales entre 2023 hasta la junio de 2024.
Además, el Conadeh estableció que solo durante 2024 han recibido más de 70 quejas por violaciones a los derechos humanos en las cárceles, perpetradas por elementos de la Policía Militar del Orden Público, quienes tienen el control del sistema penitenciario desde julio de 2023.
