A pesar de las afirmaciones de los jerarcas de la Policía Militar del Orden Público, quienes han estado a cargo de la intervención penitenciaria desde junio de 2023, analistas consultados por Criterio.hn sostienen que durante su gestión ha habido poca o nula rendición de cuentas sobre los procedimientos ejecutados y los hallazgos descubiertos mientras supervisan las cárceles
Tegucigalpa, Honduras.– A pesar de las afirmaciones del director de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Ramiro Fernando Muñoz, quien está a cargo de la intervención penitenciaria desde mediados de 2023, sobre la transformación de los centros penales dejando de ser “universidades criminales”, analistas consultados por Criterio.hn cuestionan la falta de transparencia en la rendición de cuentas sobre el manejo administrativo y operativo de la situación.
El coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Carlos Sierra, cuestionó que, aunque las acciones ejecutadas por la institución castrense tengan efectividad, estas no pueden ser evidenciadas por la poca rendición de cuentas.
“Aunque las autoridades militares continúen diciendo o discursando que los centros penales ya no son escuelas del crimen gracias a su intervención, la realidad que se está viviendo es distinta. Las acciones pueden ser respaldadas con el debido proceso de rendición de cuentas que, como institución, están obligadas a hacer”, mencionó Sierra mediante una llamada telefónica con Criterio.hn.
La opinión de Sierra fue respaldada por el analista en temas de Seguridad, Kenneth Madrid, quien agregó que la rendición de cuentas debería ser una arista principal en el manejo de los centros penales por parte del ejército, ya que eso sentaría un precedente sobre cómo manejar las diferentes situaciones o irregularidades que puedan surgir para los civiles que en el futuro tomen el control.
Pero si no están sentadas las bases y no rinden cuentas, ponen en tela de duda esta intervención militar (…) sobre todo, deben brindar informes de cómo se está evitando que las cárceles continúen siendo escuelas del crimen y cómo están reduciendo efectivamente los niveles de peligrosidad que se producen”, precisó el profesional del derecho.
Durante los casi nueve meses en los que los militares tienen el control operativo y administrativo de los centros penales, han sido pocas las ocasiones en que han rendido informes o han dado cuenta de sus acciones ante la sociedad hondureña.
El primero se llevó a cabo a principios de julio de 2023, cuando mostraron ante la sociedad hondureña el arsenal de armas y municiones, armas blancas, granadas, chalecos antibalas, teléfonos celulares y hasta muebles de hogar que tenían los privados de libertad ligados a estructuras criminales en el interior de sus celdas.
Después de eso, la información proporcionada fue principalmente a través de las redes sociales del Instituto Nacional Penitenciario (INP), donde prácticamente solo se establecían los horarios de las visitas conyugales y familiares durante los fines de semana. Además, solo informaban cuando surgía una irregularidad que se volvía mediática, como ocurrió hace unos días cuando una mujer ingresó supuesta droga oculta en un bebé.
SIN RENDICIÓN DE CUENTAS, PERO YA NO SON UNIVERSIDADES DEL CRIMEN
La reacción de los analistas se debe a las declaraciones del coronel Ramiro Muñoz, quien afirmó en una entrevista en un medio de comunicación que en los centros penales ya no están siendo gobernados por los privados de libertad como solía ocurrir antes de su intervención. En lugar de ello, mencionó que estaban bajo el control de una comisión policial encabezada por la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva.
“Si me preguntan a mí, de lo que sucedía en junio de 2023 en comparación con el presente, todo cambió, se le dio una vuelta de 180 grados. El control de los centros penales ahora lo tienen las autoridades; ya no son universidades del crimen, los centros penales ya no son el negocio de las maras y pandillas”, mencionó el coronel Ramiro Fernando Muñoz, jefe de la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
Muñoz hizo énfasis en junio de 2023 porque el 21 de ese mes se registró una masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en la que fueron asesinadas 46 privadas de libertad. Esa tragedia, en la que vinculan a uniformados de la Policía Nacional, se desarrolló mientras los centros penales eran dirigidos operativamente por una comisión encabezada por la doctora Villanueva.
“Ahora no se están cometiendo ilegalidades. Por ejemplo, algo que antes se daba con mucha normalidad que es el traslado de privados de libertad de un centro a otro, ahora vaya y busque quién de los directores va a recibir dinero por cambiar a un privado de libertad de un lugar a otro; lo que antes fue una costumbre, ahora nadie se atreve a hacerlo”, precisó Muñoz.
Aunque la violencia haya disminuido en el interior de los centros penales, aún se producen episodios. Esto quedó evidenciado en febrero de este año, en la cárcel ubicada en Támara, en Francisco Morazán, donde tres privados de libertad miembros de la pandilla Barrio 18 fueron encontrados sin vida en el interior de una celda. De hecho, debido a estas muertes, separaron al director de dicho centro penal para llevar a cabo una investigación.
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SÓLO MILITARES PUEDEN CONTROLAR EL GOBIERNO DE CRIMINALES EN LAS CÁRCELES
El jerarca militar, cuestionado por amenazar a uno de sus subordinados mientras se preparaban para ingresar a un centro penal, aseguró que solo los militares están capacitados para llevar el control de los centros penitenciarios del país, pese a que las organizaciones que exigen el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad establezcan lo contrario.
“A quien coloquen aquí (centros penales) hará un fracaso total porque la vida no es una historia contada, la vida son hechos. ¿Qué es lo que ha venido a hacer la Policía Militar? Ha venido a desarmar las universidades del crimen que han sido dirigidas por los privados de libertad criminales”, precisó Muñoz.
Aunque colocar a civiles en la dirección de los centros penales sería un fracaso, según Muñoz, el marco legal demanda que las cárceles no sean administradas por policías ni militares, algo que no se ha cumplido en la última década.
Durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, la institución castrense y, hoy, en la administración de Xiomara Castro, la institución castrense no solo está al frente de las cárceles, sino que también se les ha asignado encabezar funciones que contravienen lo que manda el artículo 272 de la Constitución de la República.
