Aunque el jerarca militar Ramiro Fernando Muñoz ha reiterado en varias ocasiones el lema de “puertas abiertas”, invitando a todos los interesados a atestiguar el trato que se les da a los privados de libertad, los hechos desmienten sus palabras. La institución que dirige ha impedido el acceso de Criterio.hn a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social.
Tegucigalpa, Honduras. – “Hoy más que nunca, los invito. ¿Cuántas veces hemos dicho: ‘¿Vamos, entremos a esas cárceles y veamos?’ Parece que a algunos no les interesa ver lo bueno. Estos lugares están cambiando”, son algunas de las declaraciones emitidas por el encargado de la intervención penitenciaria, coronel Ramiro Fernando Muñoz. Sin embargo, las acciones desmienten sus palabras.
Aunque el coronel Muñoz, jefe de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y director de la Comisión Interventora de los centros penitenciarios, ha manifestado en varias ocasiones que los medios de comunicación pueden ingresar a los recintos de reclusión, los hechos dicen lo contrario y este medio lo ha experimentado.
El 26 de junio de 2024, Criterio.hn, a través de su directora y cofundadora Emy Padilla, estableció el primer contacto con el portavoz de la Policía Militar del Orden Público, José Coello, para solicitar formalmente el permiso para que el equipo de prensa pudiera ingresar a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en Támara, a unos 10 kilómetros de Tegucigalpa, la capital hondureña.
Un día después, José Coello, con rango de capitán en la institución castrense, sugirió a través de mensajes por WhatsApp que se redactara una nota dirigida al presidente de la Comisión Interventora, Ramiro Fernando Muñoz. Posteriormente, indicó que se debía llevar el documento a las instalaciones de la Policía Militar, ubicado en el sector de Las Casitas, en la capital hondureña.
En respuesta a la sugerencia de Coello, se redactó un documento en el que se explicaba a Ramiro Muñoz los motivos por los que el equipo de Criterio.hn estaba interesado en ingresar al centro penal. Entre los objetivos se incluía, por ejemplo, conocer los procesos de formación de las privadas de libertad para su reinserción en la sociedad.
El 28 de junio, viernes para ser precisos, la nota fue llevada a la sede de la Policía Militar, pero no fue recibida por nadie. Por lo tanto, se contactó nuevamente a Coello, quien aconsejó que el documento fuera llevada a las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario (INP), ubicada en la colonia Santa Bárbara, también en la capital hondureña.
Sin embargo, aunque ese mismo día se intentó entregar la nota dirigida a Muñoz, no se logró porque las oficinas del INP estaban cerradas debido a que estaban “fumigando”, según informó uno de los guardias de seguridad del lugar. Al parecer, Coello no estaba al tanto de esta situación y, si lo estaba, no lo anticipó.
Finalmente, el lunes 1 de julio se realizó un nuevo intento para entregar el documento, firmado por la directora Emy Padilla. Esta vez, la nota fue recibido por el personal del INP.
A pesar de haber entregado la petición de manera física, siguiendo la sugerencia, Criterio.hn no recibió respuesta.
Luego de darle cumplimiento a la burocracia establecida, que sugiere una intención deliberada por boicotear el trabajo de este medio de comunicación, el 10 de julio se consultó al capitán Coello sobre el estado del proceso para permitir el ingreso al centro penal de mujeres, pero solo respondió: “Voy a averiguar“. Hasta la fecha, no ha vuelto a contestar mensajes ni llamadas.
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NI DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS PUEDEN INGRESAR
De hecho, esta dinámica también se ejerce sobre los defensores de derechos humanos de los privados de libertad. Rihanna Ferrera, directora de la organización Cozumel Trans, comentó que, desde que comenzó la intervención militar en las cárceles, se les ha impedido el ingreso en la mayoría de las ocasiones.
“Ellos solo dicen que permiten el ingreso para hacer veeduría como parte de su discurso. Desde que los militares tomaron el control de los centros penales, los defensores de los derechos humanos de los privados de libertad no hemos podido constatar lo que está pasando en el interior de los centros penitenciarios“, mencionó Ferrera.
Además, Rihanna Ferrera contó que los directores de los centros penitenciarios emplean un argumento adicional para restringir el acceso de los defensores de derechos humanos. Según lo expuesto, solicitan un oficio de autorización previamente emitido por el Instituto Nacional Penitenciario (INP), el cual, en la práctica, nunca es entregado.
Este requisito, asegura Ferrera, parece ser una estrategia para demostrar que los defensores no están cumpliendo con las demandas establecidas, en lugar de facilitar el acceso necesario para la supervisión de las condiciones en las cárceles.
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IMCUMPLIMIENTO Y POCA TRANSPARENCIA
Para Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), este antecedente, además de limitar la libertad de prensa, demuestra que las autoridades militares no respaldan con acciones lo que prometen.
“Es una evidente falta al cumplimiento de lo prometido por el jefe de la Policía Militar (Ramiro Muñoz). Después de hacer la debida petición se deben esperar unos días, pero que no respondan representa además una restricción al derecho a la información que tiene la ciudadanía”, valoró Acevedo.
Además de negar el ingreso a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, que hace más de un año fue escenario de la masacre en la que fueron asesinadas 46 privadas de libertad, la Policía Militar del Orden Público ha rendido pocos informes de cuentas durante su control del sistema penitenciario, lo que vendría siendo un sinónimo de poca transparencia.
Kenneth Madrid, analista en temas de seguridad, mencionó que la falta de transparencia se agrava cuando se continúan recibiendo incalculables denuncias de grupos de derechos humanos sobre la carencia de información adecuada para evaluar la situación dentro de las cárceles y las presuntas violaciones de derechos humanos hacia los privados de libertad.
“Si no se establecen las bases y no se rinden cuentas, se pone en duda esta intervención militar. Es esencial que den informes; que permitan el acceso a la prensa para poner en evidencia cómo están evitando que las cárceles se conviertan en escuelas del crimen y cómo están reduciendo efectivamente los niveles de peligrosidad que se producen”, opinó.
La dinámica de negar el ingreso ocurre en el contexto de que los privados de libertad condenados por delitos relacionados con el narcotráfico y otros crímenes, que están aislados en los centros penales de La Tolva, El Pozo y Támara, no están recibiendo ningún tipo de visitas. Esto forma parte de una estrategia implementada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
De hecho, según el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), con esta nueva medida se prevé un incremento en los casos de tortura y tratos crueles hacia los privados de libertad. Solo entre julio de 2023 y junio de 2024, se contabilizaron 193 incidencias perpetradas por parte de los militares.
Estos antecedentes refuerzan una vez más lo que las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos han establecido históricamente: las cárceles no deben ser administradas por militares, ya que estos no han sido, ni están siendo preparados para convivir con los privados de libertad y la población en general.
