Tegucigalpa.- Al menos 58 mil familias abandonan sus hogares en Honduras anualmente, a causa de la violencia que impera en el país, así lo dio a conocer el coordinador de Jóvenes Contra la Violencia, Esdras Suazo.
En el marco del mes de la familia, Suazo declaró que, es lamentable que las autoridades actuales no le presten atención a esta problemática cada día va en aumento.
Las cifras se basan en el último estudio de caracterización de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV), expuso que también la violencia doméstica va en aumento en las comunidades.
Suazo, le hizo un llamado urgente al Estado para que apliquen las herramientas legales como la Ley de Protección a Desplazados a fin de instruir a los afectados por este flagelo.
Por su parte, la directora regional de la fundación Heinrich Böll, Ingrid Wehr, en entrevista con Criterio.hn, dijo que, abandonar un hogar es una experiencia dramática para las familias hondureñas, esta problemática debería enfrentarse con políticas gubernamentales para evitar esta problemática.
Wehr manifestó que, todos los seres humanos tienen el derecho a una vida digna, sin embargo, este tema es sumamente preocupante porque se niega el derecho a la libertad y el derecho a la movilidad de las familias.
Expuso que, el gobierno debe garantizar la seguridad y el derecho a una vida digna a la gente que es desplazada forzadamente, “es una obligación del Estado y viene por todos los convenios que están suscritos, así que se requiere una política clara y el diálogo con los afectados”.
Suazo manifestó que, la mayoría de personas desplazadas son mujeres y niños, que viven amenazas por estructuras criminales y bandas organizadas que amenazan a los pobladores y los obligan a abandonen sus hogares.
Suazo informó que, en el gobierno anterior presentaron la solicitud para la aprobación de la Ley de Desplazamiento, sin embargo, no recibieron respuesta alguna.
Además, exigen protección a las familias y a los bienes de estas familias porque cuando la policía recupera estos vienes pasan a nombre de inmobiliarios y no a las familiares perjudicadas.
Honduras revive una ola de desplazamiento forzado, principalmente en Chamelecón y San Pedro Sula, en la zona norte del país, al menos en un mes se reciben seis denuncias por desplazamiento forzado.
Pese a que los barrios y colonias de Honduras continúan militarizados, los grupos criminales continúan obligando a la población a dejar sus hogares según manifestó el representante de Jóvenes Contra la Violencia.
Para la representante de sociedad civil Jessica Sánchez, manifestó que, en materia del desplazamiento forzado las mujeres de 21 y 48 de edad, son solo uno de los grupos que están viviendo desplazamiento forzado.
“Estamos ante una realidad, las mujeres se están desplazando con sus hijos, según investigaciones, el principal motivo por el que se desplazan es la violencia”, aseguró Sánchez,
Sánchez manifestó que, las mujeres temen perder la vida y que sus hijos e hijas sean reclutadas y posteriormente utilizadas para el crimen organizado.
Pese a los llamados constantes de diferentes organizaciones de Derechos Humanos al Estado para que focalicen su atención en las causas estructurales de los desplazamientos y la migración forzada en el país y darle las mejores condiciones de vida a sus habitantes, estos llamados no han tenido eco.
En el gobierno del expresidente y ahora extraditado a Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, Juan Orlando Hernández fue donde se dio el fenómeno de las caravanas de los migrantes, en sus últimos años de gobierno el desplazamiento forzado y la migración obligatoria aumentaron, el desplazamiento forzado es una realidad, en Honduras, que atenta contra la dignidad de la persona humana.
En Honduras actualmente no existe una ley para atender el desplazamiento forzado y el proyecto de Ley para la prevención, atención y protección para las personas desplazadas internamente, el 2019 la Comisión Interinstitucional para la Protección de las personas desplazadas por violencia (CIPPDV) entregó la ley, pero esta fue engavetada.
El pasado 12 de julio la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos, volvió a tocar el tema en sesión del congreso y presentó la formal iniciativa de Ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas.
El gremio periodístico no ha estado exento de este flagelo, según un informe del Conadeh al menos 15 periodistas y comunicadores sociales fueron víctimas del desplazamiento forzado en el año 2017 luego de ser objeto de amenazas a muerte, hostigamiento y otras acciones que pusieron en riesgo su integridad física, su vida y la vida de sus familiares.
Según las denuncias registradas por el Conadeh en esa fecha, los desplazamientos se debían en algunos casos al ejercicio periodístico sobre sucesos de violencia acaecidos en zonas dominadas por grupos criminales como maras, pandillas, bandas criminales o narcotraficantes, se traduce en peligro para los comunicadores.
En los últimos meses la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), ha instado a Honduras a legislar para proteger a desplazados por violencia.
El representante de Acnur en Honduras, Andrés Celis, manifestó que, “no es sostenible, si un sector es afectado por la violencia ante el silencio y la falta de respuesta del Estado y la ausencia de solidaridad de los ciudadanos”.
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Sánchez es de la opinión que, el Estado debe abordar de manera urgente el tema de los femicidios en el país y de esta manera empezar a tratar el flagelo que afecta principalmente a las mujeres.
Agregó que, las mujeres no tienen respuestas inmediatas hacia las mujeres, deben brindar un apoyo especial para mujeres, apoyo que se relacione con desplazamiento, violencia, empleo y salud, pero que este sea orientado principalmente a las mujeres. “Es por falta de todas estas cosas que muchas de las mujeres salen huyendo”, concluyó Sánchez.
El año pasado Honduras entró por primera vez a la clasificación anual realizada por el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) que lo situó en el quinto lugar de países con más desplazados en el mundo.
