El sistema de justicia de Honduras necesita de una intervención, coincidieron diputados y analistas consultados por Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- Las actuales condiciones del Estado hondureño obligan a depender de aspectos como la extradición y la instalación de un mecanismo anticorrupción para acceder a la justicia.
Los años 2023 y 2024 han sido claves, ya que se renovó a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Ministerio Público. Sin embargo, ambas elecciones se vieron ensombrecidas por las reparticiones partidarias alejadas del interés ciudadano y señalamientos de supuestas negociaciones de impunidad.
La elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema, el 16 de febrero de 2023, derivó en una repartición de cuotas de poder entre los tres partidos políticos mayoritarios: Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal.
Mientras que la elección de Johel Zelaya como fiscal general del Ministerio Público, el pasado 28 de febrero, se generó en medio de señalamientos por parte de algunos diputados opositores que apuntaron a una supuesta negociación de impunidad entre la cúpula del Partido Libre y figuras políticas del Partido Nacional.
Tanto la extradición como la instalación de un ente anticorrupción están estrechamente relacionados con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.
La Corte Suprema es la encargada de autorizar las extradiciones, mientras que el Ministerio Público colaborará con una eventual Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).
LA EXTRADICIÓN ESTÁ BIEN
A criterio del analista Kenneth Madrid, la extradición, tal como está planteada, funciona correctamente.
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«Aquí hay muchas personas que fueron llevadas en extradición y nunca se les había abierto un proceso en el país. Ahora hay voces disonantes que hablan de regular la extradición, lo que más bien vendría a entorpecerla; la extradición y sus reglas funcionan. Es simple, alguien que violó las leyes federales de Estados Unidos es requerido por ese país», expresó Madrid a Criterio.hn.
Tras una reforma a la Constitución de la República efectuada en 2012, se aprobó la extradición de hondureños para enfrentar la justicia extranjera si existe vinculación a negocios con el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.
Desde que se aprobó el auto acordado de extradición el 11 de febrero de 2013, han sido extraditadas 43 personas hacia Estados Unidos, entre ellas el expresidente Juan Orlando Hernández, quien el pasado 8 de marzo fue hallado culpable por tres cargos de narcotráfico.
El expresidente Juan Orlando Hernández fue sometido a un proceso de extradición y ahora espera sentencia tras ser hallado culpable de tres delitos de narcotráfico. Foto: Archivo/Criterio.hn
El 2 de marzo de 2023, el departamento de derecho penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) presentó ante el Congreso Nacional una propuesta de anteproyecto de la Ley de Extradición.
Para la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, quien se abstuvo en las votaciones de la CSJ y del Ministerio Público, la figura de la extradición actualmente es una de las únicas vías de acceso a la justicia con las que cuenta Honduras.
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«Estos mecanismos extraordinarios son lo que nos queda para apelar y creer; la extradición es lo más cercano a la justicia para los altos jerarcas de las organizaciones criminales. Jamás hubiésemos visto a un exdirector de la Policía Nacional, a diputados y a Juan Orlando Hernández tras las rejas por sus vínculos con la narcoactividad», dijo Mena a Criterio.hn.
CICIH ES NECESARIA
Según la diputada Fátima Mena, «quien se oponga a la extradición y a la llegada de la CICIH es porque tiene cola que le pisen».
Un mecanismo anticorrupción, como la eventual CICIH, vendría a reforzar al actual sistema de operación de justicia, coincidió Kenneth Madrid.
«La justicia hondureña ha venido menguando, porque desde los mismos gobiernos y el Congreso no existe una intención de dar independencia a quienes administran justicia. Se pide una CICIH para fortalecer nuestro sistema de justicia; de ninguna manera se puede creer que una CICIH suplantará nuestra institucionalidad», manifestó Madrid.
La CICIH, en caso de concretarse un acuerdo entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas, será un ente que combatirá la corrupción en el país y capacitará a los actuales operadores de justicia para desarrollar destrezas en la investigación del delito y la persecución penal.
Actualmente, el borrador del convenio de la CICIH está siendo negociado por el Gobierno y la ONU, y su aprobación deberá pasar por el Congreso Nacional, que deberá votar con 65 votos para aprobarlo. Sin embargo, podría conllevar a reformas constitucionales para lo cual se requiere del voto de la mayoría calificada de los diputados, es decir, 85 de 128 congresistas.
El pasado 17 de abril, la diputada del Partido Libre, Xiomara Zelaya, presentó el anteproyecto de la Ley Especial para la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), con la cual se pretende otorgar la facultad de querellante autónomo y facultades de acusador privado, lo que requiere una reforma constitucional.
A criterio de analistas consultados por este medio digital, esa normativa podría limitar la independencia y temporalidad del ente anticorrupción.
