Dentro de las recomendaciones hechas por el grupo de expertos de la ONU figuran las reformas al Código Penal en cuanto a las penas impuestas por delitos de corrupción
Tegucigalpa, Honduras.- Sin las reformas al Código Penal, será imposible que arribe al país una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH). En ese contexto, el Congreso Nacional está obligado a determinar cuáles son los artículos que deben ser modificados y, de esa forma, desalentar la impunidad.
Durante las tres visitas que realizó al país el grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2023, las reformas al Código Penal, específicamente en los delitos relacionados con perjuicio a la administración pública, figuraron dentro de las principales recomendaciones en materia legislativa.
El Código Penal, que está vigente desde el 25 de junio de 2020, solamente requiere 65 votos para ser reformado. El 7 de julio de 2022, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, nombró una comisión especial encargada de analizar la aprobación y las reformas al Código Penal.
La comisión tiene como objetivo presentar ante el pleno de diputados un informe detallado de la votación y aprobación del Código Penal, y también incluirá recomendaciones sobre reformas a esa normativa penal. Sin embargo, a casi dos años, los resultados de la comisión continúan pendientes.
A pesar de ello, la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, quien integra la comisión, dijo el 2 de mayo a Criterio.hn que las recomendaciones planteadas en el informe final serán presentadas durante las próximas semanas y que esperarán a que existan consensos con las demás bancadas para modificar el Código Penal.
¿QUÉ REFORMAS SE REQUIEREN?
A consideración del analista jurídico Kenneth Madrid, dentro de las reformas será necesario que se incluyan nuevos tipos penales y agravantes cuando los delitos son cometidos por funcionarios públicos o políticos.
En materia penal, un agravante es una circunstancia o factor que, al estar presente en la comisión de un delito, aumenta la gravedad del mismo y puede resultar en una pena más severa para el infractor, una situación que, de ser incorporada al Código Penal, disminuiría los niveles de impunidad en delitos cometidos por funcionarios públicos.
«Uno de los principales problemas del Código Penal es que existen mecanismos sustitutivos de pena para delitos como tráfico de influencias y violación de los deberes de los funcionarios», manifestó Madrid.
El 14 de agosto de 2017, mientras se discutían las reformas al Código Penal, el diputado del Partido Nacional, Agapito Rodríguez, presentó una moción destinada a que se redujeran las penas en delitos relacionados con perjuicio a la administración pública. La moción fue aprobada por diputados de los partidos Nacional y Liberal.
«Hay que recordar aquel día oscuro en el que, aunque ya se habían aprobado las penas para los delitos contra la administración pública, apareció un diputado suplente que, a través de una moción, pidió que se redujeran todas esas penas», explicó Madrid.
Por su lado, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) y miembro del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH, Carlos Umaña, coincidió en que será necesario llevar al debate legislativo las reformas al Código Penal y que idealmente debe realizarse antes de que termine la actual legislatura.
«Cómo va usted a imponer las penas del ‘código de la impunidad’ a los corruptos si prácticamente nadie va a la cárcel. La mayoría de esas penas son conmutables y se necesitan endurecer», declaró Umaña en entrevista con Criterio.hn.
¿POR QUÉ ES TAN NOCIVO EL CÓDIGO PENAL?
El vigente Código Penal, que sustituyó al que había sido aprobado en 1983, contempla penas raquíticas para delitos relacionados con corrupción como malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, tráfico de influencias, fraude, cohecho y enriquecimiento ilícito.
En el marco del Código Penal de 1983, el delito de malversación de caudales públicos conllevaba penas de 2 a 12 años de prisión, además de una inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de reclusión. Sin embargo, bajo las nuevas disposiciones, las penas para este delito se redujeron, oscilando ahora entre 4 y 6 años de prisión.
Por otro lado, el abuso de autoridad y la violación de los deberes de los funcionarios, castigados anteriormente con penas de tres a seis años de prisión y una inhabilitación especial, ahora enfrentan una modificación sustancial. En el nuevo Código Penal, ya no se contempla la pena de cárcel para este delito, siendo reemplazada por una inhabilitación especial de tres a 6 años.
El fraude, que antes conllevaba penas de 6 a 9 años de prisión junto con una inhabilitación absoluta, también ha experimentado cambios. Ahora, las penas para este delito van de 5 a 7 años de prisión, con la posibilidad de una multa equivalente al valor defraudado, además de una inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión.
En cuanto al cohecho, delito que implicaba penas de cinco a siete años de cárcel junto con una inhabilitación absoluta, se mantiene la misma pena de prisión bajo las nuevas disposiciones del Código Penal.
OTROS ASUNTOS PENDIENTES
Además del Código Penal, el grupo de expertos planteó la derogación del decreto 117-2019, la reforma del decreto 4-2022, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, y las derogaciones de los decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021.
De ellos, el Congreso Nacional solamente ha cumplido con la derogación de los últimos tres decretos mencionados, que impedían la labor acusadora del Ministerio Público y reformaban la figura de lavado de activos.
El borrador del convenio de la CICIH está siendo negociado entre el Gobierno y la ONU. Para su aprobación, se necesitaría el respaldo de al menos 65 votos en el Congreso Nacional, pudiendo también requerir reformas constitucionales que necesitarían el apoyo de 86 de los 128 congresistas.
Una de estas reformas fue presentada el pasado 17 de abril por la diputada del Partido Libre, Xiomara Zelaya. Esta reforma contiene el anteproyecto de la Ley Especial para la CICIH, la cual busca otorgar a la comisión facultades adicionales, como la capacidad de actuar como querellante autónomo y acusador privado.
Según analistas consultados por Criterio.hn, esta medida requeriría una reforma constitucional y podría prolongar el proceso de instalación del mecanismo por aproximadamente dos años.
