Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Por mayoría de votos el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó este jueves que los miembros del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial podrán defenderse en libertad.
La medida surge luego que el pleno de magistrados admitiera un recurso con suspensión del acto reclamado interpuesto por las defensas técnicas de los imputados para que se modificara la prisión preventiva.
Pleno de Magistrados de #CSJ por mayoría de votos se pronuncia a favor de suspender el acto reclamado (la prisión preventiva) en el Recurso de Amparo interpuesto por las defensas técnicas de los exmiembros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. pic.twitter.com/8zNgbEfwm2
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) September 13, 2018
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El pasado 8 de agosto el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés y los miembros del Consejo de la Judicatura fueron trasladados a las bartolinas del primer batallón de infantería en la ciudad de Tegucigalpa, luego que la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción declarara “sin lugar” el recurso de reposición a su favor y determinara la medida de prisión preventiva mientras se desarrollaba la audiencia preliminar.
El pleno del Consejo de la Judicatura es investigado por múltiples irregularidades como el despilfarro de fondos, especialmente en solicitud y asignación de viáticos.
La investigación se circunscribe al período comprendido entre el 1 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2014. Los imputados son: el expresidente del Consejo de la Judicatura y extitular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés.
Delitos
A Rivera Avilés, se le supone responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 delitos de malversación de caudales públicos.
A Teodoro Bonilla, quien era el exvicepresidente del extinto Consejo de la Judicatura, es acusado por 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 delitos de abuso de autoridad, aunque guarda prisión guarda prisión por otro caso de tráfico de influencias en el escándalo conocido como “Shalom”.
A los exconcejales propietarios, Julio Barahona se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos. A su vez, a José Francisco Quiroz se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.
Mientras a los suplentes de la entidad, Liliam Maldonado se le considera responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y a Celino Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos privados falsos.
