Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
México.- El país azteca abrió la puerta a la extradición a EE.UU. del capo Joaquín «el Chapo» Guzmán en caso de que la búsqueda con ayuda internacional emprendida por las autoridades dé frutos, una posibilidad que hasta hace poco era rechazada por el Gobierno.
Aunque México y Estados Unidos han dado versiones encontradas sobre la fecha en que EE.UU. presentó al país latinoamericano la solicitud de extradición del líder del cártel de Sinaloa, lo cierto es que la posición del Gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado un giro radical.
Muestra de ello es la orden de aprehensión con fines de extradición emitida esta semana por un juez mexicano contra «el Chapo» a petición de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) en respuesta a una solicitud de Washington.
Según la DEA (oficina antidrogas estadounidense), que acaba de incluir al capo en la lista de fugitivos más buscados y ofrecer 5 millones de dólares por información que lleve a su captura, Guzmán se enfrenta a decenas de cargos por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos en Arizona, Texas, California y Nueva York.
El subprocurador Jurídico de la PGR, José Alberto Rodríguez, dijo hoy a Milenio Televisión que la petición de extradición del «Chapo» llegó la segunda quincena de enero pasado, pero la fiscalía la rechazó «porque faltaban algunos requisitos legales por cumplirse» y la devolvió a EE.UU. por conducto de la Cancillería.
A finales de enero pasado, el entonces fiscal general mexicano, Jesús Murillo, declaraba que Guzmán tendría que «cumplir su condena en México» antes de ser extraditado a EE.UU., lo que podría producirse «unos 300 o 400 años después».
En esos días estaba por llegar la petición formal de extradición de EE.UU., según el fiscal, que afirmó entonces que ese proceso solo era apropiado cuando hubiera motivos de seguridad o riesgo de fuga, algo que -dijo- no existía.
Seis meses después, la fuga dejó en evidencia no solo a Murillo, que salió de la fiscalía en febrero arrastrado por la crisis generada por la desaparición de 43 jóvenes estudiantes en el estado sureño de Guerrero, sino al propio Peña Nieto, quien en 2014 llegó a asegurar que un segundo escape de Guzmán sería «imperdonable».
Rodríguez dijo este viernes que el 25 de junio, unos 15 días antes de que «el Chapo» escapara por un túnel de 1,5 kilómetros, EE.UU. presentó nuevamente la solicitud de extradición, que esta vez llegó «perfectamente bien integrada, completa en la documentación».
Por ello, tras «verificar la procedencia jurídica» del trámite, el miércoles pasado la fiscalía pidió a un juez la orden de captura con fines de extradición, la cual fue concedida el mismo día, aunque de ella se informó un día después.
El funcionario aclaró que el plazo legal para hacer el análisis de la solicitud de extradición es de 30 días hábiles y la PGR lo hizo en 24.
«Totalmente imposible» realizar el proceso antes de que se produjera la fuga, apuntó con el argumento de que de haberse acelerado los tiempos estarían «violando tratados internacionales» y los derechos procesales del narcotraficante.
Un portavoz del Departamento de Justicia de EE.UU. dijo a Efe recientemente que «el Chapo» fue puesto bajo la lupa de la DEA gracias a una petición de extradición que el Gobierno de Barack Obama presentó a México en febrero de 2014, cuando el capo fue apresado.
Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal anunció hoy que el mismo día en que se emitió la orden de aprehensión con fines de extradición, los abogados de Guzmán solicitaron un amparo para dejarla sin efecto.
La juez Patricia Marcela Díez aceptó el trámite, algo que casi siempre ocurre, y suspendió de manera provisional una eventual extradición si el capo es capturado nuevamente.
El próximo 26 de agosto deberá decidir si otorga una suspensión definitiva de la orden de extradición mientras se lleva a cabo el juicio de amparo.
Según Rodríguez, la extradición de un narcotraficante en prisión puede tardar en resolverse «entre 11 y 12 meses» y «después es facultad del Gobierno si la persona se va al país requiriente o se queda en México».
Una fuente del Gobierno federal que pidió el anonimato estimó probable que «el Chapo» supiera de la existencia de la solicitud de extradición y ello precipitara su fuga, aunque la decisión de su escape ya estaba tomada desde muchos meses antes con la compra del terreno desde donde se construyó el túnel hasta la celda.
Algunos analistas atribuyen el rechazo inicial a la extradición del capo a una estrategia del Gobierno mexicano para demostrar su eficacia en la lucha contra las drogas, aunque también a un temor sobre la información que el capo pudiera entregar a EE.UU.
Tras el escándalo generado por la fuga, al Gobierno parece no quedarle otra opción que enviar a EE.UU. al narcotraficante si lo captura, una misión que no parece sencilla, pues tras su primera huida en 2001 de otro penal.(EFE)
