Por: Redacción CRITERIO.HN
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Portada: Heidy Domínguez
La violencia intrafamiliar está al alza en Honduras y al mes de agosto se reportan más de 65 mil denuncias, de las cuales, menos del cinco por ciento son atendidas por las autoridades, denunció Merlin Eguiguren, integrante del movimiento Visitación Padilla.
“Este es un tema que se ha desbordado a nivel de la respuesta que el Estado debería dar porque hasta el momento es la minoría; ni el cinco por ciento de estas peticiones de auxilio han tenido una respuesta y un proceso en los tribunales”, declaró Eguiguren. La feminista también afirmó que la violencia intrafamiliar es una pandemia que sufren las mujeres y que, pese a las denuncias, estas no reciben respuesta. En cambio, las autoridades reducen las penas por violencia intrafamiliar, violación y femicidios, como ocurrió con la aprobación del nuevo Código Penal.
La entrada en vigencia de las medidas de restricción de movimiento, revelaron la difícil situación que vive la mujer hondureña. Tanto así que entre enero y el 1 de junio de este año se reportaron más de 113 muertes violentas de féminas, según datos del Observatorio de Violencias contra las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
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De acuerdo con las cifras del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), en su informe sobre Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios, en 2019 ocurrieron 406 muertes violentas de mujeres y femicidios. El reporte señala que cada veintiún horas con 16 segundos una mujer fue asesinada, y que el 19.7 por cientos de estos crímenes ocurrieron entre las 6:00 P.M. y las 8:59 P.M. Las edades del 37.4% de las víctimas rondaban entre los 15 a 29 años de edad.
El boletín da cuenta que el 32% de estos crímenes ocurrieron durante el fin de semana; mientras que el 16% fueron reportados un viernes y que diciembre fue el mes con el mayor número de incidencias con casos.
La violencia doméstica e intrafamiliar, es el primer eslabón en una cadena de sucesos que finalizan en un femicidio; de ahí la importancia que las autoridades ataquen de manera frontal esta problemática y protejan la vida humana.
Eguiguren señaló “este es un problema que amerita medidas urgentes, políticas públicas orientadas a prevenir, a castigar y a erradicar (la violencia intrafamiliar) pero a lo que estamos enfrentadas es a diputados ciegos y torpes que en vez de sancionar más duramente la violencia contra la mujer rebajan las penas. Estamos frente a un país que tolera, permite y por lo tanto las autoridades son cómplices de problemas tan graves como estos”.
La feminista prevé que “las cifras van a superar las cien mil llamadas y es una vergüenza y es una lástima y un dolor que nuestras compatriotas pidan auxilio a las autoridades de este país y no encuentren respuesta en quienes están obligados a atenderlas”. Además, lamentó que las autoridades crean que se trate de un favor: “A veces los funcionarios creen que nos hacen un favor cuando nosotras les llamamos para pedir apoyo por un delito en determinado caso, creen que nos hacen un favor y no es un favor, es una obligación desde el momento en que son funcionarios públicos”.
Esta violencia sistemática y estructural contra la mujer se ve reflejada en su acceso a la participación política y su representación en cargos de elección popular. A tal grado que pese a existir herramientas legales, como el Reglamento de Aplicación del Principio de Paridad y del Mecanismo de Alternancia en la Participación Política de Mujeres y Hombres en los Procesos Electorales, es desde el interior de los mismos partidos políticos donde se restringe el acceso de las mujeres a cargos de elección popular.
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