Por: Alex Navas
(Profesor Universitario de Ciencias Políticas y Derechos Humanos-UNAH)
La firma del Memorándum de Entendimiento para la instalación de un nueva Misión Anticorrupción entre el Gobierno de Honduras y la Oficina del secretario general de Naciones Unidas (ONU), abre el abanico de oportunidades que necesita la sociedad hondureña para consolidar una democracia endeble y reducir ostensiblemente los índices de impunidad en el país. Después de la MACCIH, este será el segundo intento del Estado hondureño en traer a terreno una Misión Internacional para combatir redes de corrupción e investigar casos de alto impacto, en apoyo al Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y otros organismos contralores del Estado.
La MACCIH, en conjunto con la desaparecida Unidad Fiscal Especial para el Combate de la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) presentó en los tribunales de Justicia, 14 líneas de investigación, cambiando el paradigma de persecución penal en el país, judicializando liderazgos visibles de partidos políticos, sociedad civil y sector empresarial. Esto puso en alerta las élites que manejan el poder en Honduras, que vieron bajo amenazas sus intereses y cerraron filas para no renovar el convenio de la misión, con una votación masiva del bipartidismo en el Congreso Nacional (Partido Nacional y Partido Liberal), en alianza con el Poder Ejecutivo y Poder Judicial de ese entonces (2018-2022)
Es por esta y otras razones, que la instalación de una nueva Comisión contra la Corrupción debe estar blindada ante los ejercicios desbocados del poder, atando al Levitan de Hobbes y crear mecanismos que puedan reforzar su independencia y autonomía. Un punto a favor en este contexto, está centrado en la voluntad de la Administración Castro en brindar todas las herramientas al nuevo organismo, para que pueda desarrollar su labor con total autonomía y eficacia, generando las reformas legales dependientes del Poder Ejecutivo, que agilicen su instalación y funcionamiento.
Si bien es cierto, el memorándum de entendimiento hace hincapié en las reformas institucionales en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, es de recalcar que la CICIH no comenzará de cero, ya que existe una estructura construida por la MACCIH, como UFERCO (antes UFECIC) y los Tribunales del Circuito Anticorrupción, que deberán reforzar sus capacidades en torno al abordaje de las nuevas tendencias de criminalidad organizada, redes transnacionales de corrupción y mecanismos efectivos de prevención.
En relación a los funcionarios que integren este nuevo mecanismo (CICIH), estos deberán pasar por un proceso riguroso de selección, creando la certidumbre necesaria en la población de que las personas que integraran el equipo ejecutivo y técnico serán los perfiles con el más alto nivel profesional y académico, con trayectorias en la lucha por la justicia en sus respectivos países o en el ámbito nacional. Juan Jiménez Mayor, como otros funcionarios de la MACCIH, dejaron el listón bastante alto en lo que respecta a independencia, autonomía y liderazgo para enfrentar redes de corrupción enraizadas en la administración pública y ese debería ser el parámetro adecuado para integrar una comisión de este calado.
Al Congreso Nacional, le tocara una tarea bastante ardua, relativas a las reformas constitucionales, como la inclusión de la figura “querellante adhesivo”, el Código Penal, especialmente en el Capítulo relativo a la baja de penas en delitos contra la Administración Pública, la derogación a la reforma de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, la derogación del Decreto 116-2019 (Ley especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales) y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.
Simultáneamente, el Poder Legislativo, debe promover mecanismos transparentes para la selección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y los titulares del Ministerio Público, dos elecciones de segundo grado en 2023 que serán cruciales, no solo para la instalación de la CICIH, sino también, para la propia supervivencia del Estado de derecho en Honduras. Estas dos instituciones son vitales para la democracia del país, que tendrá como imperativo blindar a los operadores que imparten y tutelan el derecho de acceso a la justicia de las influencias clientelares y los recursos ilimitados de la criminalidad organizada. Esto solo puede lograrse con mecanismos de elección participativos, incluyentes y éticos, con una vigilancia permanente de la sociedad civil, avanzando hacia un cambio sustancial de la cultura democrática de la sociedad.
El financiamiento de la CICIH deberá ser cubierto en su totalidad por la Cooperación Internacional, sin dejar de un lado el apoyo logístico que el Gobierno de Honduras debe brindar en la seguridad y logística de la Comisión. El financiamiento externo también puede generar varias dudas, ya que el que pone el dinero, también puede poner ciertas reglas del juego y manipular de cierta forma el accionar de la Comisión. No cabe la menor duda, que la Embajada de los Estados Unidos, juega un rol protagónico en el ajedrez político nacional y esta línea de atribuciones y competencias, debe quedar bien marcada en la confección del Convenio.
Estos elementos antes descritos son esenciales para elaborar el Convenio que le dará vida a la CICIH, que, luego tendrá que pasar por el tamiz del Congreso Nacional para ser aprobado y luego al Ejecutivo para su ratificación. Este es un proceso que tendrá que estar impregnado de consensos de todos los sectores de la hondureñidad, debiendo aceptar la sociedad hondureña que la edificación una agenda anticorrupción conjunta, es la mejor herramienta para transformar positivamente la sociedad, que reconstruya el tejido social y el aparato productivo del país.
A la CICIH habrá que darle tiempo para su instalación, la confección de su estructura orgánica, contratación de personal, las reformas que necesitan ratificación constitucional, fuentes de financiamiento y la creación de alianzas estratégicas con la institucionalidad hondureña, es un proceso a corto y mediano plazo, que deberá contener espacios, estrategias y rutas trabajo, que deberán ser definidos en el convenio, con obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes.
Sin duda alguna, concretizar el memorándum de entendimiento con la Organización de Naciones Unidas es un logro sustantivo para la administración Castro Sarmiento y para el mismo pueblo hondureño, que abre las puertas para una nueva era en el combate a la corrupción y la impunidad en el país, persiguiendo el delito de alto impacto y creando condiciones de prevención, que consoliden la institucionalidad.
Sin embargo, el principal desafío de la CICIH será desarticular las redes de corrupción y criminalidad organizada que subsisten en el país, que históricamente han permeado los diferentes espacios políticos, sociales, empresariales y religiosos, y se resisten violentamente a cambiar el “status quo”, que por un lado, ha generado ganancias cuantiosas a pequeñas elites subterráneas a costa del drenaje de fondos públicos y por otro lado, han erosionado la estabilidad democrática, los derechos humanos y las condiciones de vida de los hondureños. Hemos cruzado el “Rubicón”.
