Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
al sampedrano Víctor, Lucky, el pollo y las Comisiones
El Blanco no es el único río muerto, el mismo Chamelecón agoniza y San Pedro Sula no es la única afectada por las concesiones de recursos vecinales, que proliferaron a inicios del milenio, que se degradaron en una arrebatiña de la mafia, y se otorgaron masivamente, luego de 2010.[1] Han sido afectadas más de 72% de las municipalidades por estas concesiones a favor de pocos, poderosos beneficiados, provocando una catástrofe ambiental. Como consecuencia, centenas de operaciones mineras ya han enterrado a los ríos, afectado a los bordos, provocado serios daños a sus vecindarios, en que viven decenas de miles de personas, y especialmente en el Valle de Sula, amenazan causar males mayores, al llegar las lluvias, en un par de semanas.
El avance del extractivismo salvaje no se ha podido frenar ahora tampoco, aunque se lo propuso el Plan Bicentenario del gobierno nuevo. El Ministerio del Ambiente anunció, hace varias semanas, un fin a la minería a cielo abierto, pero tuvo que retroceder. Porque las concesiones se amparan en leyes pirujas y contratos locales, los funcionarios no terminan de dominar el tema, y los beneficiarios coludidos con autoridades amenazan a quienes se oponen. (R. lleva pistola). Para detener el daño, se necesitará que el parlamento derogue la legislación que facilita el extractivismo, y para que el Congreso actúe, se ocupa más conciencia, opinión pública beligerante y acción comunitaria valiente. En lugares más modestos, con menos población y nivel escolar, los ríos han tenido defensores, dispuestos incluso a morir por ellos. (El caso célebre de los lencas, encabezados por la mártir Berta Cáceres, en defensa del Río Gualcarque.) En San Pedro y Tegucigalpa, ha sido más bien débil la conciencia ambiental, no la tienen los gobiernos locales, la mayoría de los ciudadanos no valora el patrimonio natural, ni termina de entender las amenazas y hay más miedo al capo y apatía… que disposición a la lucha.
Dos grandes acuíferos (El de Chotepe y el de Suncery) también se forman y surten en las entrañas del Merendón. De cuatro ríos (con Rio Piedras, Rio Santa Ana y Rio Bermejo) que bajaban límpidos de esa montaña y cruzaban el paisaje originario de San Pedro, el Río Blanco fue, hasta hace unas décadas, el afortunado, el único protegido por las ordenanzas municipales. (Los otros se habían degradado hace ya cuarenta años en virtuales cloacas de la ciudad, que hoy rebasa el millón de habitantes, ¡pero no tiene tratamiento de aguas servidas!). No sé a quien debemos esa sabia medida, pero teóricamente, está prohibido verter en él Rio Blanco desechos contaminantes. Por esa protección, hasta hace unos veinte años, el Río conservaba la última abundante flora y fauna, particulares de ese nicho ambiental: aves exóticas, garzas blancas, grises, rosadas, tortugas y su curso servía para pescar y abrevar a varias comunidades y heredades, fincas y asentamientos. Las tierras hoy comprendidas en la concesión del Estado (INGEOMIN) para explotar la arena del Río Blanco eran heredades de varios vecinos. Todo eso se ha perdido ahora. Aquí, la crónica de este ecocidio anunciado.
En Septiembre de 1974, por causa de la precipitación extraordinaria del Huracán Fifí (40 pulgadas en 24 horas) la creciente de estos ríos inundó completamente Jardines del Valle, los barrios nuevos, amenazó a la aldea vieja de Río Blanco y a la Colonia El Roble, «entapió» todas las propiedades rurales con metro y medio de arena, y al final, alteró la hidráulica, que mudó el cauce impulsándolo hacia la Laguna de El Carmen. Para protegerse a futuro, luego de esa catástrofe, bajo R. Larios Silva, la Municipalidad emprendió la construcción de los bordos.
El diseño del bordo del Blanco intentó restaurar el cauce antiguo del Rio, entonces menos peligroso, hacia Jucutuma, sin lograrlo. Cuando se terminó de construir el bordo, el área de la playa seguía catalogada como rural. Entonces las tierras adyacentes al lecho nuevo del río, por ley, se convertían en propiedad pública. Y al quedar comprendidos en el cauce nuevo, los propietarios se vieron obligados a cederlos al Municipio. Más aún, cuando se cambió el estatuto del terreno, de rural a urbano en 1995, y se exigió pagar sobre ellos, un impuesto al valor urbano, aun y cuando no se podrían urbanizar nunca.[2] A cambio, el bordo protegió efectivamente lo demás, mucho del área antes amenazada, la cual fue urbanizada, por ejemplo, en La Fuente, Villas Salamanca y Villas El Paraíso, Villa Mallorca, etc.
Por muchos años después, la municipalidad otorgaba, en lo que fuera su patrimonio propio, permisos autorizados por DEFOMIN para extraer arena de la playa, en áreas circunscritas de sus ríos.[3] En el segundo gobierno de Roberto Larios Silva, se nos otorgó un permiso anual para minar la arena superficial, en unos 250 metros longitudinales del cauce de Río Blanco, alejados del bordo y del puente, conservando el paisaje.[4] Le quedaban al cauce Río-arriba cuatro kilómetros libres de explotación al Este hasta el pie del Merendón y otros tres kilómetros, al Norte hasta la Laguna del Carmen Río-abajo. Construimos un acceso y obtuvimos el contrato del Municipio a cambio de un canon, que se pagó hasta que se suspendió el permiso municipal, en 2002 a inicios del gobierno de Ricardo Maduro y Oscar Kilgore. Por un cambio de la ley, que entonces obligó a buscar la concesión en Tegucigalpa
DEFOMIN se convirtió entonces en un Instituto descentralizado, INGEOMIN y proverbialmente se corrompió su accionar con las presiones de la mafia, la arrebatiña de las concesiones mineras y la manipulación burocrática. Se hizo trampa en el registro de solicitudes y perdimos la concesión a favor de personas que, para ello, hicieron –digamos- mejores relaciones con la autoridad y consiguieron áreas ampliadas por más tiempo. La Administración de M. Zelaya puso coto a y límites al concesionamiento. Pero luego del 28 de junio de 2009, el Congreso golpista desbloqueó y facilitó la aprobación de centenares de solicitudes. Por entonces obtuvo la concesión para explotar el Rio Blanco el Señor Ronny Conteras, de generales desconocidas. Aun si no se estudió el tracto sucesivo de la propiedad, y no se nos pidió anuencia a los vecinos afectados, como dice la ley que hay que hacer. Aun así, la concesión respetó un límite, y el contrato estipulaba que el concesionario podría explotar el lecho del río y sus márgenes, a lo largo de unos 500 metros, desde el Puente sobre el 2º anillo hasta 100 metros de distancia de nuestras instalaciones. Mientras que, al Oeste, se habría otorgado otra concesión a Roberto Córdova P. para explotar la arena del Río, desde el linde original entre nuestras propiedades hasta la Laguna de El Carmen.
Solo quedaban ya, entre esas dos concesiones, frente a nuestra finca, casi como con pena, unos 500 metros del cauce libres de explotación con máquinas y del tránsito de las volquetas. En más de una ocasión, la supervisión municipal exigió corregir el desorden con que permanentemente se excavaban los márgenes, las playas y el cauce del Río. Pero la supervisión era intermitente.
Pese a las quejas presentadas en DIMA de los vecinos de Residencial Campisa por las alteraciones ambientales resultantes, se le otorgó esa concesión nuevamente a Ronny Contreras por parte del INGEOMIN bajo el gobierno de Porfirio Lobo y Armando Calidonio, en 2012 ¡por diez años! Respetando siempre el límite de 100 metros con respecto a nuestras instalaciones. Con ese límite, se continuaba protegiendo la margen del Río contigua del bordo, que protegía las áreas nuevamente urbanizadas, ya entonces La Fuente, etc., la aldea y los asentamientos nuevos. Eso permitía que, dentro de lo que fuera nuestra propiedad, el Río corría libremente, sin excavaciones, y alguna poca parte de fauna y la flora podían guarecerse, como en una zona de refugio. (Nosotros aprovechábamos ese trecho para riegos y para abrevar nuestro ganado.) Aún así, La Residencial La Fuente se inundó con las crecientes del Huracán Gerth, sospechándose que fue por la excavación del cauce.
Desde 2020 además, al tiempo que autorizaba la depredación de la Cumbre del Merendón para desarrollar Ciudad Jaragua, la Administración Municipal de A. Calidonio levantó la prohibición de construir, y pavimentar el suelo al pie del monte, junto al descenso del Rio Blanco, debajo de la comunidad de Armenta, una prohibición antigua que respondía a la necesidad de proteger al Rio y asimismo la filtración del escurrimiento –con que se recarga el Manto Acuífero de Suncery- el cual justamente ocurre ahí, en los arenales al pie de la montaña. Los nuevos permisos afectaron cruda y doblemente ambos caudales, disminuyéndolos y contaminándolos. Se destruyeron, asimismo -en las invasiones- las cunetas y los drenajes, que debían encausar las crecientes del Rio.
En múltiples sitios del Valle, las lluvias provocadas posteriormente por los últimos huracanes y las más recientes tormentas tropicales ETA y IOTA rompieron los diques afectados por las explotaciones, provocando inundaciones, daños y perjuicios. Hubo muertos compadre, muchos perdieron sus hogares y enseres, varios vecinos perdieron sus haciendas. Alarmado, el Ministerio del Medio Ambiente suspendió en 2021 el otorgamiento de concesiones para explotar los ríos en El Valle de Sula. E instruyó a INGEOMIN para que, a fin de prevenir más desastres, se abstuviera de ampliar las concesiones vigentes. Pero, a fines de enero del 2022, ¡horas antes de la transición, se protocolizó en ese Instituto una nueva concesión ampliada al Sr. Ronny Contreras, para la explotación de Rio Blanco por otros diez años! ¡Quitando todo límite o reserva!
Mientras tanto, desde inicios de la pandemia, al tiempo que al Oeste del Segundo Anillo, se establecían Rio arriba ventas informales de arena, lavaderos de carros y se poblaba incluso el cauce del río, los pobladores del vecindario invadieron y por tercera vez y poblaron el bordo de Río Blanco, al Este del 2º Anillo, dentro del Manto Acuífero, con el agravante de que ahora excavaron la estructura para construir viviendas a ambos lados del bordo, dejando solo un carril de paso, aunque esta planificado construir ahí una pista desde El Carmen. Y ¡contaminando el agua que ellos mismos usan, puesto que no la tienen potable, ni hay salida legal de aguas negras!
Para evaluar el daño y verificar los términos de esta denuncia y situación escandalosa, el DIMA tendría que corroborar estos datos y el plano de la concesión nuevamente otorgada, sobre el campo, Amojonarla, para exigir que se respete un nuevo alineamiento del cauce del Río, si se puede. Reparando en sus causales de nulidad, se tendría que intervenir Ingeomin, para investigar las circunstancias en las que, horas antes del cambio de gobierno -y de espaldas a sus instrucciones de no ampliar concesiones, ni renovarlas– ese instituto formalizó la ampliación de esta grotesca concesión ¡por 10 años! De tal manera que se minará todo el Rio, amenazando incluso al bordo, que aun parcialmente protege el vecindario, ya hoy densamente poblado, de la aldea, cinco residenciales y la multitud de invasiones en el contorno, producto de la principal carencia de la ciudad, que es vivienda popular.
Por lo pronto, en vista de las nuevas invasiones sobre el propio bordo inconcluso, junto al 2º Anillo, y las concesiones estatales sin límite, al Río no le queda ya ninguna reserva. ¡Todo el cauce desde el Merendón hasta la Laguna ha quedado comprometido, para una cosa u otra! Desde el Puente del 2º Anillo sobre Río Blanco hasta la Laguna, no queda ya nada, el Río esta muerto. No hay fauna, tortugas o aves, armadillos etc. ni peces que hace tres años aun se pescaban. Lógicamente, tampoco quedan las aves acuáticas que comían esos peces, el agua esta revuelta y enlodada y llena de basura y se han excavado grandes fosas en el lecho del Rio, a solo pocos metros del Manto Acuífero. Peores peligros quedan a la vista, pero no hay peor ciego, dice un dicho popular, que el que no quiere ver. Natural, solo es el mal que no puedes prevenir, y cuando provocas el daño que genera tus problemas, nada tienen de naturales, ni menos las consecuencias. ¡Queda eso advertido!
En vísperas de las Aguas. 15 de mayo 2022-05-18, El Carmen, San Pedro Sula.
[1] Parte de la política extractivista, que se impulsa con el Consenso de Washington, luego de 1990 y reza algo así como están endeudados, vendan lo que tengan, vendan todo lo que puedan y van a tener con que pagar. Varias mafias se involucraron entonces y se disputaron la carreta de heno, de rápido y alto retorno.
[2] En el caso particular nuestro, luego de la construcción del bordo, cuando se vio que el terreno estaría siempre sujeto a inundación, en nombre de mi madre Gladys Fasquelle, mi padre Rodolfo Pastor Zelaya entrego muchas de esas tierras al municipio y al establecerse la condición urbana del terreno, yo personalmente comparecí a Catastro Municipal a ceder otro trozo del terreno al Municipio
[3] Alguna vez tuve uno de esos permisos, el que se me negó cuando autoridades locales nos prometieron reanudarlo y se nos indujo a continuar la explotación. hasta que un fiscal corrupto llego a acusarme, inducido por un competidor, y me llevo preso. El fiscal caminaba sintonizando música y religiosidad fundamentalista, pero fue vinculado al narcotráfico que tenia nexos con esta nueva industria.
[4] De 1998 a 2001, nosotros explotamos ese banco de arena y construimos un acceso directo cruzando nuestra propiedad para ese fin. De modo que no hubiera que rodar por el río.
