Como parte de las reformas se ha acordado regular el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la abrogación del Decreto 116-19 que limita las funciones del Ministerio Público y el establecimiento de la figura de colaboración eficaz.
Tegucigalpa. –El memorando de entendimiento firmado este jueves entre el Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contempla el desarrollo de dos fases. La primera establece la necesidad de hacer reformas constitucionales, legales y administrativas, que actualmente favorecen la corrupción y que fueron aprobadas por los gobiernos del Partido Nacional (2010-2022). Mientras que lo relativo a su financiamiento será abordado hasta en una segunda fase y, por ende, aún no se ha definido.
El documento, que se resume en cuatro páginas fue divulgado por el canciller de Honduras, Enrique Reina, al filo de las 7:25 de la noche, refiere que en la primera fase el Gobierno de Honduras deberá “asentar los cimientos necesarios para el establecimiento de un mecanismo independiente, autónomo e imparcial, demostrando el compromiso y voluntad política de las autoridades con el fortalecimiento de un sistema de justicia independiente”.
Asimismo, señala que en la primera fase Naciones Unidas enviará a Honduras un equipo, sujeto a los mandatos y atribuciones del organismo mundial, compuesto inicialmente de personas expertas en el sistema penal, en la adopción e implementación de reformas legales, en el análisis de información —incluida la información financiera —, y en el sistema jurídico nacional hondureño.
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El equipo brindará asistencia técnica para iniciar la investigación, enjuiciamiento y combate contra la impunidad y la corrupción público-privada de alto impacto, incluidos los tres poderes y demás instituciones Estado. Asimismo, evaluará, según corresponda, los procedimientos para recabar la información destinada al trabajo del mecanismo.
También se evaluará, con base a la asistencia técnica, los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción y su enjuiciamiento, incluido en relación con el ejercicio independiente de la acción penal pública.
En coordinación con otras entidades del sistema de Naciones Unidas se brindará apoyo y asistencia técnica en la formación y el entrenamiento del personal a cargo de la investigación, enjuiciamiento y combate contra la impunidad y la corrupción público-privada de alto impacto incluidos los tres poderes y otras instituciones del Estado.
Además, se deberá determinar las actuaciones, fortalezas y debilidades del Ministerio Público y el sistema judicial.
REFORMAS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS
Durante la primera fase los expertos de Naciones Unidas identificarán, en coordinación con el Gobierno, las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias dentro del orden jurídico de Hondura, así como brindar acompañamiento y asesoramiento en su implementación, para el establecimiento y buen funcionamiento del mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la impunidad y la corrupción.
Con base lo anterior, “se incluirá la necesidad de realizar reformas al marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la abrogación del Decreto 116-19 que limita las funciones del Ministerio Público, la modificación de las regulaciones normativas de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, y otras que permitan el levantamiento del secreto concerniente a la situación de lavado de activos y fideicomisos, la aprobación de los instrumentos necesarios para el establecimiento en su caso de la figura de colaboración eficaz y de aquellos instrumentos que sean necesarios para el ejercicio independiente de la acción penal pública”.
Sobre los términos del envío del equipo de expertos, durante la primera fase, se señala que estos serán definidos por las dos partes (Gobierno de Honduras y la ONU) de manera posterior a la firma del memorando de entendimiento.
Y de manera paralela al desarrollo de la primera fase, las partes negociarán los términos del convenio bilateral para el establecimiento del mecanismo.
LA SEGUNDA FASE
En cuanto a la segunda fase se establece que esta empezaría con la ratificación del Convenio bilateral negociado entre las Naciones Unidas y el Gobierno hondureño a través del cual se establecería formalmente el mecanismo.
Las partes establecieron además que “la segunda fase sería gradual comenzando por definir de común acuerdo, los términos de referencia para la selección del liderazgo del titular del mecanismo, así como su equipo de trabajo, contrataciones y financiamiento”.
En la segunda fase se determinará también lo relativo a la localización de las oficinas del mecanismo y se concluirán los acuerdos necesarios “incluyendo el de carácter financiero, para que el mecanismo pueda operar, los protocolos de trabajo, y la selección de casos de redes de corrupción público-privado de alto impacto”
El memorando de entendimiento podría ser terminado por cualquiera de las partes otorgando 60 días naturales de aviso previo por escrito al otro, pudiendo incluir las razones en las que se funde esta decisión.
Asimismo, se establece que el memorando tiene una duración de seis meses prorrogables, salvo que las partes alcancen un entendimiento por escrito en contrario.
El memorando de entendimiento fu firmado por el canciller hondureño, Enrique Reina, y el subsecretario general de Naciones Unidas para Europa, Asia Central y América del Departamento de Asuntos Políticos, Miroslav Jenča. Como testigos de honor actuaron la presidenta hondureña, Xiomara Castro, y el secretario general de la ONU, António Guterres.
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De instalarse el mecanismo anticorrupción en conjunto con Naciones Unidas, en menos de seis años, Honduras habría instaurado dos instancias internacionales para el desmantelamiento de las redes de corrupción, luego que en 2016 se instalara la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), auspiciada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato expiró en enero de 2020.
La continuidad de la MACCIH fue frenada gracias a una opinión desfavorable por parte del Congreso Nacional, lo que sirvió para que el entonces presidente Juan Orlando Hernández—acusado y detenido en una cárcel de Nueva York, por tres delitos, entre ellos, conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos y otros dos por uso y conspiración para el uso de armas de fuego—, detuviera su continuidad.
Foto portada: Comunicaciones Casa Presidencial Honduras
