Medidas de excarcelación en Honduras podrían favorecer al poder político y económico

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Como medida para contener la propagación del coronavirus (Covid-19) la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas (OACNUDH) ha recomendado a los estados a que procedan a la excarcelación o liberación de privados de libertad, pero observando algunas restricciones.

En Honduras, debido a la colusión y a la aplicación de la justicia de manera selectiva se corre el riesgo que los corruptos sean liberados utilizando la recomendación de las Naciones Unidas, pero es un riesgo que hay que asumir para beneficiar a personas que, si merecen ser liberadas por su vulnerabilidad, dijo a CRITERIO el experto en derechos humanos, Joaquín Mejía.

Las autoridades hondureñas han anunciado que más de mil privados de libertad estarían siendo beneficiados con la excarcelación.

Para Melissa Escoto del Cetro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) la medida es positiva debido a la coyuntura, siempre y cuando favorezca a quienes la necesitan o merezcan legalmente y que están hacinados en los centros penales. Sin embargo, advirtió que en Honduras el fondo o finalidad podría ser para beneficiar a ciertas personas.

Como una medida de veeduría y de transparencia, Escoto exigió al gobierno que les comparta la lista de las personas que serán beneficiadas.

Mediante un mensaje divulgado el jueves la OACNUDH recomendó disminuir la población privada de libertad, priorizando los casos de personas en mayor situación de vulnerabilidad y que representen menos peligro por el avance en su reintegración social.

Los casos sugeridos por la OACNUDH incluyen personas con padecimientos que impliquen un mayor riesgo para su vida frente al Covid-19; adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y lactantes.

Asimismo, personas en prisión preventiva que hayan sobrepasado el tiempo legalmente permitido o para los cuales se puede ordenar medidas alternativas a la detención; personas que se encuentren cumpliendo pena por delitos menores; y personas que sen encuentren privadas de libertad por casos que se sitúan en contextos del ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

La OACNUDH excluye del beneficio de excarcelación o liberación a personas condenadas por graves violaciones de los derechos humanos.

La semana pasada se conoció la medida de preliberación para el exconcejal del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla, condenado a seis años de prisión por el delito de tráfico de incluencias.

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Asimismo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció que, aprovechando la pandemia Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, trabajadores de la familia Atala Zablah, condenados a 30 años de prisión por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, estarían siendo liberados por supuestas razones médicas, e incluso, que la medida de excarcelación se podría extender a David Castillo, uno de los autores intelectuales del crimen.

A raíz de la denuncia diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han levantado su vos de alerta. “Eso ya se sabía que había ese riesgo, eso ya lo teníamos claro que, incluso se iba a aprovechar para sacar a otra gente”, manifestó Joaquín Mejía.

Organizaciones defensoras de derechos humanos se han unido para presentar medidas cautelares en beneficios de personas que se encuentran privadas de libertad, acusadas por delitos comunes en su lucha por la defensa del medio ambiente.

Uno de los casos es el de los ambientalistas de Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón, acusados por el Ministerio Público de haber provocado daños a la empresa Los Pinares, que ejecuta un proyecto minero de manera inconsulta y violentando varios procesos legales.

La excarcelación de los privados de libertad tiene que ser aprobada en el Congreso Nacional. Este poder del Estado que ha estado inactivo a raíz de la proliferación del Covid-19, sesionó el jueves 2 de abril, pero el tema no fue abordado.

Desde hace 20 años el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha venido señalando las precarias condiciones en las que se desenvuelven los privados de libertad en Honduras, especialmente por la insalubridad y hacinamiento.

Hasta febrero pasado, Honduras registraba una población penitenciaria de 21,700 personas, distribuidas en 29 centros penales, incluyendo las bases militares.

Según el CTPRT, alrededor del 52 % de las personas privadas de libertad se encuentran en condición de procesadas y el 48 % restante ya han recibido sentencia.