“Si hacemos un diagnóstico rápido de cómo se encuentra el Mecanismo de Protección y lo calificamos diríamos que está aplazado. No tiene los recursos financieros suficientes, robustos, necesarios para que el sistema de protección funcione”: coordinador del Consejo Nacional de Protección, Donny Reyes
Redacción: Marcia Perdomo
Ilustración: Guillermo Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa.- Los defensores y periodistas han mostrado su descontento ante la ineficacia del Mecanismo de Protección. El profesional del derecho y defensor de derechos humanos, Víctor Fernández dijo a Criterio.hn que su impresión y sentimiento como beneficiario de medidas de protección es que este ente “no funciona, o al menos no ha empezado a funcionar”.
Cuatro meses después de que la presidenta Xiomara Castro asumiera el poder, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), Natalie Roque, admitió que la situación del Mecanismo de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia es grave y existe una “preocupación enorme”.
Roque dijo a Criterio.hn que la falta de asignación de recursos, la “discrecionalidad absoluta” con que se manejó el Mecanismo y la “inviabilidad de que la titular se involucre directamente por un asunto de la misma protección de las víctimas”, han sido parte de la problemática que ha impactado en contra del buen funcionamiento del Mecanismo
La titular de la SEDH dijo que existe una “disparidad absoluta” en la distribución de los fondos. A tal punto que hay unos dos o tres casos a los que -durante la administración pasada- les fueron asignados más de 2 millones de Lempiras, mientras a otros se les destinaron solamente 150 Lempiras anuales.
Por otra parte, señaló que en procesos de evaluación del Mecanismo de Protección se identifica una enorme desconfianza hacia el mismo, estas situaciones y otras denuncias han hecho plantear la refundación del Mecanismo de Protección como única alternativa, por lo que necesitan urgentemente la incorporación de organizaciones de sociedad civil y gremios que representan a grupos vulnerables.
URGE FINANCIAMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
El recientemente nombrado coordinador del Consejo Nacional de Protección y director de la Asociación LGTB Arcoíris, Donny Reyes, coincidió con lo expresado por Roque y declaró a Criterio.hn que, pese al cambio de gobierno, el Mecanismo de Protección continúa enfrentando retos y dificultades.
Especificó que estos desafíos no son nuevos, son problemáticas que se vienen arrastrando desde la entrada en vigencia del Sistema de Protección en mayo de 2015, a través de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
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“Hemos venido padeciendo desde la creación de estos sistemas de protección muchas dificultades. Tanto en la voluntad política hasta el tema del financiamiento para el cumplimiento de las medidas”, declaró Reyes.
Si bien valora que con el gobierno de Xiomara Castro hay voluntad política, algo que carecía en la administración de Juan Orlando Hernández, no tiene duda de que es necesario hacer cambios estructurales en el mecanismo para dar respuesta a las necesidades, pues este se encuentra “bastante debilitado”.
“Si hacemos un diagnóstico rápido de cómo se encuentra el Mecanismo de Protección y lo calificamos diríamos que está aplazado. No tiene los recursos financieros suficientes, robustos, necesarios para que el sistema de protección funcione”, planteó.
Indicó que la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, se ha mostrado “atenta y pendiente”, pero aún “hay muchas brechas y desafíos que seguir bregando”. Tampoco se cuenta actualmente con los recursos necesarios, por lo que se están haciendo coordinaciones tanto con la Secretaría de Derechos Humanos, la Coordinación del Consejo y la Dirección de Protección.
Ante la interrogante sobre si cree que la voluntad política que muestra el nuevo gobierno se concrete en acciones, respondió que esta se ha traducido en generar los cambios necesarios tanto a nivel estructural como de funcionalidad, pero falta aterrizar las políticas necesarias para la prevención y contar con los recursos suficientes para que estos se vayan concretando y materializando.
Reyes indicó que se le está dando un compás de espera al gobierno, puesto que este viene iniciando, “pero no podemos esperar medio año. Tenemos que avanzar” y “presionar un poco más a la institucionalidad para que dé respuesta” porque los ataques contra los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia continúan.
A finales de mayo, en la zona sur de Honduras fueron asesinados -en eventos ocurridos en diferentes departamentos-: la fiscal del medio ambiente en Nacaome, Valle, Karla Alméndarez, y en Marcovia, Choluteca, el comunicador social y camarógrafo, Ricardo Ávila.
Registros del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) indican que desde el año 2004 a la fecha, alrededor de 200 profesionales del derecho han perdido la vida en circunstancias violentas. Se estima que el 18% de las víctimas son mujeres. En lo que va del año, al menos tres abogados han muerto en esas circunstancias, entre ellos una mujer.
El Conadeh también cuantifica en 93 las muertes violentas de periodistas y comunicadores sociales desde el 2001. En lo que va del 2022, Ricardo Ávila es la cuarta persona vinculada a medios de comunicación que pierde la vida violentamente.
