Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Personas particulares que no figuran en la lista de beneficiarios del Mecanismo de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, estarían siendo privilegiadas hasta con la dotación de vehículos blindados, según un informe presentado este martes por la organización no gubernamental Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa).
El estudio se efectuó con datos recabados mediante solicitudes formuladas a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, sin embargo, no toda fue proporcionada a los investigadores, dijo hoy ACI participa al presentar el informe.
“Existen personas privilegiadas que no están reconocidas como defensoras/es, de las cuales no quisieron dar información para este proceso de consulta”, manifestó el organismo de sociedad civil, que detalla que las personas “privilegiadas” gozan de medidas como vehículos blindados, iluminación en calles domiciliarias y sitios de trabajo, construcciones adicionales en viviendas u oficinas e instalación de “power bank” (banco de energía).
La directora de ACI Participa, Hedme Castro, apuntó que el detalle del presupuesto no fue compartido por las autoridades del Mecanismo, por lo que acudieron a interponer un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que requirió al personal competente y fue así cómo obtuvieron cierta información.
Detalló que de acuerdo a la información recabada, se encontró que el Mecanismo tiene un presupuesto anual de 25 millones de lempiras, de los cuales 12.5 se destinan a sueldos y salarios y los restantes 12.5 millones para la implementación de las medidas. Sin embargo, en diciembre de 2018 solo se habían ejecutado 4 millones de lempiras, quedando un remanente de 8.5 millones de lempiras.
La defensora de derechos humanos lamentó que mientras existe un remanente presupuestario de 8.5 millones de lempiras, muchas personas no recibieron las medidas recomendadas y otras tienen que pagar la alimentación, el alojamiento y otros gastos personales a las escoltas.
El estudio refiere que la mayoría de las personas acogidas al Mecanismo y que gozan de medidas cautelares dijeron, al ser consultadas, estar insatisfechas con las medidas aplicadas, e incluso, que el hecho de estar protegidas por el Estado les está ocasionando un mayor temor porque se les ha asignado una escolta policial, que en algunos casos, se trata de los mismos policías agresores y filtradores de información.
HAY PREFERENCIAS
El periodista Jairo López se encuentra acogido al Mecanismo desde diciembre de 2017, pero resiente el trato que se le ha brindado hasta ahora.
López, quien se ha convertido en un desplazado después de haber ejercido el periodismo por más de diez años en la ciudad de Choluteca, denunció que existen preferencias en el trato y particularizó que durante la audiencia, que se desarrolló en su caso desde noviembre a mayo de este año, nunca tuvo el acompañamiento del Mecanismo.
El comunicador social señaló que pese a que aprobaron varias medidas a su favor, estas no han sido cumplidas y las que se han cumplido han sido de manera parcial.
Jairo López, un fuerte crítico del gobierno y del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, en particular, fue acusado en noviembre del año pasado por el delito de daños en perjuicio de la Empresa Energía de Honduras (EEH), caso por el que fue sobreseído, pero en enero de este año fue capturado, y sin prueba alguna, se le acusó de terrorismo y portación ilegal de armas.
El periodista, que goza además de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por múltiples ataques, apuntó que no entiende la lógica, pues es perseguido por el gobierno y es el mismo gobierno quien dice que le dará protección. “No entiendo al final lo quieren de todo esto, si quieren desaparecerme, porque a Choluteca no puedo entrar así tan fácil”, expresó.
Sobre el espionaje y la filtración de información que se ha denunciado existe a lo interno del Mecanismo, dijo que lo que queda es aplicar “la contrainteligencia”.
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CRITERIO buscó la versión oficial del Mecanismo de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a través de su coordinador Danilo Morales, quien respondió que antes de dar una opinión y para tener un panorama claro, tendrá que leer el informe completo de ACI Participa.
El Mecanismo fue creado en el año 2015 previo a la aplicación del Examen Periódico Universal al Estado hondureño, por lo que su aplicación ha servido para que el actual gobierno consiga calificaciones menos duras en cuanto al cumplimiento de medidas a favor de los derechos humanos
El informe de ACI Participa se viene realizando desde el año pasado con un diagnóstico y la participación de grupos focales a nivel nacional e instituciones del Estado, para conocer el nivel de eficiencia del Mecanismo y el grado de satisfacción de las víctimas.
Entre sus hallazgos el estudio destaca que del 1 de enero al 15 de diciembre de 2018, existieron 169 solicitudes de protección y que de estas 144 fueron aprobadas y 33 fueron retiradas por diferentes motivos. Sin embrago, especifica que se otorgaron 1,892 medidas a 111 personas en riesgo.
