Tegucigalpa, Honduras: Elementos de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) han sido denunciados al menos 440 veces ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) por presunta comisión de varios delitos contra la población hondureña. Estas denuncias señalan que los agentes amparan sus acciones en las facultades otorgadas por el estado de excepción, el cual ha sido implementado en gran parte del territorio hondureño.
De acuerdo con la información proporcionada por el Conadeh en un comunicado conciso, algunos efectivos policiales se valen de las facultades que poseen para violar los derechos humanos de la población, incluso para robar pertenencias de las viviendas que supuestamente allanan en busca de personas relacionadas con la comisión de delitos vinculados a la criminalidad.
En términos simples, el director del Observatorio Nacional del Conadeh, Daniel Cáceres, explicó que los criminales aprovechan esta medida para utilizar indumentaria de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado para cometer sus fechorías. Esto quedó evidenciado el pasado 20 de abril, cuando un grupo de ladrones irrumpió en un negocio en San Pedro Sula para robar pertenencias de los propietarios.
También se ha evidenciado que los elementos en servicio de la Policía Nacional, específicamente de la Dirección Policial de Investigación (DPI), han incurrido en varias ilegalidades durante el estado de excepción. De hecho, ocho uniformados están actualmente bajo proceso judicial por la comisión de diversos delitos en perjuicio de la población.
«El estado de excepción carece de una estrategia de política pública. Debería reservarse para situaciones verdaderamente extraordinarias, y su prolongación pone en entredicho la responsabilidad del Estado, ya que otorga a los agentes la capacidad de realizar intervenciones y arrestos sin fundamentos», evaluó Cáceres.
Cáceres destacó lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República, que especifica que el estado de excepción debe reservarse para situaciones extraordinarias, como invasión del territorio nacional, perturbación grave del orden público, epidemia u otra calamidad general. Esto contrasta con la estrategia del gobierno de Xiomara Castro, que ha prolongado el estado de excepción en varias ocasiones por periodos de 45 días.
De hecho, hace unos días, Estados Unidos emitió un informe destacando que la violación de los derechos humanos se ha incrementado en Honduras debido a la prolongación del estado de excepción, algo que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro desestimó. Argumentó que incluso el índice de homicidios ha experimentado una reducción gracias a esa medida.
Al respecto, el canciller hondureño Enrique Reina señaló que el informe es parcial y unilateral, ya que no destaca los logros obtenidos durante el gobierno de Castro. Además, afirmó que las deficiencias en seguridad señaladas son secuelas de la administración anterior de la «narcodictadura«, haciendo referencia a los mandatos (2014-2018 y 2018-2022) del exgobernante Juan Orlando Hernández.
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SÓLO ES UN DATO MÍNIMO
Para el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, el hecho que se hayan interpuesto más de 400 denuncias contra elementos policiales ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos entre el 6 de diciembre de 2022 y finales de abril de 2024 no es necesariamente una señal negativa. Según él, los logros obtenidos gracias a esta medida tienen un peso mayor.
Explicó que durante el estado de excepción se han ejecutado más arrestos líderes e integrantes de poderosas estructuras criminales y la mayoría de estos todavía esté enfrentando un proceso judicial, gracias al sustento que poseen en cada proceso de investigación, en poyo con el Ministerio Público (MP).
Sin embargo, datos recopilados por este medio de comunicación han mostrado un panorama diferente. Por ejemplo, entre diciembre de 2022 y junio de 2023, la institución armada arrestó a 4,033 personas, pero solo 753 fueron llevadas ante la fiscalía. En resumen, ocho de cada diez quedaron en libertad.
Lo paradójico del caso es que ninguno de los arrestados fue por cometer el delito de extorsión, motivo principal por el que se implementó el estado de excepción.
Según Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), la mayoría de los arrestos realizados durante el estado de excepción se llevan a cabo por intuición de los uniformados. Es decir, no hay un análisis previo ni un proceso de investigación que determine el involucramiento de los sospechosos en un acto ilegal.
“La mayoría de las personas arrestadas durante este estado de excepción terminan siendo liberadas. Se han reportado casos y denuncias que indican que la mayoría de estos arrestos están relacionados con escándalos públicos, no con delitos vinculados al estado de excepción, y aun así aparecen en los registros como capturas de criminales”, mencionó el defensor de los derechos humanos.
Con el estado de excepción, no solo se le están atribuyendo facultades a la institución armada, debido a la suspensión de seis garantías establecidas en la Constitución de la República, sino que también se les está otorgando poder y protagonismo a las Fuerzas Armadas (FF. AA). A través de la PMOP, gozan de las mismas facultades e incluso encabezan operativos en varios departamentos del país.
A pesar de que el Congreso Nacional ratificó la segunda prórroga del estado de excepción de 2024, algunos diputados advierten que no seguirán respaldándola debido a la falta de transparencia en su manejo y a la vulneración de los derechos humanos. Sin embargo, la falta de ratificación no representa un obstáculo para el Poder Ejecutivo ni para la institución armada, ya que continúan extendiéndola sin cumplir con el andamiaje legal establecido por la Constitución.
