Más de 150 organizaciones de DDHH piden a Guatemala no firmar acuerdo de país seguro con EE.UU

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Ante la posibilidad de que Guatemala firme un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos hacemos un llamado enérgico para que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales y se abstengan de firmar cualquier medida de esta naturaleza.

Aunque la reunión que tendría lugar esta semana entre los mandatarios Jimmy Morales y Donald Trump para discutir temas migratorios fue cancelada, la presión sobre Guatemala para firmar un acuerdo de tercer país seguro continúa representando una amenaza. De adoptarse, las personas que han transitado por Guatemala no podrán solicitar asilo en los Estados Unidos. En cambio, serán retornadas a Guatemala y deberán procesar su solicitud mediante el sistema de asilo guatemalteco.

Las organizaciones firmantes denunciamos que Guatemala no puede garantizar la protección de las personas solicitantes de asilo que serían remitidas desde EEUU, por lo que este acuerdo representa una amenaza para la garantía de los derechos humanos de esta población y, de implementarse, pondría en grave riesgo su integridad y su vida.

Actualmente, el Estado de Guatemala no cuenta con la capacidad para atender a las decenas de miles de solicitudes de asilo que la firma de este acuerdo implicaría. Como ejemplo de esto, entre 2002 y 2017, la Comisión Nacional para Refugiados atendió a menos de 800 casos en total.

Además, este mismo mes, organizaciones guatemaltecas denunciaron prácticas de detención y deportación de personas migrantes que violentan tanto el derecho guatemalteco como los estándares internacionales. Por su parte, el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala ha avisado que la calificación de tercer país seguro “se constituirá en fuente de violaciones masivas de los derechos humanos”.

En Guatemala la situación de derechos humanos se enmarca en una institucionalidad cada vez más débil, con recursos insuficientes, falta de independencia judicial y graves problemáticas de corrupción, violencia e inseguridad.

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha indicado que en Guatemala “persisten problemas estructurales como la discriminación racial, la desigualdad social, una profunda situación de pobreza y exclusión, y falta de acceso a la justicia, los cuales constituyen un obstáculo para el pleno respeto a los derechos humanos” en particular de poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad como son las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

Sumado a esto, el territorio donde las personas con necesidades de protección permanecerán al acceder al sistema de asilo guatemalteco está cruzado por el narcotráfico y dominado por fuerzas paraestatales, por lo que la población migrante se enfrentaría a riesgos similares o peores a los que vivían en su país de origen, como extorsiones, secuestros, desaparición, violencia sexual, trata o tráfico de personas.

Recordamos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) obliga a los Estados a respetar y garantizar los derechos contenidos en ella, sin discriminación alguna. Así, los Estados deben abstenerse de practicar la devolución de personas solicitantes de asilo a sus países de origen, o a uno donde su vida o libertad estén en riesgo. Esto en concordancia con el principio de no devolución, plasmado en el artículo 22 de la CADH, en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el artículo 3 de la Convención contra la Tortura, y considerado una norma de derecho consuetudinario, es decir, de cumplimiento obligatorio.

Frente a este escenario, las organizaciones que firmamos este pronunciamiento hacemos un llamado enérgico para que Guatemala y Estados Unidos se abstengan de firmar un acuerdo de tercer país seguro, así como de adoptar cualquier otra medida de carácter regresivo o contrario a estándares de derechos humanos. Al tiempo, requerimos que las autoridades guatemaltecas y estadounidenses tomen, de manera inmediata, todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

Finalmente, llamamos a la comunidad internacional a pronunciarse para que estos Estados cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de movilidad humana y requerimos que los organismos internacionales de protección se mantengan vigilantes de esta situación y respondan con prontitud para evitar la violación de los derechos humanos de las personas en busca de protección internacional en Centroamérica y México.