Señalamientos en el juicio político contrastan con denuncias históricas y una impunidad que trasciende gobiernos y partidos.
Tegucigalpa, Honduras. – El uso del caso impulsado por el ambientalista asesinado Juan López, en el contexto del juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya, pone en evidencia un problema de fondo: la persistencia de una estructura de poder económico que ha operado durante años, más allá de afiliaciones o simpatías político-partidarias.
En el marco del proceso, dos fiscales señalaron que Zelaya habría frenado la presentación de un requerimiento fiscal contra el exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, quien figura en las denuncias por daños ambientales en un área protegida y ha sido vinculado en al asesinato de López.
DENUNCIAS CON HISTORIAS DE CRIMINALIZACIÓN
Sin embargo, la abogada Kenia Oliva, representante de la acusación privada en el proceso, cuestionó estos señalamientos y aseguró que no corresponden al estado real del expediente. Según explicó, en la investigación no existía una línea abierta contra algunas de las personas señaladas públicamente, lo que evidenciaría inconsistencias en la forma en que el caso fue expuesto durante el juicio político.
“Es un caso emblemático […] quieren agarrarse de esto para decir que están haciendo bien las cosas. Es lamentable que siquiera se atrevan a mencionar el nombre de Juan López cuando ellos lo mandaron a la cárcel”, manifestó Oliva.
Las denuncias que originan el caso, sin embargo, son de larga data y también alcanzan a la gestión del exfiscal general Óscar Chinchilla, aliado de la administración del recientemente indultado nacionalista Juan Orlando Hernández. Bajo su gestión de diez años, lejos de investigarse, las denuncias derivaron en la criminalización de quienes las impulsaban, entre ellos el propio Juan López.
Noticia relacionada: El ciclo del crimen ambiental en Honduras y Latinoamérica
El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa se pronunció mediante un comunicado, en el que expresó su indignación por el uso del asesinato de López y de la lucha por la protección del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras como argumento para justificar el abuso de poder y disputas partidarias.
En ese contexto, el Comité señaló que su exigencia de justicia trasciende gobiernos y partidos. Denunció que durante la narcodictadura del nacionalista Juan Orlando Hernández fueron perseguidos y criminalizados –con 32 defensores judicializados y ocho bajo detención arbitraria–, mientras que, en la administración de Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), las denuncias de corrupción permanecieron engavetadas, protegiendo intereses de actores como Adán Fúnez y Lenir Pérez.
CUANDO EL PODER CONDICIONA LA JUSTICIA
Rita Romero, representante legal del Comité, explicó a Criterio.hn que el caso no puede entenderse como un hecho aislado ni limitado a una administración en particular, sino como parte de una estructura de poder que ha operado de forma sostenida en el país.
“Es algo que está más allá de partidos políticos y está más allá de periodos de gobierno. Se trata de un poder que se incrustó dentro de una estructura de país, dentro de una estructura de Estado, es lo que se califica narcoestado”, apuntó.
Romero señaló que el conflicto en torno al área protegida y los proyectos mineros que se instalaron en Colón está vinculado a redes que incluyen intereses económicos y estructuras criminales, con antecedentes que se remontan a 2014, cuando se otorgó la concesión minera.
Este entramado también se refleja en el avance del proceso judicial contra el empresario Lenir Pérez, vinculado al proyecto minero denunciado por Juan López y otros defensores en el área protegida, a través de las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, ambas del Grupo Emco Holding.
Aunque Pérez es acusado por delitos de explotación ilegal de recursos naturales y daños ambientales en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, recientemente un juez le permitió defenderse en libertad tras el pago de una millonaria fianza, sin imponerle restricciones como la prohibición de salida del país.
Conozca más: Lenir Pérez evita prisión tras fianza millonaria por caso de parque Carlos Escaleras
La decisión se produjo en medio de cuestionamientos por dilaciones en el proceso, luego de que los apoderados del empresario argumentaron que este no encontraba en el país.
Al final, la pregunta que planteó el 26 de marzo en sus redes sociales el abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, no es descabellada. A diferencia de sus antecesores, Óscar Chinchilla y Johel Zelaya, ¿se atreverá el fiscal general impuesto Pablo Emilio Reyes a enfrentar a quienes ostentan el poder político económico en Honduras?
De interés: Nombran fiscal general a aspirante con menor puntaje, sin experiencia penal y con vínculos políticos
