El exfuncionario rindió este martes declaración por una de las once líneas que investiga el Ministerio Público
Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa. -El ex director de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), Marco Bográn, se declaró inocente este martes al rendir su declaración en la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción (FETCCO), que lo investiga por la compra irregular de siete hospitales móviles, a una empresa de maletín y presuntamente con precios sobrevalorados.
Bográn, quien se presentó a las 8:30 de la mañana tras haber aplazado su citatorio girado para el miércoles 1 de julio por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), dijo escuetamente a la prensa que lo esperaba a su salida que todas sus acciones fueron del conocimiento del gobernante, Juan Hernández.
La declaración de Bográn se extendió por casi cinco horas y se efectuó de manera simultánea con la inspección por parte de la Fiscalía y la ATIC de trabajos de preparación de los terrenos en Tegucigalpa y San Pedro Sula para la instalación de los primeros dos hospitales móviles en las dos principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula. También se intervino la Agencia Naviera Auropea S.A.(ANAVE) contratada para el desaduanaje de los contenedores e inspeccionaron la Operadora Portuaria Centroamericana, concesionaria de la Empresa Nacional Portuaria.
A su salida el exfuncionario salió y dio breves declaraciones a los medios de comunicación que lo esperaban y caminando rápido hacia su vehículo dijo que es inocente y que se encuentra tranquilo y que cada una de sus acciones emprendidas al frente de Invest-H, fueron del conocimiento del jefe de gobierno.
De igual forma, su apoderado legal, Marco Tulio Castro, dijo a la prensa, que su representado dio la declaración y que contestó todas las interrogantes que le hicieron. Sostuvo, que será el Ministerio Público el que determine si hay o no indicios suficientes para la presentación de un requerimiento fiscal.
A Marco Bogran lo investiga el Ministerio Público por los delitos de fraude, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios, ilícitos que habría cometido en la compra de los siete hospitales móviles valorados en 47 millones 500 mil dólares, (1,168 millones 500 mil lempiras) a la compañía Elmed Medical Systems Inc. DBA Hospitales Móviles.
Esta empresa es propiedad de Axel López, un ciudadano americano de origen guatemalteco, quien es acusado por la compañía turca, SDI Global LLC de falsificar una cotización que originalmente emitieron ellos y que López utilizó en el millonario negocio de los hospitales con el gobierno de Honduras.
Bográn compró los hospitales mediante las órdenes de compra, Marzo 2020-e-RFQ Y Marzo 30-2020-e-RFQ INVEST-H y según diversos sectores sociales, el precio ha sido sobrevalorado. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Pedro Barquero, informó recientemente, que de acuerdo a investigaciones realizadas por los empresarios, el gobierno le incrementó 680 millones de lempiras al precio real de los siete hospitales móviles.
La Asociación Para una Sociedad más Justa, capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, también ha denunciado que, en la compra de los hospitales, hubo negligencia, fraude y abuso de autoridad y sostiene que en esta adquisición el director de INVEST-H ignoró al Consejo Directivo, situación que podría conducirlo a responsabilidades penales.
Ante tal situación, pese a que en este momento no cuenta con las facultades para emitir un requerimiento fiscal, la Fiscalía ha iniciado una investigación de oficio, informó Lorena Calix, vocera del Ministerio Público.
En noviembre del 2019 el Congreso Nacional, con la oposición de las bancadas de los partidos Libertad y Refundación y del PINU, aprobó el Decreto 116-2019 que le quita la facultad de investigar y requerir a funcionarios corruptos, mientras el TSC no emita el informe y les notifique las responsabilidades administrativas, civiles o penales. En el momento este Decreto se conoció como “El Pacto de Impunidad”
Bográn, además de estar bien conectado con el TSC, desciende de una familia muy poderosa, cercana del presidente de la República, Juan Hernández y de la cúpula del Partido Nacional, por lo que no sería casual que el ente contralor del Estado lo exonere de responsabilidades. En ocasiones anteriores el TSC ya ha favorecido a este tipo de funcionarios.
En abril del 2015 la revista digital, Revistazo.com, publicó una investigación que devela la forma en que la presidenta del TSC, Daysi de Anchecta, le borró responsabilidades por 297 millones de lempiras al ex alcalde de Tegucigalpa y líder del Partido Nacional, Ricardo Álvarez. Y desde ese momento la Fiscalía anticorrupción mantiene engavetadas dos denuncias interpuestas contra la funcionaria, por lo que no es creíble que ese decreto, aprobado en el Congreso, sea el freno de la justicia en Honduras.
La primera de esas denuncias contra Anchecta la presentaron varios diputados del Partido Libertad y Refundación y la otra, el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) tres años antes de que en el Congreso se aprobara el Pacto de Impunidad.
Sin embargo, Calix dice que el informe del TSC es básico en la labor que desarrolla el Ministerio Público, pero que las acciones que realizan en este momento les permiten tener concluidas las investigaciones y emitir un requerimiento fiscal al momento de recibir el informe. Recordó, que en octubre del 2019 el MP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto 116-2019 que le otorga más facultades al TSC de las establecidas en la ley.
La Fiscalía mantiene once líneas de investigación por las compras de INVEST-H y aunque las posibilidades son remotas, con estas acusaciones, Marco Bográn podría pasar el resto de su vida en la cárcel, tal como ocurre con Mario Zelaya, ex director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, condenado a prisión perpetua por diferentes delitos en el robo de esa institución.
En la última década, el Ministerio Público ha perdido credibilidad por la forma en que ha manejado los casos de corrupción. Personeros de la sociedad civil, como Lester Ramírez, director de Investigaciones de la ASJ, consideran que las irregularidades en las compras de la Covid 19 serán peor investigadas que las del robo del Seguro Social, donde todo giró alrededor del director, Mario Zelaya.
En el caso de los hospitales, el Ministerio Público investiga las responsabilidades penales del exdirector, Marco Bográn, pero nadie desconoce que en este negocio también hubo participación de funcionarios con mayor poder que él, pues fue desde la Casa Presidencial donde lo autorizaron al uso discrecional de los recursos públicos destinados a la contención de la pandemia.
El 16 de marzo, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, mediante el oficio 630-SS-2020 le solicitó la adquisición directa de los siete hospitales de aislamiento y la contratación directa de todos los servicios conexos y de consultoría para la instalación y puesta en funcionamiento de esas clínicas modulares.
Y más arriba, el 10 de febrero, el presidente, Juan Hernández, en Consejo de Ministros, declaró emergencia nacional mediante el Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 y autorizó las compras directas, evadiendo los procesos de licitación establecidos en la Ley de Contratación del Estado.
