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Por: Thelma Mejía

Tegucigalpa. –  El año que recién comienza deja un mal sabor para los sectores de derechos humanos, comunicadores sociales, mujeres y miembros de la comunidad LGTBI, al registrarse los primeros asesinatos sin que ello concite el interés de las autoridades más allá de lo usual: estamos investigando, valoramos algunas hipótesis.

La mañana del domingo 9 de enero, la sociedad era sacudida con el asesinato del líder indígena, defensor humanitario y comunicador social, Pablo Hernández, en la comunidad de San Marcos de Caiquín, en el departamento de Lempira, al occidente del país.

Hernández, quien dirigía una radio comunitaria en la zona, era también un hombre de fe ligado a la iglesia católica, y dentro de la etnia lenca fue Alcalde Mayor de la Auxiliaría de la Vara Alta de Caiquín. Dirigía la radio comunitaria Tenán e impulsaba la creación de la primera universidad para los pueblos indígenas del país. Era también egresado de la escuela de Agentes de Cambio de la Fundación alemana Friederich Ebert. Era un líder nato y las causas de su crimen se desconocen.

Desconocidos, según los relatos de la prensa, le mataron por la espalda cuando se dirigía a la iglesia de su comunidad. Gozaba de medidas cautelares de la CIDH y su crimen ha generado el repudio del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), la Unión Europea y los organismos de derechos humanos, entre ellos el Cofadeh, del cual Pablo Hernández era parte de su red de defensores. Ha sido un golpe tremendo para los derechos humanos y la libertad de expresión en Honduras.

El crimen de Hernández eleva a más de 90 los asesinatos contra periodistas y comunicadores sociales y afines en el país desde hace más de una década, donde muy pocos han sido judicializados, menos de 10, en tanto, los defensores de los derechos humanos, en especial en tierra adentro, siguen siendo objeto de hostigamiento y amenazas por su trabajo, ya sea defendiendo la vida, el medio ambiente, los territorios o la soberanía.

No se ha terminado de asimilar ni dimensionar los alcances del crimen de Pablo Hernández, cuando otro integrante de los sectores vulnerables fue asesinado. Se trata de Thalía Rodríguez, integrante de la comunidad Trans, uno de los grupos más golpeados dentro de la comunidad LGTBI en el país. Desde el 2009, según registros, cerca de 402 crímenes se han cometido en contra de la comunidad LGTBI en este país.

Thalía Rodríguez fue impulsora del movimiento Transgénero en el país, defensora de sus derechos, y fue asesinada por desconocidos en su casa de habitación en la capital hondureña. Su crimen impactó también a los miembros de la diversidad sexual y las organizaciones internacionales de derechos humanos, además de organismos de cooperación y embajadas acreditadas en el país.

Los mensajes de condena y demanda de justicia, llaman también a que cese el odio por cuestiones de género, en un país altamente conservador y poco tolerante al surgimiento de nuevas voces y actores que por décadas han sido ignorados en sus demandas y derechos. Los crímenes de la diversidad sexual también se encuentran mayormente impunes.

Recién el Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de Vicky Hernández, una chica Trans, asesinada a manos de los cuerpos del Estado en el contexto del golpe de estado de 2009. La sentencia en el caso de Vicky Hernández, es la primera de su índole en América Latina y un claro mensaje de reivindicación de derechos humanos, entre ellos, los de la diversidad sexual.

Fue una condena contra un crimen de odio, pero en el país ello parece no importar. Ni el Estado ha pedido perdón público, ni parece interesado en evitar que ello se repita.

Y para rematar este círculo de agresión y crímenes contra grupos vulnerables, continúan imparables las muertes violentas contra las mujeres. Los escasos y escenas más atroces han resonado en este 2022, y de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la UNAH, al menos un femicidio diario se está registrando en el país.

Un promedio de 10 asesinatos violentos contra las mujeres se contabiliza iniciando el año, y solo en el 2021, la cifra sobrepasó los 300 crímenes. Honduras vive una especie de epidemia en materia de femicidios, señalan los organismos de mujeres y humanitarios. Estamos frente a un mal comienzo.

La apuesta es que iniciando el nuevo gobierno que presidirá doña Xiomara Castro, algunas de estas acciones se empiecen a revertir, que la investigación de los crímenes sea tomada en serio por las autoridades, que las hipótesis de crimen pasional, den paso a fundamentos más serios y menos discriminativos; que se siente en el país una estrategia para frenar las campañas de odio y justificación de las muertes de periodistas, comunicadores, mujeres y miembros de la comunidad LGTBI.

Las organizaciones de mujeres han elevado sus propuestas a los responsables de la transición, las demandas son enormes, pero el nuevo gobierno deberá desmenuzar cada una de las peticiones de los diversos sectores para arrancar con lo viable y lo inmediato. En el caso de las mujeres, una de ellas es aprobar la ley sobre casas refugio, engavetada por el congreso que se va porque nunca fue su interés ni prioridad.

Habrá que iniciar con algo para que el año que recién estrenamos no nos deje ese mal sabor de boca y que los crímenes de impacto arriba citados no queden ni impunes, ni en discursos de papel. Llegó la hora de actuar.

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