Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El presidente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Víctor Manuel Lozano, calificó a Radio y Globo TV de “letrina informativa” y responsabilizó a estos medios de comunicación de impulsar una campaña de odio en su contra, la que asoció a las supuestas amenazas a muerte que ha recibido en los últimos días.
Lozano hizo la aseveración tras informar que a raíz de las amenazas ha decidido abandonar el país, una vez que cumpla su mandato como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cargo del que cesará el 25 de enero próximo.
“A raíz de la insidiosa campaña que han emprendido en una “letrina informativa” durante 14 días y 14 noches en donde incitan al odio en contra mía, en donde dicen que me escupan, que soy culpable de la reelección, que soy asistente del presidente Juan Orlando Hernández, que soy lo peor, y ahora dicen que soy ladrón, que he comprado una propiedad de 40 millones de lempiras en Olanchito (Yoro)”, declaró Lozano en una radioemisora.
El magistrado, quien aseguró que el gobierno de Honduras le ha ofrecido un cargo diplomático, añadió que ha “estado sometido a un atropello permanente, y eso es lo último porque yo tengo mi familia y mis amigos que merecen respeto”.
Lozano no especificó el nombre del medio de comunicación, aunque en otras oportunidades ha manifestado que la campaña viene de Radio y Globo TV, específicamente del periodista David Romero Ellner.
La casa radial y televisora conducida Romero Ellner, reveló en noviembre pasado unas escuchas telefónicas que pusieron al descubierto cómo el vicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla y el presidente de la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Manuel Lozano, se ponen de acuerdo para ejecutar una licitación para la construcción de un edificio del Poder Judicial en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.
A raíz de dicha denuncia Lozano ha proferido ofensas de manera pública contra el periodista, que está a la espera de que los tribunales de justicia le establezcan la sentencia luego de haber sido condenado por seis delitos de difamación constitutivos de injuria, por una querella promovida por Sonia Gálvez, esposa del fiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar.
