Por: Redacción CRITERIO
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La Fiscalía Especial del Ambiente de San Pedro Sula fue el escenario de un plantón convocado por el Movimiento Amplio este día en horas de la mañana, el cual tuvo por finalidad la presentación de una carta abierta al ente fiscal en la que detallaron una serie de cuestionamientos sobre el manejo de la denuncia presentada el 7 de abril de 2015 en la que se denunciaron los daños ambientales provocados por la concesión del servicio de agua potable a la Concesionaria Aguas de San Pedro efectuada en el año 2000 y los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios cometidos por los y las funcionarias de las distintas corporaciones municipales de los periodos comprendidos entre 2001 y 2015.
«Hace 2 años y 6 meses presentamos la denuncia, con la finalidad de que ante el impacto de los daños ambientales provocados, la fiscalía especial del ambiente interviniera, realizando la investigación correspondiente, librando los requerimientos fiscales para deducir la responsabilidad penal respectiva, pero sobre todo, para que este mismo ente encargado desarrollara acciones encaminadas a neutralizar los efectos del delito, es decir que, pudiera asegurar que el acuífero de Sunceri, el río Frío, el río Manchaguala y el río Chamelecón pudieran recuperarse de la amenaza latente de que en 20 años no tengan más agua para abastecer a los y las sampedranas», expresó el abogado Ariel Madrid, coordinador del equipo legal del Movimiento Amplio.
Dentro de los principales incumplimientos, según expresó Ruth Lagos, también integrante del equipo legal, se ubica que a 17 años del concesionamiento y la firma del convenio, la Concesionaria continúa sin construir las 3 plantas de tratamiento de aguas residuales y resulta inaudito que para 2015 ni siquiera el 1% de las aguas había sido tratada, dato que se extiende hasta el 2017.
El Movimiento Amplio denunció concretamente a través de la acción desarrollada la incapacidad del Ministerio Público durante 2 años y 6 meses de dar trámite y brindar resultados concretos en la investigación, lo que se interpreta claramente desde la lógica de complicidad por parte de las instituciones en Honduras para garantizar impunidad en la corrupción que permite el saqueo de nuestros bienes naturales. Y cuestionó cuántos años más de impunidad va a garantizar la fiscalía a la Concesionaria de Aguas de San Pedro y las corporaciones municipales implicadas.
Compartimos la carta pública de forma integra:
A 17 años de la privatización del servicio de agua, San Pedro Sula al borde de la sequía:
¿Cuántos años más de impunidad garantizará el Ministerio Público a Aguas de San Pedro y la Municipalidad a los saqueadores de nuestras fuentes de agua?
El 7 de abril de 2015, hace 2 años y 6 meses, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia denunciamos ante esta Fiscalía Especial del Ambiente, los daños ambientales, el abuso de autoridad y las violaciones a los deberes de los funcionarios cometidos por la Corporación Municipal de San Pedro Sula y la Empresa Concesionaria Aguas de San Pedro S.A. de C.V. al no solamente otorgar la concesión en el año 2,000 sino también permitir que a 15 años de firmado el convenio, las cláusulas continuaran sin cumplimiento.
Denunciamos también que, en 2015, en San Pedro Sula existían 75 pozos perforados de donde se extrae el agua para abastecer el 70% de la población, pero que desproporcionalmente a esto, existían 125 pozos privados clandestinos cuya agua era destinada a fines distintos al abastecimiento y consumo humano. Las afectaciones más cruciales de los incumplimientos por parte de la Concesionaria Aguas de San Pedro y la complicidad de la Corporación Municipal y del Ministerio Público se evidencian en la reducción del 67% de su reserva de agua que para ese momento ya presentaba el Acuífero de Sunceri, siendo este la fuente de abastecimiento del 70% del agua que consume la población de San Pedro Sula y que debido a los daños provocados por la concesionaria, estudios científicos aseveraron que de no protegerlo en 20 años quedaría inhabilitado como fuente de agua.
Pero los daños ambientales alcanzan no solamente el acuífero, sino también al río Manchaguala, al río Frío y sobre todo, al río Chamelecón el cual es el más afectado debido al principal y escandaloso incumplimiento por parte de la empresa que es la construcción de las 3 plantas de tratamiento de aguas residuales que debían construirse en Chotepe, la Rivera y Cofradía, lo que dio como resultado que para el 2015 el 80% del río Chamelecón estuviera contaminado por descargas de aguas residuales y que para el 2017, ni siquiera el 1% de las aguas residuales estén siendo tratadas.
El concesionamiento y privatización del servicio de agua en San Pedro Sula en las condiciones desfavorables en las que se dio representó, en sí mismo, un acto de corrupción que ha tenido como resultado la puesta en peligro del derecho humano al agua y el saneamiento de más de 754 mil sampedranos. Pero, lo alarmante es que transcurridos 17 años de la concesión y 2 años y 6 meses de la denuncia presentada ante el Ministerio Público este continúe sin realizar acciones concretas por detener los daños ambientales ocasionados que son irreversibles sobre las fuentes de Agua.
Repudiamos que el Ministerio Público por más de 2 años ha sido totalmente incapaz de dar trámite a la denuncia, aludiendo incluso no tener capacidad técnica para comprender el fondo de las afectaciones denunciadas. Comportamiento, que anudado a las más de 10 solicitudes de información ignoradas y sin respuesta interpretamos como la más clara complicidad con quienes hicieron y continúan haciendo negocios con nuestro derecho al agua. Es inconcebible que el Ministerio Público, teniendo conocimiento de la condiciones en las que se dio la concesión en el año 2,000 y pasados 15 años hasta nuestra denuncia no haya intervenido de oficio atendiendo el impacto ambiental en el municipio y, es más deplorable aún que luego de la denuncia continúe garantizando que no se neutralicen los efectos del delito ambiental sin importar que a 20 años San Pedro Sula podría enfrentar una verdadera sequía.
Desde el Movimiento Amplio reiteramos nuestra denuncia por las afectaciones del derecho humano al agua de los y las habitantes de San Pedro Sula, pero sobre todo, denunciamos lo que en el fondo esconde esta situación la cual responde a la lógica instaurada en el país de mercantilizar nuestros bienes naturales, de venderlos al mejor postor y que, las instituciones del Estado desde sus competencias se presten para garantizar corruptamente el saqueo y la impunidad para los hechores.
Evidenciamos el oportunismo de partidos políticos que frente al proceso electoral de noviembre próximo pretenden agenciarse votos tomando como tema de campaña asegurar el tratamiento de las aguas como parte de su gestión cuando esta responsabilidad corresponde única y exclusivamente a la concesionaria Aguas de San Pedro tal y como lo establece el convenio firmado en el año 2000. Es vergonzoso que los políticos que ahora pretenden “salvar” San Pedro Sula han sido los mismos que han garantizado en años anteriores e históricamente que nuestros bienes naturales sean entregados y concesionados a capital privado y que ahora, hipócrita y oportunamente lo usen de tema de campaña.
Como ciudadanos y ciudadanas, desde el Movimiento Amplio nos convoca la más profunda conciencia de la necesidad de proteger nuestro municipio y nuestras fuentes de agua, de garantizar que en 20 o 30 años podamos gozar del derecho humano al agua, que ahora es amenazado por la corrupción y la impunidad enraizada y promovida desde la misma institucionalidad servil y cómplice. Por ello, exigimos al Ministerio Público que de trámite a la denuncia, que investigue los hechos y que castigue a los saqueadores.
Nuestra finalidad es garantizar la preservación de nuestras fuentes de agua, y por encima de todo, garantizar que San Pedro Sula y Honduras viva con dignidad y justicia.
San Pedro Sula, 24 de octubre, 2017.
Movimiento Amplio
¡Por la dignidad y la justicia del pueblo!
Un comentario
Ese es negocio de politicos.igual que en puerto cortes.