Tegucigalpa, Honduras. –Ante la entrada en vigor del “toque de queda” el 4 de julio en los municipios de San Pedro Sula y Choloma, en la zona norte de Honduras, como medida para combatir la criminalidad, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) se ha manifestado en contra de estas acciones.
En un comunicado emitido por el MADJ señalan que la suspensión de la garantía de libre circulación mediante el decreto ejecutivo PCM 30-2023, es una medida “ajustada a los intereses de las grandes élites económicas”, ya que no constituye una verdadera solución a los altos índices de violencia que actualmente enfrenta la población.
El documento respaldado por el MADJ, Fundambiente y el Bufete de Estudios para la Dignidad, exigen al Gobierno de Honduras que asuma de manera contundente una política de seguridad que tenga como eje central la investigación y juzgamiento de las grandes estructuras criminales que históricamente han actuado con total impunidad en el país, incluyendo a las y los servidores públicos.
“La refundación del país no puede hacerse sobre la base de la corrupción e impunidad, hacemos un llamado enérgico para que el gobierno de Honduras atienda esta situación desde un enfoque integral y popular, teniendo como fin primordial el respeto a la dignidad de las personas”, cita el comunicado.
Además, hacen un llamado al gobierno de Xiomara Castro, para atender situación desde un enfoque integral y popular, para no incluir más estados de excepción en la “agenda refundacional”.
En ese sentido, piden a la mandataria Castro hacer memoria sobre las consecuencias que el uso de estas disposiciones ha tenido en el país, ya que han servido para justificar la desmedida violación de derechos humanos por parte de los entes policiales y militares en contra de la población.
Recalcaron que dichas violaciones a derechos humanos, aún permanecen en la impunidad y sin que a la fecha se haya tenido resultados tangibles para la población.
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El abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández, dijo estar en contra del toque de queda en Choloma y San Pedro Sula, por considerarlo “desproporcionado” e “impertinente”.
Desde su cuenta de Twitter, el también coordinador del MADJ, explicó que estos toques de queda alimentan la represión, el abuso y las violaciones a los derechos humanos porque frente a las masacres y crímenes lo que se necesita es una investigación eficiente y libre de corrupción.
Entre tanto, el coordinador general del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), Martín Fernández Guzmán, reiteró que la postura del MADJ es que ya no se debe seguir con medidas como el estado de excepción.
En un programa radial Fernández explicó que se deja la libertad plena para los opresores, es decir a las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional y Policía Militar del Orden Público (PMOP).
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OPERACIÓN CANDADO
El último fin de semana de junio estuvo marcado por la violencia, y 21 personas fueron asesinadas en el país. La noche del 24 de junio, 13 personas fueron acribilladas dentro de un billar ubicado en el barrio Victoria, en el municipio de Choloma.
El domingo 25 fueron asesinados ocho personas en diferentes lugares de Honduras, ante estos acontecimientos, la presidenta Xiomara Castro, anunció el toque de queda en los dos municipios del norte del país. En Choloma inició el 25 de junio con un horario de 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada, mientras que en San Pedro Sula inició el martes 4 de julio.
Sin embargo, tras la queja de propietarios de bares, restaurantes y empresarios de la zona norte, las autoridades hondureñas modificaron los horarios. A partir del 4 de julio el toque de queda inicia a las 11 de la noche y finaliza a las 4 de la madrugada.
