De acuerdo con el analista Raúl Pineda Alvarado, para que las personas que fueron señaladas y hoy están en libertad puedan volver a ser juzgadas por la comisión de los delitos que blindan estos decretos, la Corte Suprema de Justicia debe declararlos inconstitucionales, ya que eso evidenciaría que el proceso, por el que fueron absueltos, fue al margen de la ley.
Por: Daniel Girón
Tegucigalpa– El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, reclamó a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque no han resuelto ningún recurso de inconstitucionalidad contra decretos que protegen a presuntos corruptos, a cuatro meses de la instauración en sus cargos, el 17 de febrero.
“En lo que se le puede llamar la atención a la nueva Corte son en los casos que tenían recursos pendientes (…) porque después de cuatro meses de iniciar funciones no se han pronunciado con estos recursos y hay que recordar que estos recursos tienen dos, tres o cinco años de estar pendientes”, dijo Santos a Criterio.hn.
Los casos que tienen un recurso pendiente son, por ejemplo, Narcopolítica, Corrupción Sobre Ruedas, Corrupción en Punta Sal y Corrupción en el Congreso, según Santos. Aunque hay otros recursos entre ellos uno de amparo contra el emblemático caso Caja de Pandora el que ya ha sido admitido por la Sala de lo Constitucional.
“Resolver estos casos al final no es impartir justicia. Independientemente de la pena que se imponga porque después de cinco años el imputado va a escuchar una sentencia y va a conmutar en el Código Penal, porque ahora se los permite porque las penas son bajas. Entonces, ¿de qué repartición de justicia estamos hablando?”, cuestionó.
EL 28 de octubre de 2019, la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 116-2019, argumentando que es una figura jurídica que omite reglas de contenido de la ley suprema del Estado y que evade el orden legal requerido para garantizar la transparencia en el gasto público.
PACTO QUE BLINDA A LOS CORRUPTOS
El decreto 116-2019 impide que el Ministerio Público investigue penalmente a diputados, funcionarios públicos y personas particulares que ejecuten fondos públicos en aplicación de la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales.
Sin embargo, la administración pasada de la Corte, presidida por Rolando Argueta, en una colusión con el Congreso Nacional, rechazó el recurso. A raíz de ese decreto inconstitucional, políticos implicados en el caso de Corrupción en el Congreso y Arca Abierta, obtuvieron su libertad.
El 6 de enero de 2022, de igual forma, se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 93-2021, que representa una reforma al delito de lavado de activos, por considerarlo una garantía de impunidad concedida por el Poder Legislativo al crimen organizado y a las redes de corrupción de más alto nivel.
Según la Fiscalía, ese decreto omite la obligación del Estado hondureño contraída en los convenios internacionales en cuanto a establecer y fomentar prácticas eficaces y encaminadas a prevenir actos de lavado de activos, con el fin de garantizar al Ministerio Público poder realizar investigaciones y persecución de delitos.
Además, la jueza Karla Romero, quien juramentó a Xiomara Castro como presidenta de Honduras, el 27 de enero de 2022, presentó el 8 de marzo de ese mismo año, un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 04-2022 por considerar que se violenta el artículo 231 de la Constitución de la República.
No obstante, la Corte del ejercicio 2016-2023 no lo valoró, y se lo heredó a la nueva Sala Constitucional que, hasta la fecha, tampoco se ha pronunciado.
El decreto 04-2022 otorga el beneficio de absolución de acción penal contra privados de libertad y perseguidos políticos que se opusieron al golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya, en 2009. Pero, al mismo tiempo, benefició a funcionarios cercanos a Zelaya que fueron sentenciados por delitos contra la administración pública.
Por ejemplo, el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, quien cumplía una condena de 17 años, cobró su libertad, y Enrique Flores Lanza, exsecretario de la Presidencia y actual asesor legal del gobierno de Xiomara Castro, quedó sin tachas, pese a que no fue sentenciado porque estaba prófugo de la justicia.
De acuerdo con el analista Raúl Pineda Alvarado, para que las personas que fueron señaladas y hoy están en libertad puedan volver a ser juzgadas por la comisión de los delitos que blindan estos decretos, la CSJ debe declararlos inconstitucionales, ya que eso evidenciaría que el proceso, por el que fueron absueltos, fue al margen de la ley.
“Con la derogación queda en impunidad porque los pícaros que salieron (de la cárcel) fueron beneficiados con esos decretos y no pueden volver a ser juzgado por el mismo delito, pero al ser declarados inconstitucionales el proceso que se llevó a cabo para absorberlos queda al margen de la legalidad”, planteó.
La nueva Sala de lo Constitucional, que desde el 17 de febrero debió conocer estos recursos de inconstitucionalidad, es encabezada por la magistrada Sonia Marlina Dubón e integrada por Francisca Villeda Zabala, Isabelle Bustillo, Luis Fernando García y Wagner Bellecillo.
Lo paradójico del caso, según los analistas, es que la magistrada Marlina Dubón es la esposa de Enrique Flores Lanza, uno de los principales beneficiados con este pacto de impunidad del nuevo gobierno, lo que significaría del porqué no se valoran esos recursos de inconstitucionalidad.
TSC ENGAVETA EXPEDIENTES
El reclamo de Santos también abarca al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por engavetar, entorpecer el proceso y no tener la voluntad de enviar casos grandes de corrupción a un juez para que continúe con el proceso legal.
“Pero, ¿qué ha hecho el Tribunal Superior de Cuentas con los informes que se le han enviado para que los elaboren? Nada. Entonces pasa más por la falta de voluntad que hay (…) el perjuicio que se ha creado con estos decretos no se puede volver a reparar”, puntualizó Santos.
“Por ejemplo, en el caso del alcalde capitalino, el juez determinó archivarlo y mandarlo al Tribunal Superior de Cuentas para que se volviera a hacer la investigación que ya había presentado el Ministerio Público. Lo que no es posible, es inaudito, eso debería ser castigado con una sanción penal”, agregó.
En 2020, la Uferco acusó al exalcalde capitalino, Nasry Asfura, de cometer los presuntos delitos de malversación de caudales, falsificación de documentos, lavado de activos y abuso de autoridad. Pero en 2021, la Sala Constitucional ratificó un recurso de amparo que maniató toda acción penal que la Uferco ejecutara por la comisión de esos delitos contra Asfura.
“Eso sólo es un artificio para poder archivar los casos y que no se muevan. En el caso del exalcalde se les ordenó al Tribunal Superior de Cuentas mandar los expedientes a la Uferco y se les advirtió que se les sancionaría desde el Congreso, pero no hicieron nada. Estamos maniatados a fin de que estos casos no pasen en los tribunales”, expresó.
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FALTA DE VOLUNTAD
Para Santos es claro que se deben declarar inconstitucionales los decretos desde la Corte, mientras que el Congreso Nacional tiene la labor de derogarlos. Pero falta el ingrediente más importante para materializar la idea: el compromiso y voluntad en la clase política que cada vez parece importarle menos este tema, lo que traería consecuencias.
La instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) pasaría una vez que se respete lo que establece el memorándum de entendimiento entre el gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El memorándum indica, específicamente, que se debe derogar precisamente el decreto 116-2019 y aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, cuyos dictámenes están listos, pero permanecen archivados en el Congreso Nacional, y no se han debatido por falta de voluntad entre los diputados que conforman las diferentes bancadas.
“La venida de una comisión internacional anticorrupción pasaría una vez se declaran inconstitucionales estos decretos o desde el Congreso se deroguen, pero falta voluntad política. El éxito que tenga y las facultades que tenga la misión anticorrupción en Honduras pasaría por cumplir con lo establecido o buscar mecanismo para agilizar su llegada”, opinó Santos.
El diputado Ramón Barrios, del partido Libertad y Refundación (Libre), aceptó que en el Congreso no hay consensos para derogar estos decretos. Sin embargo, dijo que el oficialismo está dispuesto a buscar consensos que promuevan la derogación de estos decretos que protegen, blindan y propician la impunidad en Honduras.
“Tenemos la obligación de entender que más allá de nuestras diferencias políticas, estos decretos están faltando por consensos que son de obligatoria necesidad para que la misión se instale en el país”, dijo Barrios a Criterio.hn.
Agregó que, “de lo contrario, si seguimos sin llegar a acuerdos, continuaremos promoviendo la incapacidad de los diputados en el Congreso. Pero, tenemos que exponer quiénes son los diputados que se oponen a estas derogaciones y revelar el por qué, porque podrían estar obedeciendo a intereses políticos o personales”.
Desde el Poder Ejecutivo prometen la pronta instalación de la CICIH antes de que acabe la presente gestión, en enero de 2026. Pero varios sectores de la opinión pública, en cambio, lo consideran difícil porque los actuales diputados, muchos de ellos, señalados por corrupción, no permitirán que la misión los investigue, y prueba de ello es que aún no derogan o aprueban las normativas que se requieren para su llegada.
