Tegucigalpa, Honduras. – La Junta Proponente, en la continuación de la novena reunión celebrada en la Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), marginó del proceso de selección para escoger a las próximas autoridades del Ministerio Público (MP) al titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, por estar demandado por el Estado de Honduras desde 2013.
Luis Javier Santos, que se perfilaba como uno de los favoritos para ostentar la figura de fiscal general de Honduras para el periodo 2023-2028, está demandado desde 2013 por la Procuraduría General de Estado (PGR) y, de igual manera, él también demandó al Estado en 2022 por cuestiones laborales que hasta la fecha no se han esclarecido.
El inciso G del artículo 42 del reglamento de la Junta Proponente menciona de forma literal que para postularse al cargo de fiscal general y fiscal general adjunto en el portafolio de postulación de cada abogado se debe establecer que no tiene cuentas ni demandas pendientes con el Estado, de lo contrario eso es causal para ser inhabilitado.
Lo paradójico del caso es que el fiscal anticorrupción evidenció en su carpeta que, en efecto, tenía demandado al Estado, pero no notificó que el Estado lo tenía demandado a él, argumentando que nunca se le avisó y mucho menos se le emplazó para darle seguimiento a esa demanda que ya supera los 10 años.
Luis Javier Santos y 7 abogados más, entre ellos el actual director de fiscales del MP José Mario Salgado, desde 2004 fueron asignados, en calidad de fiscales, para investigar el asesinato de la ambientalista Jeannette Kawas, quien fue ultimada en el interior de su casa situada en el barrio El Centro en Tela, Atlántida, al norte del país.
Para ese entonces Santos se desempeñaba como fiscal titular I en Tela y fue el único de los fiscales que presentó pruebas contundentes para poner tras las rejas a uno de los sospechosos que participó en el asesinato de la ambientalista, pero eso no fue suficiente y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó (CIDH) en 2009, condenó a Honduras por ese asesinato y, en consecuencia, en 2013, la PGR, demandó a los abogados que participaron en el caso por no tener eficiencia.
La presidenta de la Junta Proponente Rebeca Ráquel; el magistrado Wagner Vallecillo; el representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) Alexis Hernández; la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) Blanca Izaguirre y el representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Odir Fernández, fueron los proponentes que marginaron a Santos.
Por ejemplo, Odir Fernández, argumentó que Santos no debía estar en el proceso por estar demandado, sino también por ser uno de los fiscales que no logró hacer su trabajo a la hora de investigar qué personas estuvieron involucradas en el asesinato de la ambientalista.
“En el caso de Kawas el principal incumplimiento del Estado no fue que no se haya demostrado quienes perpetraron el asesinato, sino que el Ministerio Público no investigó, el Código Penal establece que los fiscales son los encargados de ejercer acción penal y por tal sentido los responsables continúan estando en la calle”, mencionó Fernández.
Agregó que “Como el Ministerio Público en ese caso no hizo su trabajo, internacionalmente nos condenaron y yo no puedo ser irresponsable en decir que vamos a obviar esta demanda contra el abogado Santos, porque fue uno de los responsables y no pudo hacer su trabajo.
En cambio, el representante de sociedad civil José Ramón Ávila, aseguró que la norma no se tenía que interpretar para perjudicar a Santos, ya que él fue el único fiscal que presentó evidencias en esa investigación y por eso sería no tenía que ser inhabilitado del proceso.
“Hay que analizar los contextos, el caso del abogado Javier no es el mismo que el de Urquía (otro inhabilitado), Santos notificó que tenía una demanda contra el Estado y no mencionó la otra porque no tenía conocimiento, es una demanda de hace 10 años en un caso que sólo él hizo el trabajo”, valoró.
“El abogado Javier Santos es conocido por su lucha anticorrupción, por sus luchas que hizo desde el Ministerio Público, quiero dejar marcado aquí que si lo inhabilitan esto dejará un mal precedente dejando por fuera a una persona que ha luchado y lucha contra la corrupción”, añadió.
Luis Javier Santos desde el momento que se postuló sostuvo que iba a tener varios obstáculos que iban a pretender sacarlo del juego ya que no tiene y nunca buscó algún padrino político que lo mantuviera en el proceso, hasta llegar a ser fiscal general.
El fiscal anticorrupción acompañó a la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) en la investigación de 12 mega casos de corrupción, involucrando directamente a diputados, funcionarios y empresarios encargados de saquear las arcas del Estado.
Precisamente desde sociedad civil atribuyen que la clase política trató y logró sacar del juego a Luis Javier Santos porque, siendo fiscal general, investigaría casos de corrupción que actualmente se mantiene engavetados en la fiscalía encabezada por Óscar Fernando Chinchilla.
Por otro lado, los proponentes no valoraron el recurso de reposición que presentó el abogado Mario Roberto Urquía Fajardo, el que se rumoraba era el ungido del oficialismo, por lo que no logró incorporarse al proceso de selección de la Junta Proponente.
PROCESO DE SELECCIÓN
Los integrantes de la Junta Proponente tienen la función de seleccionar la nómina de los cinco mejores abogados evaluados. Después, tendrán que enviarla al Congreso Nacional para que, en una sesión de segundo grado, elijan al próximo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, para el periodo 2023-2028.
En la primera fase de este proceso, que inició el 20 de junio y terminó el 27 del mismo mes, la Junta Proponente recibió 26 postulaciones, de las que, a medida ha ido avanzado, varios abogados han renunciado a su aspiración y otros han sido inhabilitados por no cumplir con los requisitos ya establecidos en la norma que rige esta instancia.
Durante la fase de subsanación de información, los proponentes enviaron a 20 abogados a corregir sus carpetas porque presentaron información falsa, errónea e incompleta. Pero sólo 18 lograron completar lo requerido.
La abogada Karen Alicia Motiño, afín al Partido Nacional, y Arnaldo Alvarado García fueron los aspirantes que fueron separados en esa fase tras no poder subsanar la información requerida a tiempo ante la Junta Proponente. Para hacerlo tuvieron 48 horas (desde el 1 al 3 de julio).
Después, los proponentes determinaron inhabilitar a la abogada y exdiputada del Partido Liberal, Sobeyda Judith Andino Álvarez, tras encontrar que no cumplía con la experiencia en materia penal que se requiere para ser fiscal general o fiscal adjunto y tampoco contó con el certificado de estar inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
Entre tanto, argumentando estar atravesando problemas personales, la profesional del derecho y actual titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna renunció a su postulación. Sin embargo, de acuerdo con el reglamento, igual tenía que ser inhabilitada por ostentar un alto cargo en una institución del Estado.
Mientras se desarrollaba la fase de tachas y denuncias, lo equivalente a la segunda fase de este proceso, el abogado Alejandro Alvarenga Padilla renunció a su postulación y denunció que el trabajo de los proponentes está maniatado porque ya hay nombres y apellidos de las personas que tendrán los altos puestos de la fiscalía.
Después inició la tercera fase del proceso: pruebas toxicológicas, patrimoniales y psicométricas, mismas que se hicieron de manera paralela mientras los abogados denunciados tuvieron el tiempo para desvirtuar las denuncias interpuestas en su contra.
Luego de los resultados de las pruebas toxicológicas y proceso de tachas y denuncias quedaron fuera del proceso los abogados: Plinio Leonel Consuegra, Olga Janeth Flores, Marco Antonio Zelaya Reyes, Omar Bonilla y Luis Javier Santos.
Son 15 abogados que continúan en la recta final del proceso, mismos que se someterán a entrevistas públicas, en la que se le consultará, por ejemplo, las intenciones si llegan a ostentar la titularidad de la fiscalía.
Posteriormente, los proponentes evaluarán a los abogados que pasaron los filtros anteriores, a quienes calificarán de 1 a 100 puntos, seleccionarán a los cinco que obtuvieron la mejor nota y posteriormente enviarán esa nómina al Congreso Nacional presidido por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo.
El Congreso, en esa etapa crucial, tiene dos opciones. La primera es reivindicarse con la sociedad escogiendo a los abogados por los méritos obtenidos en los filtros que hizo la Junta Proponente y, la segunda, es colocar a las personas que respondan a los intereses corruptos de la clase política y económica, siguiendo la misma hegemonía que mantiene la fiscalía en la actualidad.
