Tegucigalpa, Honduras.- Que no involucren más a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) en temas políticos, como, por ejemplo, el proceso de elección del nuevo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP), pidió Luis Javier Santos, coordinador de esa entidad.
“El proceso de elección del fiscal general y fiscal adjunto se ha convertido más en un tema político, que de idoneidad. Entonces, por eso queremos dejar clara nuestra posición, que no metan a la Uferco (en el debate de la elección del MP) porque está siendo utilizada (en los discursos) y debe estar al margen de las discusiones en el nombramiento del fiscal general”, dijo a Criterio.hn Luis Javier Santos.
Agregó que “la fiscalía que lucha contra la corrupción siempre van a tratar de polarizarla, ¿por qué? Porque las investigaciones siempre involucran a personas políticas y los políticos creen que, quienes realizan las investigaciones, piensan como políticos, que siempre van a intentar sacar un beneficio de algo”.
En ese sentido, Santos argumentó que las investigaciones ejecutadas por la Uferco, van cargadas de contenido suficiente para demostrar la culpabilidad de exdiputados, exfuncionarios y personas particulares vinculadas en la comisión del delito de corrupción, como el último caso presentado “Pandora II”.
“Nosotros no tenemos la culpa que personas involucradas en política, exfuncionarios y exdiputados salgan (salpicados) en los casos. Nosotros hacemos la investigación y a los involucrados los llevamos a los tribunales. Quiero dejar claro que nuestras investigaciones son respetando los derechos que la Constitución le reconoce a los investigados”, mencionó Santos.
Luis Javier Santos fue uno de los 26 abogados que se postuló (el uno de junio de 2023) ante la extinta Junta Proponente, para participar en el proceso de selección de los candidatos a ostentar el cargo de fiscal general o fiscal adjunto de MP, durante el periodo 2023-2028.
Sin embargo, su aspiración a ser la máxima autoridad de la fiscalía, que antes encabezaba el abogado Óscar Fernando Chinchilla, terminó por una interpretación, equivocada para varios expertos en la materia, de la Junta Proponente, liderada por Rebeca Ráquel Obando, actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
El motivo de la inhabilitación de Santos, que se perfilaba como uno de los favoritos para quedarse con el cargo de fiscal general, fue inhabilitado porque desde está demandado desde 2013 por la Procuraduría General de la República (PGR) y, de igual forma, él también tiene demandado al Estado.
Los partidos políticos opositores al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y que se han unido en un “Bloque de Oposición Ciudadana” sostienen que Santos, como no logró estar en la nómina final entregada al Congreso Nacional, ahora es un instrumento del oficialismo para hacer persecución a exfuncionarios de gobiernos anteriores y, de esa manera, ejercer presión en el proceso de elección de las nuevas autoridades que se mantiene empantanado.
Nota Relacionada: UFERCO acusa a expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa por fraude y lavado de activos
¿CÓMO Y POR QUÉ HAN UTILIZADO TEMAS POLÍTICOS A LA UFERCO?
El primer antecedente que demuestra como la Uferco comenzó a ser utilizado como instrumento de discurso político, fue el pasado uno de septiembre de 2023, después de tres intentos fallidos, en el mismo día, de escoger a las nuevas autoridades del Ministerio Público.
Ese día el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, ante la falta de consensos para concretar el proceso de elección adoptó dos determinaciones. La primera fue facultar a la Uferco para que se convierta en el principal ente investigador hasta que escojan al nuevo fiscal general y, la segunda, fue dotarla técnica y financieramente, amparado en el decreto 67-2022.
“En este Congreso Nacional prevenimos el hecho de que no lográramos el número de votos requeridos para el nombramiento del Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto, por lo que aprobamos el Decreto 67-2022 – con el que dimos amplias facultades a la UFERCO hasta que se elija un nuevo Fiscal”, escribió en la red social X (antes Twitter) el uno de septiembre, Luis Redondo.
En pocas palabras el oficialismo, amparados en el inciso 1 y 4 del decreto 67-2022, sostienen que no reconocen a Daniel Sibrián como fiscal general momentáneo porque ha sido cómplice de la hegemonía de impunidad y corrupción en la fiscalía y, en teoría, su gestión concluyó el 31 de agosto, imponiendo, en consecuencia, que la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) funcione como el ente principal de investigación, mientras los diputados deliberan y llegan a consensos para escoger a las próximas autoridades.
Otra arista que entró en tema de debate son los requerimientos fiscales presentados por la Uferco en contra de los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa, el pasado 11 de octubre, lo que el Partido Nacional (casa política a la que pertenecen ambos exfuncionarios), lo catalogó como una persecución política.
“Uferco como instrumento de persecución política de Libre por instrucción de gobierno está fraguando una acusación política a varios diputados para que la bancada ceda a las pretensiones de elegir al fiscal general de la familia Zelaya”, denunció el PN mediante un comunicado del PN.
Sin embargo, ante el poder y manipulación que Luis Redondo asegura tener sobre la Uferco y la denuncia del Partido Nacional, Santos sostiene que ambas posturas están erradas y su objetivo siempre se mantiene claro, que es perseguir a los orquestadores del delito de corrupción.
PROCESO DE ELECCIÓN FALLIDO, PRINCIPAL CAUSANTE DE ESTOS ESCENARIOS POLÍTICOS
El desencadene de las hipótesis y escenarios que plantean los políticos, tanto de oposición, como oficialista es la falta de consensos en el proceso de elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, que debió concretarse el pasado 31 de agosto, pero por la ineficiencia de los diputados, continúa siendo tema de debate y desestabilización.
Ante el proceso fallido de elección, las riendas del Ministerio Público las quedó llevando, de manera momentánea, el abogado Daniel Sibrián, quien fue el principal cómplice de las estrategias ilegales que dirigió el exfiscal general Óscar Fernando Chinchilla, que desde el uno de agosto se marchó a Nicaragua, país que refugia a exfuncionarios nacionalistas que se encargaron de saquear las arcas del Estado en los últimos 12 años.
