Foto portada: Horacio Lorca
Tegucigalpa, Honduras.- Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), presentó su postulación ante la Junta Proponente para intentar ser el próximo fiscal general de Honduras, pese a las componendas políticas que se fraguan desde el Congreso Nacional, en las que se rumorean nombres y apellidos que posiblemente ostenten los cargos (fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público), dijo a Criterio.hn.
“Se rumora que desde el Congreso hay arreglos, no sé si esa información es cierta o falsa, pero ese rumor es una de las principales desmotivaciones para los profesionales del derecho que queremos aspirar al cargo”, comentó.
Mencionó que las supuestas intenciones de la clase política para interferir en los procesos no es nada nuevo, pues en los 28 años que tiene como abogado y los 25 que tiene de formar parte de la Fiscalía, ha visto todas las “artimañas de funcionarios y diputados para colocar personas en esos puestos que obedezcan intereses corruptos”.
“Se ha intentado que las juntas (en este caso Junta Proponente) seleccione a los mejores calificados, pero al final caemos en lo mismo, que todos los candidatos llegan al Congreso Nacional y ahí, lo queramos o no, los nombramientos son por decisiones políticas, personas que respondan a intereses; y eso desmotiva”, valoró.
“Es difícil participar en un proceso donde no se tiene ningún padrino político, ningún apoyo político que garantice, al menos, que se puede ser seleccionada para algún cargo. A muchos abogados no nos interesa la política, nos postulamos a estos puestos porque nos interesa la justicia, la administración de la justicia y la administración efectiva”, agregó.
El fiscal aseveró que, aunque por el momento, prefiere mantenerlo en la discrecionalidad, tiene definido el plan que ejecutará para cambiarle la imagen a la fiscalía dirigida por Óscar Fernando Chinchilla, que estará en el cargo hasta el próximo 31 de agosto.
“Todavía me lo tengo reservado, pero en su momento voy a dar a conocer el plan de trabajo, que estoy puliendo hasta ahora, para ejecutar en el Ministerio Público (…) ya lo tengo en mente y habrá un momento para referirme a los aspectos”, mencionó.
Según Julio Raudales, el portavoz de la Junta Proponente, hasta la tarde de este martes 27 de junio, sólo cuatro abogados se han postulado, entre ellos, Mario Urquía, quien representó al Colegio de Abogados de Honduras (CAH) ante el grupo que seleccionó a los mejores abogados para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Paradójicamente, Urquía, de acuerdo con las versiones de algunos diputados, sería el abogado al que le darían el cargo de fiscal general de la República, porque representa los intereses políticos del partido que actualmente se encuentra en el poder: Libertad y Refundación (Libre).
En tanto, los otros abogados que se han llegado a postular son: Omar Bonilla Jiménez, Juan Rafael Soto, Marcio Cabañas Cadillo y Joel Antonio Zelaya Álvarez. Se presume que llegarán a postularse unos 25 abogados más, entre ellos el jefe de la Uferco, y tienen hasta las 11:59 de la noche de este martes para hacerlo, porque finaliza el proceso de convocatoria.
SOBRE LAS COMPONENDAS
El antecedente más cercano y que podría evidenciar la teoría del temor de Santos, es lo que dijo un diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) meses atrás, al alardear que el proceso de selección de la Fiscalía ya estaba maniatado, y el trabajo de la Junta Proponente sería cuestión de trámite, respetando los protocolos y normativas que lo implican.
El 17 de mayo de 2023, el congresista Manuel Rodríguez aseguró que a Yani Rosenthal, presidente del Partido Liberal, le dieron la oportunidad de poner a un abogado de su instituto político como fiscal general de la República, a cambio de apoyar a la bancada de Libre en el Congreso.
“A los liberales se les daba el fiscal general, esa era la negociación. (Esa figura) era para Yani, que él buscara (el candidato), pero con la condición de poder hacer alianzas legislativas para aprobar la CICIH y otras leyes”, expresó hace más de un mes el parlamentario a medios de comunicación.
Sin embargo, Rosenthal no se prestó para la supuesta componenda política. Muestra de ello podría ser que los diputados liberales se prestaron para aprobar la adhesión de Honduras al Banco Andino de Fomento (CAF), pero en la siguiente sesión se rehusaron a ratificar el acta, que impidió el proceso.
“Serían ineptos los de Libre al ceder la fiscalía general, cuando están a punto de tenerla y es parte de sus objetivos principales. Es claro que ellos tienen una intención muy definida de controlar todos los operadores de justicia y jamás van a ceder la fiscalía general”, aseveró Rosenthal, en respuesta a las palabras del diputado.
En la elección de los magistrados de la CSJ, precedida por la abogada Ráquel Obando, quien también encabeza la Junta Proponente, los tres partidos mayoritarios en el Congreso Nacional (Libre, Liberal y Nacional) firmaron un presunto acuerdo, en el que establecieron, a reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, para crear un segundo fiscal adjunto, y que la dirección de los fiscales entre también en elección.
Con la actual normativa sólo entra en elección la figura del fiscal general y adjunto y, con el cambio que se pretende en el Congreso, se crearía la figura de un segundo fiscal adjunto, y entraría en elección el jefe de los fiscales que, hasta el momento, es elegido por el principal del Ministerio Público.
Al respecto, Odir Fernández, quien representa a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ante la Junta Nominadora, aseguró que el resto de proceso de selección de los candidatos a magistrados continuará siendo apegado a lo que demanda el reglamento, que guiará el proceso y que se apega a la Constitución y Ley del MP.
“Con este acto, lo que estamos tratando de evidenciar es con la transparencia que se va a actuar en cada una de las acciones. Todas las acciones que vamos a desarrollar serán públicas, por lo tanto, no podemos limitarlo, y eso es lo que hemos decidido”, dijo Fernández, oficial de transparencia de la Junta Proponente.
Sobre los inhabilitados para postularse dijo que “el derecho de petición como hondureños lo tienen todos. Sin embargo, el artículo 20 de la Ley del Ministerio Público, establece inhabilidades y, una de las inhabilidades, es ser diputado y estar en altas jerarquías del Estado”, explicó.
El artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aclara que no puede ser fiscal un diputado, cónyuge, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad a la presidenta de Honduras, designado presidencial, titular del Congreso Nacional o de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
LO QUE SIGUE EN LA JP
Al concluir el proceso de postulaciones, la siguiente función de los integrantes de la Junta será investigar y analizar los perfiles de los abogados y, en ese mismo espacio, la población tendrá la facultad de denunciar y tachar a lo que han incumplido con los requisitos que establece la norma, como violentar derechos humanos y estar salpicado en la comisión de delitos, entre otros.
Después de ese filtro, los abogados serán evaluados con base en su experiencia como operadores de justicia, principalmente en la materia procesal y penal y, dependiendo de los resultados, se les dará una calificación de 1 a 100 puntos, para luego seleccionar a los mejores cinco, nómina que el 21 de julio la Junta presentará ante el Congreso.
En esa nómina que seleccione la Junta Proponente tendrá que incluir dos mujeres y tres hombres para que después los diputados en una elección de segundo grado, con la mayoría calificada de 86 votos, elija a las dos nuevas figuras del Ministerio Público que actualmente ocupan Óscar Fernando Chinchilla (fiscal general) y Daniel Sibrián (fiscal adjunto), que dejarán sus puestos el próximo 31 de agosto, para que los nuevos entren en funciones el 1 de septiembre.
