Tegucigalpa, Honduras. – El titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, tras ser inhabilitado de su aspiración a convertirse en el séptimo fiscal general de Honduras, advirtió que las arbitrariedades que se efectúen en el proceso de selección que está haciendo la Junta Proponente darán paso a que se consume el pacto tripartito que tiene las fuerzas políticas para continuar manipulando la fiscalía.
“Se me deja fuera del proceso de elección de fiscal general y, por otro lado, se le declara sin lugar el recurso de reposición a otro postulante, obligándonos a acudir a la Sala de lo Constitucional a interponer una acción de amparo con suspensión del acto reclamado, la cual, seguramente, se resolverá con la diligencia debida retrasando así el proceso de elección del fiscal”, escribió Santos en su cuenta de Twitter.
Por lo anterior, de acuerdo con Santos, Óscar Fernando Chinchilla, actual titular de la fiscalía, se mantendría en el cargo por un años más y se frenaría el proceso de selección que está haciendo la Junta Proponente y, en consecuencia, el Congreso Nacional tendría el tiempo para reforme la Ley Orgánica del Ministerio Público, consumando, de esta manera, el pacto tripartito que se suscribió entre los partidos políticos mayoritarios para repartirse cuotas de poder en la Corte Suprema de Justicia y en el Ministerio Público (MP).
“(En ese tiempo) se introducen las reformas Constitucionales correspondientes para elegir a dos fiscales adjuntos y el director de fiscales sea nombrado por el Congreso Nacional, de esa forma, cumplir con los compromisos políticos surgidos como consecuencia de las negociaciones realizadas durante el proceso de elección de los Magistrados de la Corte”, advirtió.
Agregó que “espero equivocarme y que mi instinto de investigador esté desapareciendo, para no sentirme doblemente utilizado por un sistema que no muestra el más mínimo interés en fortalecer el combate a la corrupción y la impunidad, precisamente, porque el sistema en sí es corrupto y se protege la impunidad”.
Aunque Santos, quien era el favorito de sociedad civil para ostentar la máxima autoridad de la fiscalía por su lucha contra la corrupción desde la Uferco, fue el que propuso la idea, aseguró que no interpondrá ningún recurso ante la Sala de lo Constitucional, porque sería darle vida al plan que tiene orquestado la clase política, que por años se han encargado de socavar las arcas del Estado y la fiscalía de Chinchilla ha hecho caso omiso.
Sin embargo, dejó el camino para que, por ejemplo, el abogado Mario Roberto Urquía Fajardo, que fue uno de los que también quedó inhabilitado del proceso por la interpretación que los proponentes le dieron a la ley, interponga el recurso ante la Sala de lo Constitucional y, posiblemente, sea admitido por Sonia Marlina Dubón, presidenta de dicha sala.
Sonia Marlina Dubón es la esposa del asesor presidencial, Enrique Flores Lanza, una de las personas que se benefició con la aprobación del decreto 04-2022, mejor conocido como el “nuevo pacto de impunidad” que premió a varios corruptos, permitiéndoles pasearse por el país porque sus delitos quedaron en la impunidad.
El acuerdo tripartito, integrado por el Partido Libertad y Refundación, Nacional y Liberal, se pactó para repartirse cuotas de poder en la elección de los nuevos magistrados de la CSJ y, posteriormente, hacer reformas a la Ley del MP para crear un segundo fiscal adjunto y que la dirección de las fiscales quede en elección, bajo el objetivo de entregar esos cargos a la clase política.
Lo anterior para que la hegemonía de impunidad y corrupción que ha venido arrastrando la fiscalía, desde la renuncia del actual postulante y exfiscal adjunto Yuri Melara en 2005 continúe prevaleciendo y, de esa manera, seguir protegiendo la clase política y económica que por años se han encargado de robar al Estado.
Con la actual ley del Ministerio Público sólo existe una figura de fiscal general adjunto y la dirección de fiscal recae sobre el fiscal general electo, contrario a lo que pretenden hacer desde el Congreso Nacional.
INHABILITACIÓN DE SANTOS
El pasado viernes 21 de julio, mientras se desarrollaba la nueva reunión de los integrantes de la Junta Proponente, en la que dieron listado de los postulantes que pasaron el proceso de tachas y denuncias, la Procuraduría General de la República (PGR) notificó que Luis Javier Santos está demandado por el Estado desde 2013.
A Santos el Estado lo demandó por ser uno de los fiscales que conoció e investigó el asesinato de la ambientalista Jeannette Kawas, quien fue ultimada en el interior de su hogar ubicado en el barrio El Centro, situado en Tela, en el departamento de Atlántida, al norte de Honduras.
Santos tomó el caso en 2004, cuando se desempeñaba como fiscal titular I de la fiscalía de Tela y fue el único que logró levantar un requerimiento en contra del sargento clase III de la Policía Nacional Ismael Perdomo, quien fue señalado por alterar la escena del crimen en la que pereció la ambientalista.
Sin embargo, por la falta de evidencias en el caso, la Corte Interamericana de los Derechos Humano (CIDH), el 3 de abril de 2009, condenó a Honduras y, en consecuencia, en 2013 la PGR demandó a todos los fiscales que conocieron el caso, en el que está incluido el director de fiscales, José Mario Salgado.
Tras conocer la denuncia, cinco de los 7 integrantes de la Junta Proponente, apegándose a lo que manda el artículo 42 del reglamento que rige esa instancia (no se debe tener cuentas pendientes con la ley), determinó inhabilitar a Luis Javier Santos, pese a que fue el único fiscal que investigó en el caso por el que lo tienen demando.
PROCESO DE SELECCIÓN
Los integrantes de la Junta Proponente tienen la función de seleccionar la nómina de los cinco mejores abogados evaluados. Después, tendrán que enviarla al Congreso Nacional para que, en una sesión de segundo grado, elijan al próximo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, para el periodo 2023-2028.
En la primera fase de este proceso, que inició el 20 de junio y terminó el 27 del mismo mes, la Junta Proponente recibió 26 postulaciones, de las que, a medida ha ido avanzado, varios abogados han renunciado a su aspiración y otros han sido inhabilitados por no cumplir con los requisitos ya establecidos en la norma que rige esta instancia.
Durante la fase de subsanación de información, los proponentes enviaron a 20 abogados a corregir sus carpetas porque presentaron información falsa, errónea e incompleta. Pero sólo 18 lograron completar lo requerido.
