Tegucigalpa.- «El fortalecimiento de la militarización en las zonas donde se encuentran las mayores riquezas naturales de Honduras no es casual», decía la lideresa de la comunidad indígena lenca  Berta Cáceres.

La defensora de los derechos humanos denunció y luchó contra la “militarización descarada” de las poblaciones indígenas y de la sociedad en general, la cual aumentó con el golpe de Estado de 2009 mediante la instalación de más batallones y bases militares.

No es casualidad tampoco que uno de los involucrados en su asesinato, ocurrido en 2016, sea un oficial de inteligencia militar.

“El golpe de Estado de 2009 abrió la puerta para que los militares salieran de los cuarteles e invadieran el espacio político, pero el Partido Nacional convirtió a los militares en un brazo armado del partido de gobierno”, dijo la socióloga Leticia Salomón durante un foro realizado este martes sobre la lucha antimilitarista de Berta Cáceres.

Leticia Salomón, socióloga del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH)

Es más, el presidente Juan Orlando Hernández “en su mandato legal e ilegal” los convirtió en “guardianes de un proyecto político personal impregnado de corrupción y narcotráfico”, dijo también la socióloga en el evento virtual organizado por la Fundación Friedrich Ebert y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) con la participación de analistas de Honduras, Guatemala y Estados Unidos.

Los militares son además “ejecutores” de una nueva versión del “viejo enemigo”, como son vistos los defensores del territorio y de los recursos a quienes hay que “combatir, encarcelar o matar”.

Salomón reflexionó que “pareciera que se reviven siempre las viejas posiciones de la década de los 80 y que están ahí escondidas, adormecidas y siempre dispuestas a salir en cualquier momento para recuperar espacio y para tratar de imponer una visión sumamente nociva y dañina para el país”.

Esa reconceptualización del “viejo enemigo” introduce el concepto de criminalización, el cual tiene tres componentes. El primero, los militares y policías dispuestos a reprimir; el segundo, las iglesias y los medios de comunicación ideologizando la conflictividad “e  introduciendo una visión maniquea” que convierte en buenos y malos a los que están luchando a favor o en contra de la defensa de los territorios y de los recursos; y el tercero, la judicialización en la que fiscales y jueces juegan un papel fundamental.

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Esas tres instancias se convirtieron en ejecutoras de “un proyecto político conservador, represivo, maniqueo y antidemocrático”, y explican el papel de los militares quienes tienen funciones específicas, las cuales, además, “realizan con muchísimo entusiasmo”, expresó la socióloga.

Entre esas funciones específicas están las de hostigar a los habitantes de las poblaciones indígenas, como ha ocurrido en la comunidad de Río Blanco, en el occidental departamento de Intibucá, donde la Policía Nacional ha encañonado y amenazado con matanzas a infantes, mujeres y ancianos.

Estas acciones de sometimiento de los pueblos indígenas y sus territorios son atribuidas al interés de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos (DESA), al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al Banco Mundial y al gobierno de Honduras en sostener el sistema extractivista.

La lideresa lenca Dorian Gómez, integrante del Copinh, resaltó que estas comunidades de gran riqueza natural son lejanas, de difícil acceso y prácticamente están incomunicadas.

Son comunidades pobres, desatendidas por el gobierno que, en cambio, sí tiene dinero y logística para enviar hasta diez camiones con policías y militares, pero no para brindarle seguridad a la población “sino para respaldar los proyectos hidroeléctricos”.

Dijo además que “con tal de que sea a favor de las empresas, el gobierno sí promueve todo lo que tiene que promover”, incluyendo actos de violencia de policías y militares en comunidades como Río Blanco.

“Berta Cáceres fue una latinoamericanista y una luchadora social a nivel mundial”, dijo por su parte el director del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) Gustavo Irías.

En su práctica política, Cáceres hizo uso de muchos conceptos, entre ellos militarización y enclave, dijo el economista.

Uno es la militarización, como un factor y fuerza bloqueadora del cambio político y la realización de derechos, “lo cual Berta comenzó a vivir desde su juventud como parte de la generación de los 80 enfrentándose a la militarización en la búsqueda de un mundo mejor”.

El otro es el enclave, que “se cruza con la militarización, concebido como un segmento del territorio, del país” en el que las élites y grupos locales “de manera complaciente” ceden la soberanía “al capital transnacional, a potencias extranjeras”, dijo Irías al referirse al proyecto de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE).

El término enclave tiene dos niveles, el militar que está muy claramente relacionado con las denuncias que Berta hacía sobre la presencia militar estadounidense, y el económico, referido a los territorios que requiere el capital transnacional para generar más ganancias y lucro, expuso el economista.

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El proyecto extractivista al que se opuso Berta Cáceres solo ha sido posible a través de la remilitarización del país y la militarización de territorios, sostuvo.

El llamado a actuar que hizo Berta en 2015, cuando recibió el Premio Goldman, “no solo era para el 2015, es para hoy y es para esta época marcada por esta abominación neocolonial, por este neoliberalismo, por este proyecto extractivista”, reflexionó el economista.

“El gran desafío es identificar quién, cómo y cuándo iniciará el desmontaje de este proyecto político y su sustitución por otro que sea capaz de recuperar soberanía sobre los territorios, restablecer un estado de derecho al servicio de los intereses nacionales, restaurar el respeto a la vida, a los defensores de los recursos y a los defensores de los defensores”, dijo también Leticia Salomón en su mensaje.

Consideró que es necesario repensar un modelo diferente de fuerzas armadas y policía, y darle “una gigantesca sacudida al sistema de justicia” para que restaure la confianza y se elimine la sensación de indefensión “en que nos encontramos todos”. Todo eso pasa por la despolitización partidaria, agregó.

Finalmente, la socióloga reflexionó que la lucha antimilitarista de Berta, y de todos los que están desarrollándola en los últimos años, no solo debe fomentarse y recordarse, sino que debe inculcarse como una demanda urgente y necesaria de cambio en Honduras.