A consideración de analistas consultados por Criterio.hn es necesario que exista una sintonía entre los tres poderes del Estado para trabajar en el combate a la corrupción y la impunidad
Tegucigalpa, Honduras.- La transformación y reformas al sistema judicial y de persecución penal del Estado hondureño van más allá de si son propuestas para la instalación de un mecanismo internacional contra la corrupción y la impunidad (CICIH).
Aunque el equipo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) diagnosticó en 2023 que existe la necesidad de efectuar al menos nueve reformas al estamento legal y así garantizar las condiciones mínimas para que funcione un ente anticorrupción, es una obligación de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, promover y materializar esas modificaciones.
Sin embargo, lejos de ello, no es perceptible una voluntad o coordinación destinada a efectuar dichas reformas legales, cuando, por ejemplo, los discursos de los líderes del Congreso Nacional indican que no consideran necesario que haya algún tipo de reforma legal y que perfectamente en el país puede instalarse una CICIH.
Honduras se posicionó en el 154° lugar del Índice de Percepción de la Corrupción 2023, publicado por Transparencia Internacional, como el quinto país peor colocado de Latinoamérica y el Caribe, por detrás de Venezuela, Nicaragua, Haití y Guatemala, lo cual se atribuye al débil sistema de justicia y a la falta de controles de prevención de la corrupción.
Las recientes elecciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la fiscalía general del Ministerio Público, efectuadas en 2023 y 2024 en medio de componendas político-partidarias dentro del Congreso Nacional, con la colocación de magistrados y fiscales precondicionados con compromisos con los grupos de poder político y económico, tampoco han abonado.
De igual modo, mientras el Congreso Nacional no muestra la voluntad de cimentar el marco jurídico necesario para fortalecer la lucha contra la corrupción, y las negociaciones para una eventual CICIH entre el Gobierno y la ONU siguen un curso lento, la corrupción y la impunidad se mantienen vigentes.
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CONGRESO NACIONAL, EL PRINCIPAL OBLIGADO
A consideración del investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera, el Congreso Nacional, el llamado a legislar contra la corrupción y la impunidad, se ha caracterizado por las excusas y los discursos alejados de la realidad.
«¿Cómo no van a ser necesarias las reformas al Código Procesal Penal y a la Ley del Ministerio Público? ¿Cómo no va a ser necesaria una ley de colaboración eficaz? Me parece que existen muchas excusas por parte del Congreso Nacional, donde deberían estar trabajando en las reformas y plantearlas ante el pleno para determinar y exponer a quienes de verdad están en contra del combate a la corrupción», dijo Mejía Rivera a Criterio.hn.
El analista también condenó la propuesta hecha por la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Zelaya, encaminada a una Ley Especial de la CICIH, que, dijo, «entorpecerá la llegada de la CICIH».
Por su parte, el integrante del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH, Aníbal Cálix, lamentó en conversación con Criterio.hn que existan líderes del Congreso Nacional que antes abanderaban la lucha contra la corrupción y ahora callan ante ella.
«La mayoría de las medidas para fortalecer los niveles de impunidad pasan por el Congreso Nacional. Es lamentable que desde ahí no se estén impulsando esas reformas. Honduras es un país con un sistema permeado por la corrupción, y la clase corrupta, a través de los diputados, ha estado obsesionada con evitar el fortalecimiento de la persecución penal y la impartición de justicia», señaló Cálix, exdiputado del Partido Anticorrupción entre 2014 y 2018.
CICIH, EN LARGA ESPERA
Actualmente, el Gobierno y la ONU negocian en torno al borrador del convenio de la CICIH, el cual deberá ser aprobado por al menos 65 votos de los diputados del Congreso Nacional, aunque, en caso de establecerse reformas constitucionales, serán 86 las voluntades que se requerirán.
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En el marco de las negociaciones, un equipo de expertos de la ONU planteó en 2023 la necesidad de efectuar nueve reformas, entre las cuales figuran reformas al Código Penal y Código Procesal Penal, la derogación del decreto 117-2019, la reforma del decreto 4-2022, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, y las derogaciones de los decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021.
No obstante, el Congreso Nacional solo ha cumplido en derogar los decretos 116-2019, 57-2020 y 53-2021, que obstaculizaban la labor del Ministerio Público y modificaban la figura de lavado de activos, mientras continúa sin existir claridad en cuanto al resto de reformas y la voluntad política por combatir la corrupción.
