Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa.- El más reciente informe oficial que sirvió de base para disolver el Consejo de la Judicatura, adelantar la renuncia de los Concejales, eliminar la ley que le dio vida y devolver plenos poderes a la figura del presidente del Poder Judicial, permitió también conocer de a poco los secretos de la tasa de seguridad y la discrecionalidad en el uso de sus fondos.
De acuerdo al Informe de la Mesa Técnica de Verificación de Actuaciones en Administración de Personal, de la Corte Suprema de Honduras, el Consejo de la Judicatura hizo uso discrecional de una resolución aprobada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) que autorizaba el uso discrecional de los fondos de la tasa de seguridad para otorgar un “incentivo navideño” a los operadores de justicia por su lucha en el combate al delito y la criminalidad.
Esta partida de pago de incentivos, obviamente no es pública en el presupuesto de la República, puesto que el dinero de la tasa de seguridad es secreto según el CNDS amparado en la llamada ley de secretos oficiales.
Gracias a ese trabajo de la Mesa Técnica del Poder Judicial es que sabemos que existe la resolución CNDS-0127/2014 en la cual se aprueba una partida millonaria de un poco más de tres millones de lempiras para otorgar a los operadores de justicia para beneficio propio y de sus familias un incentivo navideño por su lucha contra el crimen organizado y el crimen en todas sus manifestaciones.
Fue así que el Consejo de la Judicatura haciendo uso de esa plata la repartió a diestra y siniestra entre quienes consideró se fajaron en la lucha anticrimen: asesores de la presidencia del poder judicial, secretarias, todos los motoristas de los concejales del ya disuelto Consejo, secretaria general, jefe de protocolo y eventos especiales, Presidencia, dirección administrativa, encargado de flota, entre otros. Es hasta curioso, pero el motorista que se hizo abogado y fue ascendido a la Defensoría Pública aparece como beneficiado del bono navideño bajo la figura de “motorista”. Le dieron 14 mil lempiras de bonificación navideña ¡Cosas veredes Sancho, amigo!
Así fueron repartidos un poco más de 1.7 millones de lempiras por concepto de bono navideño de la tasa de seguridad a personal que no fueron ni jueces ni actores que, en apariencia, tuvieron que luchar frente a frente contra el crimen, según deja entrever el documento oficial.
Pero como el poder legal constituido ya le estorbaba el Consejo de la Judicatura y sus abusos, los ciudadanos pudimos darnos cuenta de esa discrecionalidad con que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad maneja los recursos procedentes del impuesto que saca a la clase media, al amparo de la ley de secretos. El poder suelta lo que quiere cuando desea deshacerse de algo.
No es que sea malo incentivar a quienes trabajan en la dura lucha contra el crimen organizado, pero ¿quién garantiza—a la luz de lo que hizo el Consejo de la Judicatura—que los otros operadores de justicia no hicieron un uso discrecional similar? La duda sigue al periodista.
Echando una mirada al portal de transparencia de la tasa de seguridad poblacional uno aprecia que el 39% de los más de ocho mil millones de lempiras recaudados por este impuesto, se han ido para las Fuerzas Armadas de Honduras—aparte de su presupuesto anual asignado–, 29% para la secretaría de Seguridad, 18% a la Dirección de Inteligencia y apenas 2% al Poder Judicial y 4% al Ministerio Público.
Y si de prevención se trata, la distribución de los fondos del tasón de seguridad es deplorable: apenas 6% de esos fondos van para programas de prevención, mientras los gobiernos locales o municipios dando gracias les asignan un 1% de esos más de ocho mil millones que generan los hondureños mediante ese impuesto. El Estado y el gobierno se estrellan con sus propias cifras.
La militarización de la seguridad pública tiene una carrera ascendente y la tasa de seguridad sigue sin ser transparente en su rendición de cuentas, pues coloca lo que le conviene o lo que sugiere el CNDS que parece haberse colocado como un órgano supranacional por encima de la Constitución y del propio IAIP.
En el portal de transparencia de la tasa de seguridad poblacional dice que al 31 de enero de 2016, tenía fondos disponibles por más de nueve mil millones de lempiras, pero en ninguno de sus ítem aparece la resolución del CNDS que dio vida al famoso bono navideño; es decir, sino es por ese informe del poder judicial, nunca nos hubiésemos dado cuenta los hondureños de esos usos confidenciales de partidas presupuestarias.
De ahí la importancia de reformar la ley de secretos porque al amparo de la misma se están cometiendo actos que todo indica riñe con la ley, más aún ahora que en nombre de la “seguridad nacional” las autoridades de la desaparecida DEI han dicho que el nuevo Sistema Aduanero de Rentas (SAR) será de seguridad nacional. ¿Más secretos a los secretos?
De cara a la instalación formal de la Misión de Acompañamiento contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), su acceso a la información pública será puesto a prueba porque encontrará no solo un poder judicial concentrado y controlado bajo una sola figura, sino que también más secretos en estas Honduras.
