Por: Redacción AGENCIAS
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BRASILIA — Paulo Maluf, un legislador brasileño, está tan rodeado por escándalos de corrupción, que sus votantes a veces lo describen con el lema “Rouba mas faz”, es decir, roba pero trabaja.
Pero, al igual que muchos de los congresistas brasileños manchados por escándalos, Maluf dice que está harto de la corrupción en el país y que por eso apoya el juicio político que podría apartar del cargo a la Presidenta Dilma Rousseff.
“Estoy en contra de todas las negociaciones sospechosas del gobierno”, dijo Maluf, de 84 años y exalcalde de São Paulo, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por haber robado más de 11,6 millones de dólares en sobornos.
El impulso para enjuiciar a Rousseff está ganando ímpetu. Este fin de semana podría darse un voto clave en la cámara de diputados que podría mandar el caso al senado, donde se tomaría la decisión final. Esta semana, varios partidos políticos de la coalición de gobierno le dieron la espalda, lo cual dejó a la presidenta en una posición muy vulnerable.
Sin embargo, algunos de los legisladores que apoyan el juicio político con mayor fervor también están enfrentando cargos serios por corrupción, fraude electoral y violación a derechos humanos, lo que ha generado un debate nacional sobre la hipocresía de los líderes brasileños.
Rousseff es una anomalía entre los principales personajes políticos, pues no ha sido acusada por enriquecimiento personal.
Eduardo Cunha, el poderoso vocero de la Cámara de Diputados de Brasil y quien lidera el intento de juicio político, será juzgado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por haber obtenido 40 millones en sobornos. Cunha, un locutor de radio cristiano evangélico y un economista que con frecuencia publica citas de la Biblia en Twitter, está acusado por lavado de dinero a través de una megaiglesia evangélica.
El Vicepresidente Michel Temer, quien tomaría el lugar de Rousseff si la presidenta fuera obligada a dimitir, ha sido acusado de estar involucrado en la compra ilegal de etanol.
Renan Calheiros, líder del senado y quien también hace parte de la línea de sucesión presidencial, es investigado por acusaciones de haber recibido sobornos en medio del escándalo que rodea a la compañía petrolera nacional, Petrobras. También se le ha acusado de evasión fiscal y por permitir que un cabildero pagara la pensión de una hija, producto de una relación extramarital.
En conjunto, el 60 por ciento de los 594 miembros del Congreso de Brasil enfrentan cargos como recepción de sobornos, fraude electoral, deforestación ilegal o secuestro y homicidio, de acuerdo con Transparency Brazil, un grupo de revisión de casos de corrupción.
Este argumento se ha convertido en parte de la estrategia de defensa de la presidenta. En específico, Rousseff y quienes la apoyan se preguntan si una persona que enfrenta un posible juicio por corrupción puede ser la encargada de liderar los esfuerzos para destituir a la presidenta.
El jueves, José Eduardo Cardozo, fiscal general de Brasil, dijo que la fiscalía ha apelado al Supremo Tribunal Federal en un intento por frenar el procedimiento de juicio político.
En una sesión larga, la mayoría de los jueces de la corte suprema rechazaron la petición para anular la votación que se realizará este fin de semana y que decidirá si el juicio político de la Rousseff pasa a la siguiente fase.
Es innegable que la popularidad de la presidenta en Brasil va en picada; sin embargo, algunos brasileños consideran que el juicio político tiene poco que ver con esfuerzos reales para combatir la corrupción y más con un cambio en el poder impulsado por legisladores con una reputación cuestionable.
Entre los opositores a Rousseff en el congreso se destaca Éder Mauro, quien enfrenta cargos por tortura y extorsión cuando se desempeñó como oficial de policía en Belém, una ciudad amazónica asolada por el crimen.
Otro de los legisladores que apoya el juicio político es Beto Mansur, quien enfrenta cargos por mantener a 46 trabajadores de su granja de soya en Goiás en condiciones deplorables.
