Los desafíos del próximo gobierno

Por: Edmundo Orellana

No será fácil el próximo gobierno. Son muchos los problemas y más los obstáculos que habrá de remover para resolverlos. Unos, los menos, serán resueltos, definitivamente; otros, tendrán soluciones parciales; y, los más, apenas serán medianamente atendidos.

La seguridad es una primera prioridad, sin duda. La seguridad pública, porque nuestras vidas, integridad y bienes siguen amenazadas por el crimen común y organizado; la seguridad jurídica, porque sin reglas claras y estables ni instituciones fuertes, nuestro sistema político- jurídico continuará generando impunidad e injusticia, y ahuyentando la inversión extranjera.

Para lograrlo, debe reconstruir el Estado de Derecho, suprimiendo la normativa que atribuye al Presidente potestades sobre los demás Poderes del Estado, cuyos titulares, incluido el Fiscal General, se someten a las mismas, obedeciendo sumisamente las decisiones que se adopten en el Consejo de Defensa y Seguridad, cuya presidencia ostenta el Presidente de la República.

También debe suprimir o reformar la normativa que somete el sistema de justicia penal al Presidente de la República y militariza su operatividad, adscribiendo, los jueces y fiscales de jurisdicción nacional, a la Policía Militar del Orden Público. Eliminar, en otras palabras, la potestad que tiene el Presidente de la República, en su condición de presidente del Consejo de Defensa y Seguridad, para designar esos jueces y fiscales, de jurisdicción nacional, subordinados a los jefes de la Policía Militar del Orden Público.

La transparencia y rendición de cuentas son otras prioridades de primer orden. Lo son, porque los fondos que administra el gobierno no son de los gobernantes, sino de los gobernados, quienes exigen saber, con exactitud, con cuántos recursos contamos para enfrentar nuestros problemas, qué programas y proyectos son destinatarios de esos recursos, cómo se aplican y en qué han incidido estos esfuerzos en la calidad de vida del hondureño. De lo contrario, los recursos se extravían en el trayecto hacia su destino, bien porque los sustraen, los dispendian o se pierden en los laberintos de la burocracia, postergando las soluciones y perpetuando la pobreza, la exclusión y la discriminación.

Para lograrlo, debe eliminar ese caldo de cultivo de la corrupción en que se ha convertido la ley que transforma en secreto de Estado la gestión de los recursos financieros públicos y el ejercicio de determinadas funciones públicas. Debe, en consecuencia, hacer del conocimiento público en que se destinaron y en que se aplican los recursos del “Tazón”, de OABI y de COALIANZA.

Debe, también, revertir esa decisión de rebajar las penas para los delitos de corrupción, aumentándolas, para que su aplicación rigurosa, y sin excepciones, siente precedentes ejemplarizantes que desanimen a los émulos de los saqueadores del IHSS y demás instituciones del Estado.

En esta misma línea, habrá de suprimir las potestades legislativas que, contrariando la Constitución, se atribuyeron al Presidente de la República para organizar el Poder Ejecutivo, desde las Secretarías de Estado, hasta la última dependencia, como se le antoje, creándolas, suprimiéndolas, fusionándolas y separándolas; asimismo, la potestad de decidir asuntos que, por ley, compete resolver a los subordinados, propia de regímenes superados,  como los de la colonia, o repudiables en el mundo contemporáneo, como los de los tiranos africanos.

Concerniente a todo lo dicho y, en especial, para reconstruir nuestra democracia, debe, el nuevo gobierno, proclamar y hacer efectiva la Primacía de la Constitución sobre todas las demás leyes, reivindicando la vigencia plena de los artículos que prohíben la reelección y, consecuentemente, promover la rectificación, en la jurisdicción constitucional, de las tristemente célebres sentencias que promovieron la desestabilización política del país, pretendiendo derogar la prohibición de la reelección, declarando, absurdamente, la inconstitucionalidad de la Constitución.

Debe aplicar también la pena de privación de dominio a los corruptos, para que devuelvan los dineros y bienes de los contribuyentes y atender los insondables déficits en los servicios públicos, además de recluirlos en las cárceles de máxima seguridad.

Evaluar la gestión y conducta de los que fueron electos por el actual Congreso Nacional para asumir la titularidad de Poderes Públicos e importantes organismos con competencias en la lucha contra la corrupción, para determinar su responsabilidad política y, eventualmente, incoar, en su contra, el respectivo juicio político.

Finalmente, abrir la función pública y someter, en general, a concurso público los cargos para que accedan a los mismos todos los que acrediten tener los méritos personales y profesionales que el cargo exija, dejando en el pasado, para siempre, la perniciosa costumbre de que acceden a los mismos solo los activistas del partido de gobierno.

Al mismo tiempo que atienda estas prioridades, el próximo gobierno debe dedicar su tiempo y talento a resolver los problemas históricos y, además, urgentes del país.

¡Menuda tarea le espera al próximo gobierno, especialmente al nuevo Presidente! ¡Bienvenido sea!