Por: Leticia Salomón
El triunfo de la izquierda hondureña, tras ocho años de gobierno conservador autoritario y corrupto de Juan Orlando Hernández y un golpe de Estado en 2009, está marcado por una suma de desafíos y la posibilidad de frustración de las expectativas de cambio. Pero, en definitiva, las últimas elecciones abrieron una nueva etapa en el país centroamericano.
El 6 de mayo se cumplieron los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Su llegada al gobierno el 27 de enero de 2022 se produjo en un contexto lleno de expectativas y esperanzas, tras 12 años consecutivos del Partido Nacional (2010-2022), que asumió el poder político inmediatamente después del golpe de Estado de 2009. Ocho años de los últimos dos gobiernos correspondieron a Juan Orlando Hernández (2014-2022), denunciado por corrupción y narcotráfico, y hoy detenido en Estados Unidos luego de concretarse el proceso de extradición desde Honduras.
Durante ese tiempo, hubo un fuerte retroceso en lo que se había avanzado en el proceso de construcción democrática iniciado a comienzos de la década de 1980 y se degradó el estilo de hacer política y de ejercer gobierno, ambos caracterizados por una visión patrimonialista extrema del Estado. Esta se evidenció en un saqueo generalizado de los bienes y recursos públicos mediante redes de corrupción y un control total del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado y sobre las instancias claves relacionadas con el control de cuentas, mecanismos de transparencia y sistema electoral.
Las elecciones generales de noviembre de 2021 marcaron un alto en este proceso. Pero el país heredado y el Estado recibido por el nuevo gobierno están marcados por el saqueo sistemático y generalizado, un presupuesto muy limitado, una acentuada debilidad institucional, la politización de la justicia, un peligroso acercamiento entre Estado y líderes religiosos, particularmente evangélicos, y la represión y judicialización de la protesta social.
La toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro representa la restauración de la esperanza de amplios sectores de la población que confían en que la nueva mandataria, la primera mujer en ocupar la Presidencia en la historia del país, revertirá la estructura de impunidad que sostuvo al ex-presidente Hernández; derogará muchas leyes que comprometieron la soberanía nacional, los derechos humanos, la transparencia en el manejo del presupuesto, el castigo a los corruptos, el saqueo de las instituciones del Estado y la criminalización de los defensores del ambiente, entre otras; y confían en que se abrirán las posibilidades de una mejoría económica que les permita atender sus necesidades más elementales y ver con más esperanza el futuro inmediato.
No obstante, este inicio se vio empañado por una crisis dentro del Partido Libertad y Refundación (libre), que impactó en el Congreso Nacional y que se tradujo en la existencia simultánea de dos juntas directivas, debatiendo al mismo tiempo y en lugares diferentes. Esta situación, que se prolongó durante varios días, mostró una fisura en el nuevo partido de gobierno cuando un grupo de 20 diputados desconoció un compromiso de campaña que otorgaba al Partido Salvador de Honduras (PSH) la Presidencia del Congreso y decidió asumir esa instancia, negociando para ello con el Partido Nacional, que gobernó el país en los últimos 12 años y es responsable de la situación crítica en la que se encuentra en este momento. Aunque la crisis se resolvió, fue una muestra de las dificultades que enfrentará el nuevo gobierno.
La presencia de la vicepresidenta Kamala Harris en la asunción de Castro y la extradición del expresidente Hernández parecen indicar que la lucha contra la corrupción, más que la ideología, marcará las relaciones entre Honduras y EE.UU.
Cabe mencionar que esto ocurre cuando Honduras vive aún secuelas del golpe de Estado de 2009, entre ellas la creciente polarización de la sociedad, un lenguaje anticomunista propio de la Guerra Fría y la obsesión enfermiza de los conservadores con el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
Para sorpresa de todos, en particular del Partido Nacional, el intento de convertir la lucha electoral en una guerra ideológica no tuvo el éxito alcanzado con el golpe de Estado de 2009. De forma hábil, el principal partido libre impulsó a última hora, y cuando nadie lo esperaba, una coalición con otras fuerzas que están lejos de identificarse con la izquierda, entre ellas el PSH, de reciente creación, el Partido Innovación Nacional y Unidad (PINU) y un grupo fuerte de dirigentes del Partido Liberal.
Con esta alianza se neutralizó el creciente proceso de ideologización y se propició la articulación de un bloque de centroizquierda que ganó las elecciones y conformó un plan de gobierno con un claro elemento aglutinador: desmontar la estructura de corrupción, narcotráfico, criminalización, entrega de soberanía, fraude electoral, atrofia de los servicios públicos e insatisfacción de las necesidades básicas de los hondureños. Este elemento aglutinador entre fuerzas políticas diferentes se expresó en las acciones e iniciativas de los primeros 100 días de gobierno, llenos de urgencias, desafíos y dificultades.
Las urgencias
Desmontaje del anterior estilo de gobernar
El anterior mandatario, Juan Orlando Hernández, conocido como JOH, se caracterizó por el autoritarismo en la gestión estatal. Desarrolló un estilo basado en una cultura secretista con clara influencia militar, argumentando que una gran parte de la información del Estado debía clasificarse con diferentes niveles de secretismo por «motivos de seguridad», lo que llegaba a incluir reservas que violentaban las normas mínimas de transparencia. Pero no solo eso: también puso a su servicio a diferentes instituciones del Estado que le permitían criminalizar a quienes protestaban o lo cuestionaban, con diversos recursos que encubrían la tendencia a la represión directa. La derogación de la Ley de Clasificación de Documentos, conocida como Ley de Secretos, se convirtió en uno de los pilares desarticuladores del estilo autoritario de JOH para la nueva alianza de gobierno.
Enfrentar problemas heredados del gobierno anterior
El nuevo gobierno asumió funciones en condiciones de precariedad extrema en cuanto a falta de recursos presupuestarios, elevada deuda externa, nombramientos pendientes de personal de salud contratado para la pandemia, Se propició la articulación de un bloque de centro-izquierda que ganó las elecciones 137 demandas acumuladas de los transportistas y compromiso de los ingresos de la denominada tasa de seguridad durante el año 2022. Todo ello explotó en los primeros días de gestión y obligó al gobierno a centrarse en lo urgente, postergando lo importante, como el impulso de mecanismos de diálogo para encontrar soluciones y resolver las situaciones críticas evitando los enfrentamientos o la represión que eran usuales en el gobierno anterior.
Reorganización del aparato estatal
El estilo anterior de hacer gobierno suponía una excesiva concentración de decisiones en el presidente de la República; duplicidad de funciones en varias instituciones; creación de muchas otras con funciones compartidas; creación de múltiples fideicomisos y establecimiento de alianzas público-privadas para impulsar proyectos que evadieran los procedimientos de la administración pública. Se volvía perentorio ordenar, desconcentrar, fusionar, eliminar y crear instituciones, lo cual se volvía más difícil luego del nombramiento de funcionarios según el esquema institucional heredado del gobierno anterior.
La decisión se produjo de forma paralela a la modificación del presupuesto que había quedado aprobado en diciembre de 2021 sin la participación de las autoridades recién electas; ambas decisiones, institucionales y presupuestarias, tomadas en el mes de abril de 2022, reflejan con claridad, aunque con cierta improvisación, las prioridades del gobierno, centradas en salud, educación, desarrollo agrícola y forestal, combate de la corrupción y desarrollo social.
Demandas ciudadanas y compromiso electoral
Demandas sociales muy claras, recogidas en el plan de gobierno de libre y sus aliados, son el combate de la corrupción, el abordaje del tema de la energía, con sus contratos oscuros y un alto precio para los consumidores, y lo relacionado con el vigente empleo por hora. La primera se abordó con la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia, presidida por el exfiscal general Edmundo Orellana Mercado. Las otras dos fueron objeto de una acción coordinada entre la presidencia de los dos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, que condujo a la derogación de la Ley del Empleo por Hora y a la remisión al Congreso Nacional, por parte del Ejecutivo, de un proyecto cuyo nombre indica por sí solo el compromiso con el tema: «Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social».
Presión de la clientela política
A lo largo de 12 años en el gobierno, el Partido Nacional logró ubicar a su clientela política en los diferentes niveles de la burocracia estatal. La avasalladora derrota de este partido en las últimas elecciones, sumada al grave problema de desempleo en el país, hizo que se produjera una enorme presión social sobre el nuevo gobierno por parte de los militantes y seguidores de libre y del PSH, motivados por el triunfalismo de los resultados electorales y cierto espíritu de revancha, en un «ahora nos toca a nosotros». Esa presión fue intensa y obligó a varias instancias a iniciar procesos de despido y nuevas contrataciones, pese a las limitaciones presupuestarias y laborales. No se resolvieron a plenitud las demandas clientelares, pero se las logró aplacar, mientras se impulsa desde el gobierno un buen plan de empleo y se generaliza para el Estado la idea de una base laboral profesional y permanente, a salvo de los cambios de gobierno y de partido.
Manejo policial de la inseguridad
La inseguridad ciudadana sigue siendo un problema grave en el país y en sus diversos componentes, no solo por el índice de homicidios, sino por los niveles de criminalidad. La nueva gestión parece estar avanzando en una tendencia al manejo policial de la seguridad, vislumbrando un tímido proceso de desmilitarización de la policía y de conducción de sus operaciones. Haber nombrado a un policía en la Secretaría de Seguridad es un avance, aunque falta mucho para consolidar la conducción civil, lo que se logrará cuando se nombre a un civil en esa Secretaría con verdadero poder de mando. De igual manera, es un buen inicio, aunque sin garantía de éxito, haber retirado el control del sistema penitenciario de manos de militares, e ir empujando a estos al desempeño de sus funciones primarias: la defensa de la soberanía e integridad territorial.
Los desafíos
Pluralidad
La conformación de un gobierno producto de una alianza electoral supone una pluralidad en la conformación del gabinete y otros poderes del Estado y, sobre todo, la aceptación de este hecho como parte esencial de la relación entre fuerzas y personas que constituyen la base de la alianza. Es indudable que libre es el partido mayoritario dentro de la coalición, el que representa la mayoría partidaria en el Poder Legislativo y el que conduce la alianza, aunque tema central no todos parecen entenderlo. De igual manera, el Poder Legislativo es el espacio plural por definición, donde coexisten todas las fuerzas políticas del país. El diálogo entre ellas forma parte del juego democrático, en especial cuando se necesitan consensos para la aprobación, eliminación o reforma de leyes que requieren mayoría simple o mayoría calificada. Las dificultades para aceptar y promover la pluralidad forman parte del déficit de cultura política democrática, por lo que esto se convierte en un verdadero desafío.
Diversidad
La conformación del partido libre está vinculada a la resistencia contra el golpe de Estado de 2009. De hecho, la agrupación se convirtió en el brazo político de la resistencia, en tanto se mantenía en el ámbito social y con total independencia de aquella. La diversidad ideológica se encuentra en la base de esta fuerza política, conformada por un sector del Partido Liberal seguidor del ex-presidente Manuel Zelaya. libre cuenta con una importante presencia de movimientos sociales, en particular de mujeres, jóvenes, ecologistas, defensores de derechos humanos, artistas y un sector sindical de centro-izquierda, antiguos comunistas y un sector estudiantil de izquierda radical.
Es un partido diverso y como tal, está lleno de contradicciones internas que se expresan también en el ámbito externo. Aceptar la diversidad es un desafío tanto para este partido como para sus contendientes.
Es importante, en este sentido, ver cómo quedó conformado el gabinete de gobierno: salvo dos o tres integrantes con ideología de izquierda, actual o pasada, el resto de los ministros proviene de las distintas fuerzas que constituyen libre. Es un gabinete diverso, que mezcla a personas de poca y mucha experiencia, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, en un espectro de diversidad etaria, de género, social y política que vale la pena observar, analizar y dar seguimiento. Por lo pronto es adecuado señalar el gobierno de Xiomara Castro como un gobierno de centro-izquierda, el cual, junto con el PSH, en particular su bancada en el Congreso Nacional, fácilmente pueden tildarse de revolucionarios por solo la mitad de las reformas que piensan encarar para desmontar todo el andamiaje de corrupción y narcotráfico del gobierno anterior, de corte claramente conservador, cínico y retardatario.
Pragmatismo
El nuevo gobierno recibió un país en condiciones críticas en lo económico, social, sanitario, educativo, ecológico y ético. El incremento de la pobreza y la falta La conformación del partido libre está vinculada a la resistencia contra el golpe de Estado de 2009 de empleo demandan un proceso de recuperación económica, al igual que la migración, que exige la creación de condiciones económico-sociales para que la población económicamente activa no abandone el país. De igual manera, el combate contra la corrupción y el narcotráfico requieren de un gran esfuerzo nacional y de colaboración internacional para su correcto y completo abordaje.
En estas condiciones de limitación y desigualdad, es importante desarrollar una visión pragmática que permita mantener relaciones de cooperación con dignidad e independencia con los diferentes países de la región, del continente y del mundo.
Una cuestión sensible, que requiere de mucho pragmatismo, es la relación con EE.UU, país con el que se puede compartir, y de hecho se comparte, una agenda con respecto a los temas planteados, en tanto ambas partes asuman que el abordaje de esos temas es de interés mutuo y que hay una línea de respeto y reconocimiento de la voluntad soberana que no debe romperse por ningún motivo.
Bienestar
Un desafío fundamental para el gobierno de Xiomara Castro es elevar los indicadores de bienestar de la población hondureña. Ello pasa por mejorar la satisfacción de necesidades básicas y de servicios públicos. El nivel de satisfacción/insatisfacción es fundamental para determinar el ritmo de la migración, pero abordarlo requiere de recursos, voluntad política y cooperación con otras instancias y países.
Eliminar o, por lo menos, reducir la desigualdad en todas sus manifestaciones es un tema de anclaje de los potenciales migrantes, que así saben que pueden encontrar en el país las oportunidades que necesitan.
Los servicios públicos, en particular la provisión de energía, reclaman un abordaje riguroso, inmediato y responsable. Demasiados años de saqueo y de voracidad de los empresarios nacionales e internacionales involucrados convirtieron a la empresa proveedora en la mayor atracadora de los consumidores, lo que amerita una auditoría forense conformada por expertos nacionales e internacionales que concluya indicando los nombres, para deducir responsabilidades, de todos los responsables del descalabro de esa empresa del Estado llamada a ser altamente rentable.
Conducción
Todos los desafíos descritos anteriormente necesitan de una clara, directa y consistente conducción de los procesos y cambios que el país necesita.
Quienes conforman el gabinete y ejecutan la política interior y exterior del país, con sus diferencias etarias, de género, políticas y sociales, deben saber que su autonomía se reduce al interior de su espacio, pero que hacia afuera de este y del país, ellos son la expresión de la voluntad de la presidenta de la República, que conduce todo el proceso con sus políticas. En este contexto puede haber mucha pluralidad, diversidad y pragmatismo, pero todos deben estar alineados con las directivas que emanan de la presidenta –de ella y de nadie más– y sustentados en el plan de gobierno.
Este es un desafío mayor cuando hay personalidades fuertes que consideran que les corresponde decidir lo que se hace o no se hace dentro de sus despachos, olvidando que, en el Ejecutivo, todos los subalternos ejecutan los lineamientos de política que emanan de la Presidencia, siempre y cuando sean congruentes con la legalidad y la justicia. Esto vale también para policías y militares, que forman parte del Ejecutivo, aunque por ratos pareciera que lo olvidan.
Retos en política exterior
En Honduras hay tres asuntos de alta sensibilidad política y social que deben ser trabajados en el plano interno e internacional: narcotráfico, migración y corrupción. Con EE.UU. hay coincidencia total en los dos primeros, pero coincidencia a medias en el tercero; esto es así porque la preocupación por la corrupción es común en el momento en que afecta a la seguridad de EE.UU., al igual que, particularmente, lo hace el narcotráfico, cuya gestión, además, drena en Honduras recursos destinados a satisfacer necesidades básicas de la población, disminuye la atención de estas y se convierte en un factor de expulsión de migrantes.
El combate contra el narcotráfico fue un punto de colaboración entre el exmandatario Hernández y el expresidente Donald Trump, lo cual se tradujo en una lucha contra los demás narcotraficantes y el mantenimiento de cierta impunidad sobre la propia actividad ilícita de la cual se acusa hoy al primero. Esta colaboración en el combate al narcotráfico trae consigo un asunto muy sensible: el involucramiento de militares hondureños en esta tarea, que es estrictamente policial y judicial. En la experiencia de la colaboración citada, el involucramiento se produjo a través de la fuerza del Ejército y, según se percibe, la actual se va a llevar a cabo a través de la Fuerza Aérea, la más profesional de las Fuerzas Armadas.
La migración, por su parte, fue objeto de negociación entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) y se ubicó en la agenda de seguridad cuando debería haberse colocado en la agenda del desarrollo. Esto se tradujo en la ubicación de militares y policías como actores claves en la contención de la migración a lo largo de la ruta migratoria, que inicia en la frontera entre Honduras y Guatemala y se extiende hasta la frontera de México con EE.UU, pasando por la frontera entre Guatemala y México. La situación, llevada al extremo, hizo que las caravanas de migrantes que salían de Honduras se toparan con militares y policías que les impedían salir del país, en tanto en los demás países les impedían continuar.
La inserción de la migración en la agenda del desarrollo parte, en cambio, del reconocimiento de que las personas se van porque no encuentran en su país de origen las condiciones básicas para vivir, conseguir empleo y tener acceso a salud, educación o seguridad social, entre otras necesidades. Por tanto, desde este punto de vista, la solución es crear esas fuentes en el país gracias a una buena inversión en desarrollo, con fuertes controles para eliminar o reducir sustancialmente la corrupción que pueda repercutir de manera negativa sobre esa inversión. Este es un punto en común con los intereses de EE.UU., que propicia la inversión en áreas estratégicas que terminarían reduciendo la migración hacia ese país.
El combate contra la corrupción puede llevar a conseguir apoyo estadounidense y/o de organismos internacionales para instalar en Honduras, como se ha mencionado, una comisión de apoyo en la lucha anticorrupción similar a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que se estableció con apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), o a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que se instaló con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De esta manera, ambos países saldrían ganando.
El establecimiento de relaciones con China continental es una cuestión que queda pendiente, pese a haberse proclamado como prioridad en la campaña electoral del partido libre. Es natural pensar que, al establecer alianzas electorales, los participantes terminen haciendo recortes en algunos temas, y este es uno que se pospondrá algún tiempo, en tanto China se dispone a intensificar su financiamiento en algunos rubros y EE.UU. se prepara para hacer lo mismo para compensar la relación de Honduras con China.
Las relaciones con el resto de los países de Centroamérica se encuentran en un momento de cierta lejanía. El vínculo con Guatemala se mantiene frío. Con El Salvador hay una cierta coincidencia, derivada quizás de las fuertes críticas de El combate contra la corrupción puede llevar a conseguir apoyo estadounidense y/o de organismos internacionales su presidente hacia el expresidente Hernández y de su colaboración con varios alcaldes hondureños en la provisión de vacunas contra el covid-19, en momentos de muchas dificultades en el país para conseguirlas. Resulta así oportuno destacar que, pese a no existir un acercamiento oficial entre los gobiernos de Honduras y El Salvador, los alcaldes de las principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, se preparan para recibir y rendir homenaje al presidente Nayib Bukele por, como se ha mencionado, la ayuda que brindó a varias municipalidades del país durante la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia.
Con Nicaragua, la anterior relación cercana se ha enfriado bastante, sin llegar al punto de condenar o romper por la grave situación de la gobernabilidad en ese país. Se mantiene una discreta lejanía, que no llega a la condena por las irregularidades político-electorales cometidas por el gobierno nicaragüense ni por el desprestigio nacional e internacional en el que se ha sumido por las violaciones a los derechos humanos de críticos y opositores. Pero tampoco llega, ni va a llegar en el futuro cercano, a una cercanía que derive en un posicionamiento común en materia regional e internacional. La cercanía de EE.UU. y los intereses en juego, entre ellos el establecimiento de relaciones de esos dos países con China, puede actuar como un elemento disuasivo coyuntural.
Conclusiones
Con el triunfo electoral de la alianza encabezada por Xiomara Castro, se abre una real esperanza de cambio en Honduras. El control del poder político durante 12 años consecutivos por parte del Partido Nacional le dio un giro conservador al gobierno y produjo un notable retroceso en las instituciones democráticas, una excesiva concentración de poder en el Ejecutivo, una manipulación personal y partidaria de los otros poderes del Estado, un debilitamiento del Estado de derecho, escasa atención a las necesidades básicas y servicios públicos y una contaminación generalizada por corrupción y narcotráfico, entre otros. Desmontar ese andamiaje, darle un giro al estilo de gobernar y de hacer política, cumplir con la oferta electoral, eliminar el sentimiento de indefensión, hacer que la sociedad recupere la esperanza y dejar en claro que se acabó la impunidad para todos los delincuentes es sencillamente algo tan grande que va más allá de la aplicación de estereotipos ideológicos a un gobierno que se propone enfrentarlo.
Desmontar 12 años de gobiernos conservadores, corruptos, manipuladores e ineficientes supone un esfuerzo tan grande como difícil, lleno de urgencias, desafíos y dificultades que involucran al nuevo gobierno, a los demás poderes del Estado, al partido libre, al resto de los partidos de la alianza, a todos los partidos con representación en el Congreso Nacional, a la ciudadanía que apoyó con sus votos, a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación, a la cooperación internacional y a la misma empresa privada que no esté contaminada. Superar ese camino tortuoso supone una clara y precisa conducción política desde la Presidencia de la República, en torno de la cual todos los funcionarios y empleados deben regir su desempeño y alinearse con los planes y proyectos a ejecutar.
Algunos insisten en ubicar a Honduras en la oposición entre izquierda y derecha. El recurso a la ideologización utilizado por el conservador Partido Nacional y sus cómplices de la empresa privada, medios de comunicación e iglesias provocó la polarización de la sociedad hondureña, la criminalización de la protesta y el retroceso democrático durante muchos años. Superar la desigualdad y la pobreza que asfixian a hondureños y hondureñas y los obligan a migrar hacia otros países requiere de un enorme esfuerzo y de realizar en el país un salto cualitativo hacia adelante, esfuerzo en el cual deben sumarse todos los que quieran cambiar el desastre de país que nos dejaron el conservadurismo y el cinismo del Partido Nacional y sus líderes.
La tarea de la alianza que encabeza la nueva presidenta de la República es de gran envergadura y todos los esfuerzos tienen que concentrarse, hacia adentro, en desmontar lo viejo y montar lo nuevo, en una tarea constante y creciente durante los cuatro años de gobierno. Hacia afuera, el reto es construir e impulsar una política exterior congruente con la política interior, articulando con la necesaria sabiduría el pragmatismo con la dignidad, pero nunca con la complicidad.
