Por: Erick Tejada*
*Ministro de Energía de Honduras
Al participar en foros como la reunión de Ministros de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), en diciembre pasado, se mencionan siempre las mismas frases, como una especie de letanía milenaria: matriz energética verde, transición justa, sostenibilidad ambiental, digitalización y seguridad energética y resiliencia al cambio climático.
Dijo el magnífico literato estadounidense Frederic Jameson, que, en estos tiempos, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. La gran crisis climática que afronta la humanidad no cuestiona el modelo de consumo infinito que auspicia a una economía irracional que cada vez concentra más la riqueza en pocas familias y corporaciones. Si toda la tierra tuviese el nivel de consumo de Estados Unidos, se necesitarían los recursos naturales de cinco planetas.
En mi país, los huracanes y fenómenos meteorológicos importantes sucedían cada 25 años aproximadamente. Nuestros abuelos recuerdan el huracán Fifí en los 70s, y nuestra generación el devastador huracán Mitch en los 90s. Muchos hondureños y hondureñas murieron y la estela de dolor dejada por semejantes fenómenos climatológicos aún persiste.
Honduras apenas contribuye al 0.018% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero; sin embargo, estamos entre los 9 países en el mundo más vulnerables a los efectos y secuelas del cambio climático.
El capitalismo posmoderno y brutal, ha creado enrevesados mecanismos e instrumentos monetarios denominados créditos de carbono y fondos verdes; también existen los fondos azules y de otros colores. La lógica del capitalismo financiero y la banca multilateral ha encontrado la forma de monetizar la hecatombe climática.
En Honduras no hemos visto esos fondos. Lo que sí sabemos es que en el 2020 sufrimos los durísimos golpes de dos huracanes en menos de 15 días, los cuales dejaron alrededor de 2 mil millones de dólares en pérdidas y más de 45 mil familias afectadas. Este año, un mediano fenómeno tropical dejó más de 30 millones de dólares en pérdidas en la zona norte del país causando inundaciones en varias regiones. La desigualdad material también se plasma en las asimetrías entre quiénes provocan que la temperatura media del planeta incremente y en aquellos quiénes sufren las calamidades derivadas.
Somos los condenados de la tierra, como escribió Fanon. Si la integración regional debe de servir para algo es justamente para paliar las asimetrías. Si la civilización debe operar para algo, es para llenar la palabra justicia, sólo así el concepto de justicia climática cobrará su verdadera dimensión.
No podemos hablar de transición energética, descarbonización o digitalización energética sino comprendemos las terribles desigualdades que el sistema capitalista y en especial el modelo neoliberal ha ocasionado a nuestros pueblos.
La división internacional del trabajo ha conllevado a que nuestras pequeñas y endebles economías sean caldo de cultivo del extractivismo neocolonial y presa fácil de los tratados de libre comercio. La globalización ha envejecido mal y ya nadie cree en sus cantos de sirena.
Heredamos un país tras 13 años de una oprobiosa narcodictadura que quiso consolidar el servicio de energía eléctrica como una mercancía más, como un commodity cualquiera, sometido a los implacables influjos del poderoso capital y sus excluyentes mercados. Nosotros hemos decidido ir en sentido contrario al influjo privatizador conservador, diametralmente opuesto. Hemos decidido bajo la visión de Estado inculcada por la presidenta Xiomara Castro, declarar el servicio de energía eléctrica como un derecho humano de naturaleza económica y social; hemos decidido subsidiar a más de un millón de familias hondureñas con energía gratis y en general hemos tomado la determinación de reivindicar lo público y rescatar los recursos naturales nacionales que fueron entregados sin tapujos a manos particulares.
El reconocimiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como un bien público y patrimonio nacional, afincó también el derecho que se reserva el Estado, por asuntos de seguridad nacional, a tener un rol importante en la dinámica comercial del subsector eléctrico.
Nuestros recursos naturales y la energía derivada de ellos deben de ser fuente de desarrollo colectivo y no instrumentos para que unos cuantos amasen cuantiosas fortunas.
Las instancias, como los foros internacionales, deberían facilitar mecanismos regionales que generen acciones efectivas para proteger a los Estados más vulnerables a los fenómenos climatológicos y que dichos mecanismos se traduzcan en infraestructura para prevenir inundaciones, para reparar y construir bordos y para fortalecer la seguridad alimentaria.
Vivimos en el continente más desigual del planeta y eso se ve reflejado en la disparidad de indicadores entre nuestras naciones. Sólo la acción conjunta mediante herramientas regionales efectivas podrá contribuir a que países pequeños y pobres como Honduras, puedan aspirar al desarrollo. Debemos fortalecer las economías populares y generar una verdadera articulación regional. Nuestros pueblos tienen también derecho a la esperanza.
