Pueblos olvidados
Los Chortís, asediados por el narco y la minería
Con esta cuarta entrega del especial Pueblos Olvidados visitamos dos comunidades chortís, ubicadas en el occidente del país. Considerada como los descendientes de los mayas, esta etnia transfronteriza es la cuarta más poblada de Honduras, también una de las más olvidadas y vulnerables.
Por: Ariel Torres Funes
Fotos: de Horacio Lorca
Tegucigalpa.-«La gente cree que los mayas desaparecieron, pero eso no es cierto, porque acá estamos nosotros», exclama enérgico Santiago Oaxaca, el representante del Consejo Nacional Indígena Maya Chortí de Honduras (Conichh).
Al consejero nacional de los chortís, de esta etnia transfronteriza que habita en el occidente de Honduras, lo escuchan los alumnos del Instituto Superación Maya Chortí de la comunidad de Carrizalón, ubicado en el municipio de Copán Ruinas, departamento de Copán.
Juan Mancía es uno de los estudiantes curiosos alrededor de Oaxaca. Junto a Santiago, él viene de una de las familias más representativas de la comunidad, porque para conocer la historia y el presente de Carrizalón, es necesario dialogar con los Mancía y los Oaxaca.
«Me siento orgulloso de ser chortí, no me avergüenzo de mis raíces, más bien considero que los indígenas somos la esencia de este país», comenta Juan, quien al superar los 18 años recibió el permiso de la Secretaría de Educación para finalizar el bachillerato, disponible hace cinco años en su comunidad.
Carrizalón se encuentra a 18 kilómetros del pueblo de Copán Ruinas, a 15 kilómetros de Guatemala. Inmerso entre bosques, que con los años perdieron su frondosidad para darle cabida a los cultivos de maíz y frijoles, este pueblo se considera el epicentro de los chortís, quienes viven en los departamentos de Copán (San Antonio Tapesco, Choncó, Carrizalón, Rincón del Buey, Boca del Monte, Corralito, Carrizalito, El Níspero, Chilar, El Tigre, La Laguna, Estanzuela, Barvascadero, San Rafael y Monte de los Negros) y Ocotepeque (Antigua Ocotepeque, Azacualpa, Cayaguanca, Jutiapa, San Miguel, El Cipresal, Guarín, Torerona y San Rafael).
A Carrizalón llegó Criterio.hn con el objetivo de tener un acercamiento con la realidad de esta etnia, la cuarta más poblada de Honduras, donde en pleno siglo XXI, todavía 25% de sus habitantes mayores de 15 años no puede leer ni escribir.
Por su ubicación, pero sobre todo por su vulnerabilidad, en las últimas décadas los chortís han sumado dos nuevas amenazas a su larga lista de problemas, la instalación del narcotráfico y de la minería industrial en sus territorios. En el caso del tráfico de drogas, como sucede en el resto del país, pocos pobladores deciden conversar al respecto. Sin embargo, Juan comparte su opinión.
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«Afecta mucho (el narcotráfico), porque los jóvenes inocentemente pueden caer en eso. Tengo compañeros que los han invitado a entrar, porque las bandas buscan la forma de engancharlos. Yo les aconsejo y les digo que no corran riesgos, pero el que no oye consejos no llega a viejo», comenta Juan.
Para los chortís, llegar a «viejo» puede calificarse como una anomalía de su propia pobreza, cuando apenas 4.9% de sus 33 mil habitantes tiene más de 65 años. Una esperanza de vida que no mejoraría con el aumento del narcotráfico.
Una resistencia histórica
Don Manuel Mancía es el padre de Juan. A pesar de haber cursado hasta tercer grado, a sus 64 años, él es el narrador natural de esta comunidad chortí. Con una memoria acuciosa, para don Manuel la historia es un relato vivo que relata el ir y venir de su pueblo. Para él, documentar el paso del tiempo es una de las principales herramientas para preservar su cultura.
«Esta comunidad fue fundada por cuatro personas a principios del siglo pasado, una que vino Barecuete, del municipio de Santa Rita, y por otros tres chortís que vinieron de Camotán, Guatemala. Al lado de una plantación de carrizo, ellos bautizaron este lugar como Carrizalón, donde poco a poco fue poblándose», relata.
En 1994, don Manuel también fue uno de los fundadores de la Conichh, de esta organización que actualmente representa a 94 asentamientos chortís en Honduras. «El Consejo surge por una necesidad, sobre todo porque antes éramos esclavizados por los terratenientes», señala.
El mayor de los Mancía no es el único en la comunidad en usar el término esclavitud para referirse a lo vivido por su pueblo durante el siglo pasado. «Los invasores mantuvieron como esclavos a nuestros ancestros y abuelos, quienes eran obligados a trabajar para ellos y pagar un quinto para poder vivir en su propio territorio», coincide Santiago Oaxaca.
Una familia de apellido Guerra, originarios de Hacienda Grande —comunidad ladina cercana a Carrizalón—, fueron los terratenientes que sometieron a los chortís. «Con el apoyo de las autoridades y por veinte centavos que le dieron a cada persona, engañaron a la gente para conseguir un título de las tierras», señala Oaxaca, consejero nacional de la Conichh.
Pero como dicta el refrán popular, no hay mal —por lo menos no el mismo— que dure mil años. «En 1976 empezó el cambio, cuando nos agrupamos como grupo campesino para recuperar nuestros territorios», recuerda don Manuel.
Así, en pleno contexto de la Reforma Agraria, los chortís de Carrizalón lograron titular 90 manzanas comunitarias de tierra, donde abrieron un acceso que los conectó con la carretera, en otras palabras, con el mundo exterior, y donde excavaron un pozo para tener agua. Así inició un nuevo capítulo de su historia.
Para conquistar más derechos, y tras el ocaso del proceso reformista, los chortís celebraron que el Estado hondureño ratificara en 1995 el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). «Con la llegada de este instrumento jurídico nos reconocieron como pueblo maya chortí y recuperamos 350 manzanas», explica don Manuel.
Un año antes de la ratificación del Convenio 169, los chortís habían dado otro paso importante al organizar su primera asamblea nacional, eligiendo a María de Jesús Interiano como su representante. «Ella fue la primera persona que priorizó en organizar nuestras comunidades», dice el patriarca de los Mancía.
Porque los años no pasan en vano, doña María de Jesús no es más la misma mujer que dirigió a las comunidades chortís entre 1994 y 1996. «La pandemia la pasé en cama, hasta ahora empiezo a recuperarme», comenta con angustia.
«A mí me tocó lo más duro, organizar a la gente, hacerles saber la sangre que tenemos, que somos los descendientes de los mayas, que nosotros todavía existimos. Eso no era tan fácil para una mujer, porque a algunos hombres no les gustaba que yo lo hiciera», explica.
A raíz de un derrame cerebral sufrido en 2012, la fuerza de María de Jesús mermó, pero su memoria parece seguir intacta, sobre todo cuando recuerda el asedio que sufrió como lideresa. «Los terratenientes me persiguieron, una semana antes que mataran a Cándido Amador, a mí me siguieron unos hombres, pero gracias a Dios aquí estoy», señala esta lideresa, también vendedora en el mercado de Copán Ruinas.
Cándido Amador, el mártir chortí
Así como es Berta Cáceres para los lencas, como es Blas López Catalán para los pech, como lo son (entre otros) los cinco jóvenes desaparecidos para los garífunas, Cándido Amador es el mártir de los chortís. Para ellos, su asesinato —cometido el 12 de abril de 1997— es un punto de quiebre.
«Cándido Amador era de la comunidad de Corralito, pero él venía seguido acá, porque era uno de nuestros principales líderes. Quienes lo mataron pensaron que desaparecerían el Consejo, pero es cuando más se fortaleció», opina Santiago Oaxaca, quien era un adolescente cuando se cometió el crimen.
Con 39 años, Amador era el secretario general del extinto Consejo de Asesoramiento para el Desarrollo de las Etnias Autóctonas de Honduras (CADEAH), un activo luchador en la recuperación de las tierras indígenas.
Dos semanas después de su asesinato apareció sin vida Ovidio Pérez, otro dirigente chortí originario de la comunidad de Rincón del Buey, lo que provocó que cuatro comunidades se retiraran del Comité, por temor a más represalias.
«Muchos de estos abusos contra la población indígena parecen tener por objeto el obstaculizar los esfuerzos que realizan sus dirigentes para garantizar el reconocimiento de los derechos de sus comunidades sobre la tierra», dijo la organización Amnistía Internacional en 1999, reportando ese año el asesinato de 25 dirigentes indígenas en todo el país, a manos de individuos o grupos de personas presuntamente vinculados con las autoridades locales y los militares.
Criterio.hn le consultó a Oaxaca quién asesinó a Cándido Amador. Pero a pesar de que han pasado casi tres décadas desde el crimen, este dirigente prefiere no revelar ningún nombre, «sabemos quiénes fueron, pero como todavía siguen en libertad, no puedo mencionarlos».
En 1997 la Fuerza de Seguridad Pública (Fusep) quiso lavarse las manos o proteger a los victimarios, cuando expuso que Amador había fallecido tras ser asaltado. Ningún chortí respaldó la hipótesis. Es más, Santiago se anima a declarar que las personas detrás del asesinato de Amador fueron «los mismos que tuvieron como esclavos a nuestros antepasados».
Otra pobladora que en 1997 formó parte de una peregrinación chortí que viajó a Tegucigalpa para exigir el esclarecimiento de los crímenes y la mejora en sus condiciones de vida, menciona como autores intelectuales a una familia de apellido González, otros terratenientes de la zona.
A raíz de lo ocurrido con Amador y Pérez, el gobierno de Honduras —dirigido por el expresidente Carlos Roberto Reina— se comprometió en 1997 a impartir justicia y a otorgar 14,7 mil hectáreas a los chortís, «pero sus muertes siguen impunes y de las tierras sólo cumplieron con el 35%», señala Oaxaca.
A la deuda del 1997 se suman los compromisos adquiridos en 2008, cuando el gobierno de Manuel Zelaya Rosales acordó, a través del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), que los chortís representarían 40% de todo el personal del parque arqueológico de Copán Ruinas y de asignarles 30% de los ingresos del recinto histórico. Pero nada de eso se cumplió.
Actualmente la comunidad de Carrizalón tiene unas 350 manzanas de tierra donde viven unas dos mil personas. Los pobladores concuerdan que los problemas con los terratenientes han mermado, «hoy los Guerra están igual o más pobres que nosotros, ahora ellos alquilan tierras después de haber secuestrado durante décadas nuestros territorios», añade don Manuel.
A pesar que los latifundistas dejaron ser la mayor preocupación para las comunidades, ahora son otros los grupos que representan un peligro, tal vez más violento, «el narco es una amenaza muy grande», señala este líder.
El narco, la nueva amenaza
En las últimas décadas, el departamento de Copán se convirtió en uno de los principales territorios para el tránsito de las drogas en Honduras, donde los grupos criminales, intermediarios de las redes mexicanas, colombianas y guatemaltecas, usan como base de operaciones las fronteras con Guatemala y Nicaragua (sobre todo en La Mosquitia).
El narcotráfico en Copán quedó en evidencia con la captura y extradición a Estados Unidos del Clan Valle y del cártel de Alexander Ardón —exalcalde de El Paraíso, municipio a menos de una hora de distancia de Carrizalón— quienes supuestamente refugiaron en este departamento al líder del Cártel de Sinaloa, el capo mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias «El Chapo».
Para tener una idea de la influencia del narcotráfico en esta región donde viven los chortís, el Departamento de Estado de Estados Unidos calculó que unas 120 toneladas de cocaína pasaron por Honduras en 2019, de las cuales 80% ingresó a Guatemala por Copán.
Es decir, unas 100 toneladas de cocaína transitarían anualmente por este departamento. Se estima que, solamente los Valle traficaban cada mes entre 5 y 20 toneladas, ganando más de 800 mil dólares por cargamento. Estos son los actores que rodean territorialmente a los chortís.
«Es complicado. Carrizalón ha sido una comunidad sana, pero sentimos que esta plaga ya nos está abarcando. Acá hay algunos puntos ciegos del paso de la droga, lo que trae problemas a la comunidad, porque la juventud es la primera en caer en esos vicios y también son los primeros en ser absorbidos y reclutados», explica un poblador, quien prefirió mantener su anonimato.
Las bandas entran sin permiso al territorio chortí. La gente los ve, pero sabe que no pueden hacer nada al respecto. Todos coinciden que reportar el tráfico a las autoridades, con frecuencia envueltas en escándalos por actividades ilícitas, sería correr un riesgo.
«Por las noches entran carros de lujo que cruzan el pueblo para entrar a Guatemala, otras veces hemos visto coyotes con grupos de migrantes, porque aquí es un punto ciego», comenta un habitante de Carrizalón a Criterio.hn.
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La educación, paliativo de la migración
A pesar de sus problemas y a diferencia de la mayoría de los demás grupos indígenas en Honduras, el fenómeno de la migración no afecta en gran medida a los pobladores de Carrizalón, quienes señalan que la apertura del Instituto Superación Maya Chortí mejoró considerablemente la generación de ingresos y el desarrollo de la comunidad, electrificada hace siete años.
«Solo hemos tenido dos familias que se han ido a Estados Unidos. Esta baja incidencia se debe a que los jóvenes saben que, si estudian, acá pueden tener un trabajo y mejorar sus condiciones de vida», comenta Rosibel Escobar, la joven directora del instituto, quien junto a la ayuda de algunas iglesias logró instalar internet en el centro educativo.
Contar con tierras comunales es otro de los factores para frenar su migración. «Como no tenemos bienes para hipotecar, la gente no se puede endeudar para salir del país», opina Eladio Mancía, otro de los hijos de don Manuel, quien a sus 36 años no tuvo la oportunidad que tiene su hermano Juan para concluir su bachillerato.
El centro educativo de Carrizalón tiene una población de 255 estudiantes (40 inscritos en el kínder,180 en la escuela y 35 en el bachillerato), atendida por 13 maestros. Las condiciones no son las idóneas, pero eso no limita la matrícula de los alumnos.
«Los jóvenes tienen que aprender, tienen que estudiar, colaborar entre ellos para rescatar nuestra cultura», añade en idioma chortí el padre de Santiago, don Modesto Oaxaca, de 75 años, quien llegó desde Guatemala cuando era un adolescente, desplazado de la guerra civil.
Lucy Fajardo, integrante de la Coalición Ambientalista y de la organización Madre Tierra, escucha atenta a don Modesto. «Trabajamos en la defensa de estos territorios para no permitir la minería como en Azacualpa», explica.
Azacualpa, otra realidad
Viajar en vehículo desde Carrizalón a Azacualpa toma 166 kilómetros. Para llegar se cruza el municipio de Cucuyagua, otro epicentro del tráfico de drogas del occidente de Honduras, donde en 2022, su exalcalde no pudo justificar 815 millones de lempiras en su poder, supuestamente por lavado de activos.
Tras dejar atrás decenas de mansiones edificadas a un lado de una carretera descuidada, un rótulo de la empresa minera Aura Minerals anuncia la entrada al municipio de La Unión, donde en las alturas de sus montañas se encuentra la aldea chortí de Azacualpa.
La Unión es un municipio con una larga historia minera. Son muchas las empresas que de forma artesanal o industrial han explotado su subsuelo en busca de oro y plata. Primero estuvo la empresa del expresidente Victoriano Castellanos (1862), luego la Gold Mines of America, después la Rosario Mining Company, luego la empresa New Idria, la Noranda Inc., la Fischer Watt Inc., la Minerales de Copán, la Greenstone Resources, hasta que en 1998 entró la empresa Minerales de Occidente S.A. de C.V. (Minosa), propiedad de los bancos Occidente y Atlántida, subsidiaria del grupo canadiense Aura Minerals.
Estas empresas no sólo se apropiaron de extensas cantidades de tierra en La Unión, sino que han manejado los hilos de las autoridades, alterando la vida de los pobladores, demoliendo y desalojando pueblos, como en 1990, cuando la compañía Greenstone desplazó a la comunidad original de San Andrés.
En medio de esta explotación a cielo abierto quedó recluida la comunidad chortí de Azacualpa, donde una docena de familias emprenden la titánica tarea de oponerse a Aura Minerals, esta empresa canadiense que en 2022 extrajo 61,4 mil onzas de oro en la mina de San Andrés, una producción valuada en 75 millones de dólares.
David contra Goliat
Dentro de los territorios chortís operan cuatro concesiones mineras y una hidroeléctrica. De todos los proyectos, el de La Unión es el más conflictivo, sobre todo a partir del 2022.
«En Azacualpa vivimos unas dos mil personas, pero somos doce familias que nos oponemos a la destrucción de nuestro territorio. A los demás, la empresa Aura Minerals les compra la conciencia», argumenta molesto Javier Madrid Rodríguez, quien a sus 45 años dirige el Comité de Afectados por Minosa.
El Comité se creó en 2018, «iniciamos siete personas, pero uno se fue a Estados Unidos (el vicepresidente) y otro nos traicionó», recuerda Javier, asegurando que la minería afecta 16 fuentes de agua en su territorio.
A un par de kilómetros de su casa se encuentra la maquinaria de la empresa, trabajando las 24 horas, los siete días de la semana, dinamitando y extrayendo tierra en busca de minerales. En total, la empresa cuenta con una concesión de 400 hectáreas, equivalente a la extensión de unos 560 campos de fútbol.
Cada año, las excavadoras se acercan aún más a la aldea de Javier, quien junto a sus vecinos debe cruzar la explotación minera para llegar a su vivienda. Su temor es que tarde o temprano Azacualpa sea desplazada como sucedió con el pueblo de San Andrés.
A pesar de la amenaza de un eventual traslado, para muchos resulta difícil de entender por qué la mayoría de los pobladores no se unen al Comité. «Algunos son empleados por la empresa y otros reciben dinero para callarlos, pero la dignidad no se vende ni con dinero ni con un contrato», reitera Javier.
La Municipalidad de La Unión es uno de los principales aliados de la empresa. Un apoyo no justificado por la recaudación fiscal que recibe, 123 millones de lempiras anuales, una cantidad a todas luces pírrica al compararla con los 1,9 mil millones de lempiras que ingresa cada año la empresa por su producción.
«La alcaldía es el mandadero de la empresa. Igual que la Policía y los militares», añade Javier, quien en reiteradas ocasiones tuvo que cambiar su número telefónico, debido a las amenazas que recibe.
«El enemigo es una transnacional muy poderosa, robusta y agresiva», comenta Víctor Fernández, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organización que desde 2018 acompaña a los pobladores de Azacualpa.
Fernández explica a Criterio.hn que Aura Minerals opera bajo una concesión otorgada por 30 años, pero vencida el 27 de enero de 2023, y que además tiene en curso cuatro peticiones. «Su capital es diverso y transnacional, avalado por el Banco Occidente y el Banco Atlántida», sostiene este abogado, representante del caso de Berta Cáceres, asesinada en 2016 por oponerse a la construcción de la represa Agua Zarca, proyecto que también tiene detrás otro banco, Ficohsa.
Cuando el representante del MADJ describe Aura Minerals como una empresa poderosa, no exagera. Entre sus tres proyectos activos, uno en México, otro en Brasil y el de Honduras, esta compañía generó 207.5 millones de dólares en su producción de oro en 2022, unos 5,3 mil millones de lempiras.
No sorprende que en Azacualpa la empresa —el «gran monstruo» como le llaman los pobladores— contratara como gerente de relaciones a Jacobo Paz, exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), acusado en 2016 por los delitos de descombro, daños a la fauna y roturación en perjuicio del Estado de Honduras.
Por su parte, Javier es un pequeño caficultor que cursó hasta primer grado. Él lo sabe, la lucha de los chortís es desigual y colosal. David contra Goliat. Además, se trata de un David criminalizado, con seis pobladores de Azacualpa enfrentando demandas judiciales por los delitos de usurpación y daños en contra de Aura Mineral.
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La gente no interesa, sólo el oro
Yessica Rodríguez es la única mujer y a sus 22 años, la más joven del Comité. En pocas palabras explica su resistencia a la mina, «me impactó bastante ver la destrucción del ambiente, la corrupción que cometen para quitarnos nuestros derechos. Pero, sobre todo, lo que hicieron con nuestro camposanto», señala.
La joven se refiere a lo ocurrido en la madrugada del 26 de marzo de 2022, cuando la empresa, protegida por miembros de la seguridad pública, destruyó por completo el cementerio de la comunidad de Azacualpa, desapareciendo muchos cuerpos que fueron enterrados ahí desde hace 200 años.
La destrucción del cementerio se llevó a cabo a pesar de que en 2018 y en 2020 la Corte Suprema de Justicia ordenó detener las exhumaciones por parte de Minosa, y que en febrero de 2022, la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán detuviera de forma provisional el proceso.
En 2015 los pobladores también determinaron mediante un cabildo abierto, que el cementerio comunitario era un patrimonio cultural chortí y, por tanto, no permitirían las exhumaciones, ni su destrucción.
«Las autoridades como Copeco, de Salud, algunos jueces, fiscales, la Policía, los militares y la corporación municipal de La Unión se prestaron para explotar el cerro del camposanto», explica Javier, desconocedor del paradero de sus abuelos, tíos y sobrinos que estaban en el cementerio.
Aura Minerals acordó construir un nuevo lugar para trasladar los cuerpos, sin embargo, sólo reubicaron a las personas que estaban en los mausoleos, «los enterrados en la superficie de suelo abajo se fueron en la limpieza», añade el presidente del Comité.
Con 57 años de edad, José Caballero tenía a su padre, a sus dos hermanos y a sus dos hijos —ambos muertos por dengue— enterrados en el cementerio. De ninguno sabe el paradero. «Sacaron a los muertos peor que a un animal y ese es mi dolor, acordarme de cómo sacaron a mi familia. Lo hicieron sin nuestro permiso», expresa indignado.
Nuevo gobierno, misma minería
Manuel Rodríguez también desconoce dónde está su papá, sus seis hermanos y un hijo que se encontraban enterrados en el cementerio. «El Estado de Honduras nos olvida. Creíamos que con el cambio de gobierno íbamos a estar mejor», opina este padre de nueve hijos, cuatro de ellos migrantes en Estados Unidos.
«Xiomara (la presidenta) nos dio una alegría en enero del 2022, cuando dijo que prohibiría la minería a cielo abierto, pero ya ha pasado más de un año y todo sigue igual», añade Javier.
«No más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, nuestros parques nacionales y bosques nublados», exclamó la mandataria en su discurso de toma de posesión.
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Recursos Naturales y Ambiente) fue aún más lejos, cuando el 28 de febrero de 2022, unos días antes de la destrucción del camposanto en Azacualpa, declaró a Honduras un país «libre de minería». Pero la declaración no pasó de ser un comunicado.
De acuerdo con los pobladores, el ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, ha visitado Azacualpa, «pero sólo se reúne con la empresa», detallan.
El artículo 346 de la Constitución de la República de Honduras dispone que «es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas».
A pesar de vivir diferentes realidades, los chortís de Carrizalón y de Azacualpa comparten la misma exigencia, el cumplimiento constitucional, que el Estado los proteja de estos dos poderes que amenazan su territorio y su cultura: el narcotráfico y la minería industrial.
Mientras tanto, Modesto Oaxaca muestra el centro ceremonial que construyó en su pueblo, un altar sincrético que combina simbolismos católicos con otros más tradicionales de sus antepasados, de los mayas. Ahí agradece a la tierra las cosechas que cultivan.
A sus 75 años, este chortí viene de sembrar maíz. Secándose con un pañuelo el sudor que cae por su frente, don Modesto se despide y señala que, «mucha de nuestra cultura se ha perdido, ya no es como antes».
