En Abril, la Corte Suprema Hondureña invalidó el rígido límite de período de gobierno del país, debilitando drásticamente su constitución.
La constitución hondureña, la cual limitaba a los presidentes a un sólo período de gobierno por cuatro años, incluía una provisión extraordinaria que hace que el límite de período de gobierno sea irreformable ante cualquier proceso y ordenaba severas sanciones a cualquier político que intentara cambiarla.
Los redactores de la constitución escribieron este texto específicamente para salvaguardar el país de dictadores militares o caudillos quienes se negaran a dejar el poder, de los cuales hay una sórdida historia en Honduras y en el resto de América Latina.
Pero lo que ha ocurrido es precisamente lo que los redactores de la constitución temían. Una porción aparentemente irrefutable del documento, destinada a evitar la manipulación política, ha sido subvertida por jueces a la orden de los políticos. Ahora, los políticos del conservador Partido Nacional de Honduras, quienes llevaron el caso, y cualquier futuro líder político, están en una posición ideal para quedarse en el poder indefinidamente.
Mientras que un poder judicial independiente y capacitado podría ser de gran soporte a la democracia liberal, las cortes y tribunales que carecen de estas características pueden presentar serias amenazas, particularmente en países cuyas democracias son frágiles y cuyos grupos sociales son inefectivos, como es el caso de Honduras.
En el año 2009, el presidente izquierdista Manuel Zelaya al parecer trató de evadir estas protecciones al intentar iniciar un referéndum sobre si la Constitución debía ser reescrita. El ejército destituyó a Zelaya a través de un golpe de estado y lo obligó a irse a Costa Rica.
El Congreso apoyó la destitución de Zelaya y nombró a un sucesor, citando la ley de límite de período presidencial. A pesar de la abrumadora condena por parte de la comunidad internacional, la Corte Suprema bendijo las acciones del ejército.
No solo la reciente decisión de la Corte contradice el razonamiento del Congreso tras de la destitución de Zelaya, pero es también ilógica. Jueces constitucionales alrededor del mundo reconocen que una enmienda propuesta puede ser inconstitucional si choca con los valores básicos del texto original. A pesar de esto, la sentencia del tribunal hondureño destruyó una porción de la Constitución de 1982.
El cuestionable razonamiento de la decisión también parece ser el resultado de una estrategia por parte del Partido Nacional, oponente del expresidente Zelaya. Tras tomar control de la cámara legislativa y ejecutiva, el partido despidió bruscamente a cuatro jueces de la Corte Suprema en el 2012 y los remplazó con jueces que respaldaran la agenda del partido.
Esta decisión transmite el mensaje de que los políticos pueden tomar ventaja del perfil relativamente bajo del poder judicial consiguiendo que las cortes hagan el trabajo sucio que de otro modo requeriría escrutinio.
Esto es exactamente lo que los líderes del Partido Nacional hicieron. Mientras ambas las acciones de Zelaya y de esos que lo removieron provocaron condenas por parte de la comunidad internacional, la reciente decisión de la corte de abolir el límite del período presidencial ha caído en gran parte bajo el radar nacional e internacional.
El silencio relativo de la comunidad internacional esta vez puede ser sorprendente pero es desalentador. Aunque los grupos de oposición han estado protestando por esta decisión, sus esfuerzos han resultado en gran medida inefectivos ya que no cuentan con el apoyo de las Naciones Unidas y otros países.
El constitucionalismo hondureño se enfrenta a una serie de deficiencias importantes. El episodio de Zelaya demuestra que la constitución no puede enfrentar adecuadamente crisis institucionales o violaciones de los derechos humanos. Por otra parte, el texto existente ha demostrado ser incapaz de mejorar la severa desigualdad económica del país o su concentración del poder político.
Un esfuerzo político transparente para cambiar la provisión del límite de período presidencial podría haber permitido una discusión más amplia de otras reformas constitucionales que se necesitan. Pero cualquier posibilidad de un cambio legítimo constitucional se ha malgastado por el poder judicial, quien dio a los líderes políticos exactamente lo que ellos buscaban sin ninguna deliberación pública.
El gobierno de Obama actualmente está tratando de aprobar un paquete de ayuda para Centro América. Parte de este dinero será destinado a mejorar la gobernanza, incluyendo el desempeño judicial.
Honduras necesita este dinero urgentemente. Por muchos años, Honduras ha contado con la el nivel de homicidios más alto del mundo; la violencia del país fue un factor importante y contribuyó a la crisis de inmigración infantil del año pasado en Estados Unidos.
De todas maneras, el gobierno debería supervisar como se asigna el dinero. Debería destinar los fondos de manera que se gaste el dinero en medidas que podrían prevenir una mayoría en el Congreso Hondureño por llenar la corte con los propios miembros del gobierno nuevamente.
Para llenar el vacío dejado, también debería presionar por la promulgación de un período de gobierno considerable, resistente a la manipulación política. En la ausencia de algún límite de período de gobierno, la democracia hondureña se encuentra vulnerable a la amenaza planteada por los que podrían convertirse en autoritarios.
