Tegucigalpa, Honduras.- La lista de cinco candidatos entregada por la Junta Proponente el pasado uno de agosto al Congreso Nacional para escoger al próximo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP) podría no llenar las expectativas de los partidos políticos que hicieron o están fraguando pactos para repartirse cuotas de poder en el ente investigador.
“Aunque la nómina enviada por la Junta Proponente no cumpla con las expectativas de la cúpula de los partidos, el Congreso tiene el deber de elegir al nuevo fiscal general y fiscal adjunto, no hay excusas. Sí lo hacen en el tiempo establecido es un claro indicio que quieren que continúe Chinchilla”, dijo el exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana a Criterio.hn.
Agregó que, “el Congreso no es un órgano de decisión unánime, está dividido en sectores, uno de esos sectores no permitirá que la elección del fiscal general se haga en el tiempo establecido, mientras no se resuelva la situación personal de varios diputados con imputaciones pendientes en los tribunales”.
La extinta Junta Proponente, que fue encabezada por la presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, entregó la nómina de los cinco mejores evaluados al Congreso Nacional, y desde ese poder del Estado se rumora que las fuerzas mayoritarias no están conformes con el listado.
Por ejemplo, desde la bancada del Partido Libertad y Refundación sostienen que respetarán la nómina y harán la elección en el tiempo establecido para que el actual fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, deje el cargo, en cambio, los nacionalistas aseguran que el oficialismo busca maniatar este proceso para colocar personas que no investiguen casos de corrupción de este gobierno.
La nómina final está integrada por cuatro hombres y una mujer: Jenny Gabriela Almendares, Johel Álvarez Zelaya, Mario Alexis Morazán, Marcio Cabañas Cadillo y Pablo Emilio Reyes. Algunos de estos profesionales del derecho se han involucrado en sus núcleos sociales y laborales con la cúpula del Partido Nacional, Liberal y Libre.
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PARTIDO NACIONAL CONDICIONARÁ LA ELECCIÓN
De acuerdo con Orellana, este sector que está interesado en que no se escoja a los fiscales es el Partido Nacional, porque, antes del proceso de elección del ente investigador, quieren que se asigne el tercer magistrado al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ya que, el que estaba (Roy Pineda) renunció a principios de año para sumarse a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Eso lo quieren hacer para resolver sus situaciones personales, es decir, las imputaciones que varios de ellos (diputados) tienen pendientes en los tribunales, es el Tribunal Superior de Cuentas el que las resuelve y no se han resuelto porque falta el tercer magistrado”, explicó.
“Esto significa que la condición de los nacionalistas para desarrollar la elección de los fiscales es que se ponga al tercer magistrado, no importa a quien pongan, ellos sabes que es un voto; un voto que sólo va a definir lo que ya decidieron, que es darle finiquitos a todos aquellos que se robaron el Fondo Social Departamento”, añadió.
En febrero de 2023, el que era el tercer magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Roy Pineda, renunció al cargo para sumarse a uno de los altos puesto con las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo con el pacto político que se fraguó en aquél entonces, para entregar cuotas de poder en el Poder Judicial.
Ese pacto denominado tripartito, ya que engloba a las tres fuerzas mayoritarias del Congreso Nacional (Libre, Liberal y Nacional), también contemplaba reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público para hacer lo mismo que hicieron en la elección de la CSJ, repartir cuotas de poder.
Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por Orellana, que se sumará al Parlamento Centroamericano (Parlacen) como diputado, el Partido Nacional dejaría ese pacto atrás y buscaría uno nuevo para que sus diputados no sean enjuiciados por presuntamente saquear el Fondo Departamental en las administraciones anteriores.
“Ese fue el motivo por el que se aprobó el decreto 116-2019 para protegerse a ellos mismo y dejarles inmunidad para que no fueran procesados por el Ministerio Público, ni condenados y por eso pasaron los expedientes al Tribunal Superior de Cuentas”, analizó.
“Ahora que ese decreto fue derogado están buscando de todas formas que nombre el tercer magistrado en el Tribunal y ellos lo han dicho, lo están pidiendo, porque ahora pueden ser investigados por la fiscalía y, en consecuencia, señalados por corrupción”, añadió.
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DESDE EL CONGRESO NI SE HABLA DEL TEMA
Desde que los proponentes entregaron la nómina al Poder Legislativo, los diputados no han iniciado debates ni consensos para tratar el tema de la elección de la fiscalía, lo que podría ser contraproducente, ya que tienen hasta el próximo 31 de agosto para tener listas a las nuevas autoridades.
Por ejemplo, desde la bancada de los nacionalistas, encabezada por el diputado representante del departamento de Choluteca, Tomás Zambrano, han realizado dos insurrecciones legislativas (martes 8 y miércoles 9), con el argumento que la Junta Directiva del Congreso no les está dando la palabra para proponer la derogación del decreto 04-2022, denominado como “nuevo pacto de impunidad”.
“Estamos pidiendo que se elimine el pacto de impunidad, nuestra bancada apoyó la derogación de los otros decretos (57-2020, 116-2019 y 93-2021), entonces ¿por qué no nos quieren dar la palabra para derogar el 04-2022?, porque tienen miedo”, mencionó el congresista Tomás Zambrano.
“Mientras no se derogue; mientras no nos den la palabra, las insurrecciones legislativas continuarán y no se desarrollarán las sesiones, lo que entorpecería la elección de los fiscales porque Libre quiere uno a su medida. Lo que antes criticaban, ahora es bueno”, agregó.
En cambio, el diputado Rafael Sarmiento de Libre, sostiene que estas medidas de los nacionalistas ponen en evidencia que no quieren que se escoja al fiscal general antes del tiempo establecido, para que el actual continúe en el puesto.
“Los nacionalistas ponen en evidencia sus verdaderas intenciones que son no escoger a las autoridades de la fiscalía para que su fiscal siga en el poder, pero no será así porque haremos la elección dentro del tiempo establecido”, contó.
Para que las próximas autoridades de la fiscalía puedan ser electas tienen que existir consensos entre las bancadas mayoritarias en el Congreso, ya que los nacionalistas tienen 46 diputados y Libre 50 y para elegir a los dos fiscales se necesita la mayoría calificada, es decir, 86 votos.
A criterio de analistas políticos y desde varios sectores de sociedad civil, independientemente del fiscal general y adjunto que escoja el Congreso, dentro de la nómina, la tarea es acabar con la hegemonía de corrupción e impunidad que viene arrastrando el MP desde la última década.
