Aunque la transparencia de las dificultades encontradas y medidas aplicadas para proteger los derechos humanos de los privados de libertad no ha prevalecido en la intervención penitenciaria militar, esta vez, el monarca de la PMOP expuso algunos inconvenientes para justificar el daño que provocaría la construcción de la cárcel sobre las Islas del Cisne
Tegucigalpa, Honduras. – El gobierno de los privados de libertad en los centros penales ha alcanzado otros niveles más allá de sólo orquestar y ser la mente intelectual de los crímenes: también organizar manifestaciones en las calles de Honduras.
Lo anterior lo reveló el coronel Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, quien fue el ungido por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para ejecutar la intervención penitenciaria de la mano de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en junio de 2023, después de registrarse la masacre que acabó con la vida de 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
“La criminalidad es tan exacta para trabajar. Lo hemos comprobado porque en los miles de teléfonos que hemos quitado, escuchamos como, desde la cárcel, controlan lo que sucede en las manifestaciones: ´vayan y hagan bulla allá´. Órdenes que salen de los centros penales”, contó Muñoz en un foro televisivo.
Agregó que “estas son de las cosas que uno quisiera poder solucionar, pero no es posible. Los tentáculos de la criminalidad organizada son tan poderosos (…) la criminalidad organizada no sólo está en los centros penales, sino que también afuera, con los que contribuyen para que esto se dé”.
El coronel Muñoz contó la problemática que no ha podido controlar en los centros penales, para justificar la construcción de la cárcel en Islas del Cisne, ubicada al oeste de Honduras, en el Caribe, que afectaría directamente la biodiversidad.
El objetivo de esta cárcel de máxima seguridad que, según el gobierno, será temporal y contará con una inversión millonaria, sería mantener a los privados de libertad de alta peligrosidad sin ningún tipo de comunicación y, de esa manera, erradicar el crimen de extorsión, cuyas llamadas sales de varios centros penales del país.
De acuerdo con la información expuesta por funcionarios del gobierno de Castro, la construcción del centro penal sobre Islas del Cisne costará unos 80 millones de dólares, contará con capacidad para albergar a 38 mil privados de libertad y dos mil internos.
Lo paradójico del caso, es que el centro penal que pretenden construir en medio del Caribe, costaría más que la “Megacárcel”, cimentada en el municipio de Tecoluca, El Salvador, cuya inversión fue de 70 millones de dólares y tiene capacidad para aislar a 40 mil privados de libertad, es decir, dos mil más.
La construcción de la cárcel en Islas del Cisne también vino de la mano de la masacre de PNFAS, precisamente ahí mandarán a los privados de libertad que encabezan las maras y pandillas que mantienen en zozobra gran parte del territorio hondureño a través de la comisión de varios delitos, principalmente la extorsión.
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SISTEMA DE SEGURIDIDAD DEFICIENTE
El experto en construcción de centros penales Óscar Hernández, entre varias aristas, cuestionó que la millonaria inversión para la construcción de la cárcel en Islas del Cisne, no tendrá un efecto positivo mientras el sistema de seguridad hondureño continúe siendo deficiente.
“Si el sistema de seguridad es deficiente, de nada va a servir toda la inversión, aunque hagan una cárcel de oro, ¿qué necesidad hay de invertir millones?, se va a necesitar colocar un esquema de seguridad en una isla”, cuestionó Hernández en un foro televisivo.
En ese sentido, Hernández sugirió que, en lugar de tomar medidas apresuradas, que carecen de estudios científicos, como la construcción de un centro penal que atentaría contra la biodiversidad, es mejor mejorar los esquemas de seguridad dentro y fuera de las cárceles.
“No es construyendo cárceles que se va a resolver el problema, la crisis no es de ahorita, el sistema penitenciario está desde hace 30 años, los centros penales están en sobre población. Entonces, no hemos ni siquiera abordado los problemas en tierra continental y pretendemos venir y hacer otra cárcel”, enfatizó.
Agregó que “así como hay tecnología para poder mitigar los daños ecológicos a una biodiversidad única, pues igual hay tecnología para poder tener los mecanismos para tener los mecanismos y controlar a los privados de libertad”.
El sistema penitenciario en los centros penales de Honduras está sobrepoblado por privados de libertad que han pasado hasta cinco años tras las rejas sin todavía haber recibido una condena firme. Ante eso, las autoridades en los últimos meses han tratado de emular la medida de El Salvador, los juicios colectivos.
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