Por: Pablo Ruiz, SOAWatch
Desde el 28 de junio de 2009, en que se produce un golpe de Estado en Honduras, encabezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Orlando Vásquez Velásquez, y por el jefe de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince Suazo, ambos graduados de la Escuela de las Américas del Ejército de EEUU, se han registrado graves violaciones a los derechos humanos en Honduras.
Se conoce, por diversos informes, que al menos 154 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad o grupos paramilitares entre ellas los activistas sociales Berta Cáceres y Tomas García, ambos dirigentes de COPINH.
Un Informe de COFADEH también registra, desde el 2009 a la fecha, que 13 personas fueron detenidas desaparecidas en forma forzada.
“Los detenidos desaparecidos eran generalmente defensores de derechos humanos, miembros activos de la resistencia”, señalan.
De acuerdo a un Informe del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familiares (CPTRT) el 81 % de casos de tortura denunciados el 2017 fueron realizados por las fuerzas militares en Honduras.
“Durante ese periodo el CPTRT recibió 95 denuncias sobre tortura, la mayoría de personas en privación de libertad en los centros penitenciarios, 78 de ellas cometidas en cárceles de máxima seguridad”.
De acuerdo a un Informe de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, “14.735 personas hondureñas habían solicitado asilo entre enero y octubre el 2017 en países de todo el mundo, la mayoría en México y Estados Unidos”.
Protestas, detenciones y Presos Políticos
A partir del 26 de noviembre de 2017, en que se registraron elecciones presidenciales en Honduras, y pese a que el candidato opositor, Salvador Nasralla, iba ganando con una ventaja del 5%, en el primer cómputo oficial entregado por el Tribunal Supremo Electoral, comenzaron a suceder una serie de irregularidades en el conteo de los votos siendo declarado ganador, varios días después, el presidente Juan Orlando Hernández.
En este contexto, miles de personas salieron a las calles a protestar, los días y meses siguientes, denunciando un evidente fraude electoral. Las protestas fueron brutalmente reprimidas por las Fuerzas de Seguridad hondureñas, quienes cuentan con apoyo, entrenamiento y asistencia de los EEUU. Al menos 31 personas fueron asesinadas durante ese periodo la mayoría con balas vivas disparada por las fuerzas de seguridad.
De acuerdo al Informe de Amnistía Internacional titulado “Prohibido Protestar, Uso de la Fuerza y Detenciones Arbitrarias como Estrategias para Reprimir la Disidencia en Honduras”: “A lo largo de este período, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de mil personas por supuestamente haber violado el toque de queda. Decenas más fueron arrestadas por supuestos actos de violencia cometidos durante las protestas.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), por lo menos 118 personas han enfrentado cargos penales por su presunta participación en delitos cometidos durante las protestas. 21 de ellas fueron enviadas en prisión preventiva”.
“Para la mayoría, la detención preventiva se prolongó por varios meses hasta que pudieron recobrar su libertad, pero el proceso penal iniciado en su contra aún no ha concluido”.
Sin embargo, al 19 de julio de 2018, siguen prisioneros cinco presos políticos: Edwin Espinal y Rául Álvarez en la cárcel de máxima seguridad La Tolva en el departamento de El Paraíso; Edy Gonzalo en la cárcel de máxima seguridad El Pozo en el departamento de Santa Bárbara; y Gustavo Cáceres y José Godinez en El Progreso, Yoro.
Los prisioneros políticos Edwin Espinal, de 42 años, y Raúl Álvarez, de 25 años, quienes fueron detenidos el 16 y 19 de enero de 2018, respectivamente, son acusados de ser responsables de los daños que ocurrieron contra el Hotel Marriot, en Tegucigalpa, el 12 de enero de 2018, durante una manifestación pública.
De acuerdo al Informe de Amnistía Internacional “la audiencia inicial y la de declaración de imputado tuvieron lugar los días 20 y 22 de enero en las instalaciones del Estado Mayor del Ejército. Allí funciona el Juzgado de Jurisdicción Territorial Nacional en materia penal que lleva el caso abierto contra Edwin y Raúl, a pesar de que carece de competencia para ello”.
Nota relacionada En plantón frente al Ministerio Público exigen cese a la persecución contra los presos políticos
También “Al respecto, la OACNUDH ha manifestado su preocupación por la falta de transparencia e imparcialidad de las investigaciones y los procedimientos penales en casos en los que no hay claridad respecto de la competencia de los juzgados y de las fiscalías como los de Edwin y Raúl”.
Así mismo, indica el informe que “las abogadas de Edwin y Raúl han enfrentado distintos obstáculos para ejercer la defensa adecuada de los acusados” entre ellos no han podido obtener las actas de las audiencias ni tener acceso a los vídeos presentados como medios de prueba por la Fiscalía.
Presos Políticos en Honduras
Cárcel de Máxima Seguridad “La Tolva”
1.- Edwin Robelo Espinal
2.- Raúl Eduardo Álvarez Ordóñez
Cárcel “El Progreso”
1.- Gustavo Adolfo Cáceres Ayala
2.- José Gabriel Godínez Avelar
Cárcel de Máxima Seguridad “El Pozo”
1.- Edy Gonzalo Valle
