Pese a los compromisos oficiales, el año va cerrando con 248 muertes violentas de mujeres, leyes clave engavetadas y Honduras a la cabeza de la tasa de embarazos en adolescentes en América Latina, mientras organizaciones feministas advierten que los derechos de las hondureñas siguen siendo una deuda histórica del Estado
Tegucigalpa, Honduras. – El 2025 termina sin grandes avances para las mujeres hondureñas. Pese a algunos esfuerzos institucionales, el año estuvo marcado por la persistencia de los femicidios, el estancamiento de la agenda feminista en el Congreso Nacional y los obstáculos en el acceso a la justicia y la salud, entre otras.
Para Ana Cruz, directora de la organización Calidad de Vida, “la deuda legislativa es enorme”. Entre los temas pendientes destaca la Ley Alerta Morada, un mecanismo diseñado para activar protocolos de búsqueda inmediata ante la desaparición de mujeres, que apenas llegó a dictamen y deberá volver a introducirse al Congreso. Del mismo modo, no avanzaron las reformas al Código Penal relacionadas con delitos contra las mujeres ni las actualizaciones a la Ley contra la Trata de Personas.
También quedó estancada la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, una propuesta que nunca fue remitida del Poder Ejecutivo al Legislativo. Otra tarea inconclusa es la reforma a la Ley contra la Violencia Doméstica, que según Cruz “tiene avances, pero aún está pendiente”.
Un punto clave es la implementación de la Ley de Casas Refugio, destinada a garantizar protección y atención a mujeres sobrevivientes de violencia. Aunque ya se conformó una Comisión Especial de Casas Refugio y se elaboró un anteproyecto de reglamento, este aún necesita aprobación. “Si no se aprueba antes de que concluya este gobierno, tendremos que empezar de nuevo todo el proceso”, advierte Cruz.
La organización Calidad de Vida también denuncia la falta de avances en la construcción de casas refugio prometidas hace dos años. “En 2023 se transfirieron 30 millones de lempiras a la Municipalidad de Tegucigalpa, pero no se ha construido ninguna casa, igual que en Choloma y Catacamas”, lamenta.
MÁS MUERTES, MENOS RESPUESTAS
Las cifras de violencia femicida evidencian la falta de respuesta efectiva del Estado. Hasta diciembre de 2025, Honduras registra 248 muertes violentas de mujeres, superando las 240 del año anterior, aunque estas cifras podrían variar levemente según los registros de organizaciones de mujeres y las estadísticas oficiales.
“Terminamos otro año con más mujeres asesinadas y con un Estado que se niega a asumir la magnitud del problema”, señala Cruz, mientras cuestiona los informes oficiales de la Secretaría de Seguridad que insisten en que los índices “han disminuido”.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en los datos preliminares de enero a octubre de 2025 Cada 32 horas con 19 minutos muere una mujer de manera homicida en honduras.
“LOS DERECHOS SIGUEN SIENDO UNA DEUDA PENDIENTE”
A pesar de los discursos oficiales y los compromisos internacionales, los derechos de las mujeres siguen siendo una deuda histórica en Honduras
Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, sostiene que la gestión gubernamental “tuvo más discursos que acciones concretas”. “Los derechos humanos de las mujeres siguen siendo un asunto pendiente. No se trata solo de voluntad política, sino de un entramado institucional y cultural que se resiste al cambio”, afirma.
En 2023, la presidenta Xiomara Castro vetó la Ley de Prevención de Embarazos en Adolescentes, una iniciativa que buscaba reducir la alarmante tasa de embarazos en niñas y jóvenes. En ese momento, Honduras ocupaba el segundo lugar en la región; sin embargo, para 2025 el país encabeza las estadísticas latinoamericanas, con 97 nacimientos por cada 1,000 niñas y adolescentes de 15 a 19 años, la más alta de América Latina y el Caribe según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
La falta de políticas educativas y de salud sexual continúa reproduciendo ciclos de pobreza, exclusión y violencia de género. Alvarado cuestiona el veto presidencial a esta ley, que habría permitido ofrecer educación sexual integral basada en evidencia científica y en un enfoque de derechos. “Con esa decisión, el gobierno dejó en la indefensión a miles de niñas y jóvenes frente a la violencia sexual y a embarazos forzados que condicionan su futuro”, lamenta la defensora.
Las feministas reconocen algunos avances, como el fortalecimiento del programa Ciudad Mujer y el trabajo del Observatorio de Género del Poder Judicial, pero advierten que los logros son insuficientes y poco articulados.
“Son esfuerzos valiosos, pero aislados. Hubo más palabras que hechos, y eso refleja una institucionalidad que no termina de asumir que las mujeres somos sujetas de derechos”, enfatiza Alvarado.
