Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-La Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública no podrá ser derogada en el Congreso Nacional, adelantó este martes el secretario de Parlamento hondureño, Mario Pérez, al argumentar que la vigencia de la normativa es necesaria para los intereses del Estado.
Pérez dijo que la derogatoria de la ley ya ha sido peticionada por algunos parlamentarios en el pasado cercano, pero “creemos que ese tema difícilmente va a tener eco aquí en la cámara legislativa, porque todos los países tienen una ley como esta, llamada ley de secretos”.
El secretario del Poder Legislativo argumentó que “es una ley que al final la necesita el país, porque no se puede poner de manera pública cuántas armas hay para los policías y cuántas armas hay para enfrentar a la delincuencia”.
La tesis de Pérez ha sido rebatida en diversas ocasiones por expertos en temas de acceso a la información público e incluso por los magistrados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que consideran que la normativa se contrapone a la ley que le dio origen y vigencia a ese órgano del Estado.
Según Pérez la ley no impide que el Ministerio Público tenga acceso a información sobre actos irregulares que se den en las instituciones del Estado porque “no es una coraza absoluta”. Sin embargo la normativa limita las peticiones de información de la prensa y ciudadanía en general sobre asuntos claves para descubrir actos de corrupción porque la clasificación de la información queda a la discrecionalidad del gobierno.
La derogatoria ha sido solicitada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y por organizaciones de sociedad civil que consideran que la normativa está obstaculizando los procesos investigativos que se llevan a cabo sobre diferentes actos de corrupción.
La ley de secretos, entró en vigencia el 7 de marzo de 2014 y clasifica la información pública en reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta y el blindaje es de cinco, diez, 15 y 25 años respectivamente, por lo que muchos sectores han llegado a la conclusión que es inconstitucional y un duro golpe para el acceso a la información pública.
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