Por: Redacción CRITERIO
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Washington, DC— El pasado 16 de octubre, el Congreso Nacional de Honduras aprobó varias medidas que dificultan seriamente las investigaciones por delitos de corrupción en el país. Dichas polémicas medidas incluyen la reactivación del Fondo Social Departamental, el cual permite a diputados y funcionarios públicos recibir y ejecutar fondos públicos para obras sociales, al igual que la restauración de la inmunidad parlamentaria por delitos relacionados con la función legislativa.
“La aprobación de estas iniciativas representan un serio retroceso en la lucha contra la corrupción en Honduras y ponen en serio cuestionamiento el compromiso del gobierno en la lucha contra la impunidad”, dijo Adriana Beltrán, Directora para Seguridad Ciudadana en WOLA.
Entre sus disposiciones, el decreto 116-2019 sobre el Fondo Social Departamental aprobado este mes concede al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ente encargado de velar por el uso adecuado de los bienes y recursos del Estado, un plazo de 3 años para auditar dichos fondos; periodo durante el cual tales funcionarios no podrán ser investigados ni acusados por el Ministerio Público por uso indebido de recursos. Además, si el TSC determina que los fondos fueron indebidamente utilizados, los responsables tendrán un plazo de 4 años para reintegrar dichos fondos antes de poder ser acusados penalmente por el Ministerio Público. El año pasado, el Congreso intentó legislar algo similar a través de la reforma a la Ley del Presupuesto, lo cual fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Estas disposiciones son altamente preocupantes, ya que la malversación de recursos públicos tramitados a través del Fondo ha sido blanco de varias investigaciones de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Especial de la Fiscalía de Honduras contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC).
Estas investigaciones incluyen el caso de la red de diputados acusados de haberse apropiado ilegalmente a través de una ONG de fondos públicos destinados a proyectos sociales, o el caso conocido como “arca abierta” que involucra a varios diputados actuales y excongresistas en la malversación de recursos de Casa Presidencial, el Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas, entre otros casos.
“Medidas como la Ley del Fondo Social Departamental claramente buscan entorpecer y frustrar las investigaciones de la UFECIC y la MACCIH y los esfuerzos por combatir la impunidad en el país”, dijo Beltrán. “Apoyamos los llamados solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la Ley del Fondo Social Departamental y esperamos el Poder Judicial se pronuncie con celeridad sobre estos recursos”.
La Ley del Fondo Social Departamental no es el único intento reciente encaminado a erosionar la lucha contra la corrupción. El otro decreto aprobado este mes por el Congreso Nacional es la reforma, mediante el decreto 117-2019, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para restituir la inmunidad parlamentaria por asuntos relacionados a sus funciones legislativas. A estas medidas se suma la aprobación en mayo pasado de un nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) el cual contiene rebajas a penas por delitos en contra de la administración pública y el cual está previsto a entrar en vigor el 10 de noviembre de este año.
“Hoy, mientras se evidencian cada vez más los nexos entre la política y el crimen organizado en Honduras, es más importante que nunca proteger y fortalecer iniciativas anticorrupción como la MACCIH”, dijo Beltrán.
