Entre el 2019 y 2022 se registraron 11,445 denuncias por violencia sexual, 1,244 han tenido resoluciones condenatorias. En los últimos cuatro años los hospitales públicos registraron 99,934 partos de menores de edad
Tegucigalpa, Honduras. – La ley Integral de Prevención de Embarazos en Adolescentes sigue sin ser sancionada por la presidenta Xiomara Castro –primera mujer en llegar a la silla presidencial en la historia de Honduras— pese a la creciente tasa de embarazos en niñas.
Esta falta de sanción, ha propiciado que movimientos fundamentalistas religiosos, campañas de desinformación y la oposición a la educación sexual integral se incrementen, generando además mensajes de odio contra feministas, defensoras de derechos humanos y personas LGBTIQA+.
Estos sectores que están en contra de la Ley de Educación Integral de Prevención de Embarazos en Adolescentes –liderados especialmente por la iglesia católica y la Iglesia evangélica— desarrollaron movilizaciones en varias zonas del país: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Olancho y Choluteca.
Alice Shackelford, en conversación con Criterio.hn señaló que la referida ley ha causado en la sociedad hondureña una división muy fuerte, resistencia y además que los movimientos conservadores impactan a lo interno del Congreso Nacional.
Esta aseveración, se puede evidenciar en las posturas de algunos diputados, especialmente del Partido Nacional.
Pese a altos índices de embarazos en adolescentes, Honduras aún no cuenta con una ley de prevención
ATAQUE DE GRUPOS ANTIDERECHOS
Los más de 142,000 embarazos de niñas entre ocho y 14 años –en su mayoría víctimas de abuso sexual—, develan la urgencia de poner en marcha la Ley de Prevención de Embarazos en Adolescentes, sin embargo, lo que se ha generado, a criterio de analistas y defensoras son ataques de odio.
“Los movimientos antiderechos y conservadores tienen una agenda muy fuerte enfocada sobre el ataque al tema de igualdad de género (…), confundiendo muchos conceptos sobre LGBTIQA+ con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, expresó a Criterio.hn Alice Shackelford.
Para Gilda Rivera, coordinadora ejecutiva del Centro de Derecho de Mujeres (CDM), las posiciones de grupos conservadores y fundamentalistas, en las propuestas de políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres y las niñas, se traducen en intereses políticos. “Siempre están en contra de lo que va en contra de sus posiciones políticas, porque si fueran posiciones religiosas tendrían una actitud de solidaridad con tantas mujeres y niñas que sufren violencia”.
El Centro de Derechos de la Mujer (CDM) reporta que, en el Misterio Público, entre el 2019 y 2022 se registraron 11,445 denuncias por violencia sexual, de las cuales, apenas 1,244 han tenido resoluciones condenatorias, lo que se traduce en: mujeres y niñas sin acceso a la justicia.
En ese sentido, Alice Shackelford recordó que es urgente la sanción de la presidenta Xiomara Castro, para que la ley sea publicada en el diario oficial La Gaceta, pero además indició que no se puede olvidar la Ley de Casas Refugio –otra ley que lleva más de un año en el Congreso Nacional sin ser aprobada— .
Gilda Rivera, enfatizó en entrevista con Criterio.hn, que cualquier país preocupado por el presente y el futuro de la niñez –especialmente niñas y adolescentes— tienen leyes de prevención de las violencias.
“Las principales víctimas de violencia sexual son las niñas pobres, porque son las excluidas de un sistema tan perverso como este sistema en el cual vivimos”, refirió la defensora de derechos de niñas y mujeres.
De acuerdo a la data de la Secretaría de Salud, entre 2019 y 2022, los hospitales públicos registraron 99, 934 partos de niñas menores de edad.
LLAMADO A LA SOCIEDAD HONDUREÑA
Con las discusiones de si se debe instruir a la niñez hondureña en Educación Sexual Integral, la sociedad hondureña se encuentra dividida, están los que están a favor de la implementación en los centros educativos del país, ya que consideran que será una herramienta para combatir los embarazos y además ayudará a las niñas y niños a identificar factores de riesgo ante una posible violencia sexual, y están quienes se oponen de manera enérgica a dicha instrucción ya que consideran que los padres son los únicos a decidir qué tipo de educación recibirán sus hijos e hijas.
Ante esto, la funcionaria de la ONU llamó a la sociedad hondureña a: “no crear polarizaciones, ni ataques, ni mensajes de odio”. De igual manera denunció que tanto ella como el organismo internacional y personas defensoras de los derechos de las mujeres y las niñas, en reiteradas ocasiones reciben mensajes de odio a través de las redes sociales.
“Queremos apoyar a Honduras para que sea un país libre de discriminación, racismo y libre de violencia que sigue afectando particularmente a las mujeres”, recalcó Alice Shackelford.
En ese sentido, a coordinadora residente de la ONU es de la opinión que todos los grupos –conservadores o no— tienen que acuerparse, “Si realmente son comprometidos tenemos que encontrar una agenda común que nos permita ir adelante en la defensa de los derechos”.
Por su parte, Gilda Rivera, lamentó que en Honduras no se garanticen las diversas expresiones de movilización en el marco del respeto. Además, señaló que la desinformación y distorsión de los mensajes y la realidad has sido una de las herramientas más fuertes que utilizan los grupos fundamentalistas religiosos.
También instó a la ciudadanía a realizar análisis informados de la perspectiva de género, desde un enfoque político y social sobre las condiciones historias de hombre y mujeres para no caer en el error de utilizar “ideología de género”.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), indica que la tasa de embarazos adolescentes en Honduras es de 89 por cada 1,000 niñas de entre 15 a 19 años.
