Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. –Expertos en tecnologías de la información y en derecho digital, coinciden que la ley que pretende regular en Honduras la actividad y el contenido en internet, más conocida como “ley de ciberseguridad”, es ambigua.
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La polémica normativa, que se denomina Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección Ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales, está a la espera de la aprobación en su tercer y último debate en el Congreso Nacional, pese al rechazo de periodistas y defensores de derechos humanos que argumentan que el texto establece censura previa y pretende imponer obligaciones a los administradores de sitios web.
Desde el año pasado que comenzó su discusión en el Poder Legislativo, expertos en derecho penal establecieron que la ley contiene elementos que ya están regulados en el Código Penal vigente y en el nuevo Código Penal, como el delito de difamación. Asimismo, que el concepto de odio es muy amplio y que puede aplicarse para estigmatizar y criminalizar a la oposición política y social.
Para Julio Martínez, abogado regional de Microsoft, las leyes de delitos informáticos y conexos son leyes que han regulado delitos ligados a ataques en las tecnologías de la información y que vulneran la seguridad de la información.
Cuando se habla de ciberseguridad se refiere a las políticas de seguridad de las empresas y medidas de seguridad de la información, que perfectamente se puede manejar a través de una ley de protección de datos personales, expuso el experto en derecho digital.
Honduras no cuenta con una ley de protección de datos personales, aunque en el Congreso Nacional se introdujo desde el año pasado un proyecto de ley en tal sentido, el cual fue engavetado, aprobándose hasta el momento 29 de sus 96 artículos.
Martínez dijo además que la ley que se discute en el Congreso regula el odio en las redes sociales de una manera muy general y eso puede generar confusión.
Por su parte, Jan Alvarado coordinar de Tecnologías de la Información de la Red de Desarrollo Sostenible (RDS) explicó que por ciberseguridad se debe entender a aquellas políticas aplicadas para proteger los dispositivos y la información como tal. Sin embargo, la ley que se discute en el Congreso Nacional es una mezcla y una ambigüedad entre políticas de ciberseguridad y la censura desde las redes sociales.
Actualmente, Honduras atraviesa por una crisis social debido al control absoluto que ejerce sobre todas las instituciones del Estado el actual gobernante, Juan Hernández. También existe una filtración de la corrupción, narcotráfico y crimen organizado desde las esferas de poder, por lo que, a juicio del especialista en tecnologías de la información, no es el momento propicio para que se discuta una ley sobre ciberseguridad.
Alvarado recomendó que se haga un análisis correcto del tema y que se establezca, si lo que se quiere es ciberseguridad o si lo que se busca es establecer la censura.
La discusión del tema se dio en el marco del evento “Ciberseguridad en Honduras”, organizado en la capital hondureña por diferentes organizaciones que analizaron el marco regulatorio de la región centroamericana.
Situación actual de Honduras
- No cuenta con equipo nacional de ciberseguridad que defienda al país de la ciberdelincuencia.
- No cuenta con estrategia de ciberseguridad.
- No existe una ley que regule la protección de datos personales.
- El Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación es el ente estatal especializado en TICs
- El país tiene un capítulo de la Sociedad de Internet.
- El país cuenta con legislación conexa que regule la ciberdelincuencia en el Código Penal y el Código Procesal Penal.
- Honduras tiene un capítulo de Sociedad de Internet.
- El país no es signatario de convenios o tratados contra la ciberdelincuencia.
- Los delitos cibernéticos no están debidamente tipificados en la legislación penal, sin embargo, se adelanta proyecto de Ley con este propósito.
- El país tiene una Fiscalía Especial de Protección a la Propiedad Industrial y Seguridad Informática.
Fuente: Lia Patricia Hernández, directora del Instituto Panameño Derechos y Nuevas Tecnologías.
