Tegucigalpa. Lenir Pérez, yerno del fallecido empresario Miguel Facussé y propietario de la controvertida minera Inversiones Los Pinares, fue noticia esta semana en El Salvador debido a las denuncias por violaciones a derechos humanos que pesan en su contra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La publicación realizada por ElSalvador.com da seguimiento a la empresa Alutech, y su propietario, luego que Alutech fue beneficiada bajo la figura Asociación Público Privado (APP) por la Asamblea Legislativa y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para la ampliación y administración de la terminal de carga del aeropuerto Internacional de Comalapa.
El diario destaca un informe de la organización Acción Ciudadana en el que se indicó que Alutech donó $1 millón al partido GANA para las elecciones de 2019, en las que Nayib Bukele participó bajo esa bandera.
En la nota mencionan que en un documento de la CIDH «aparece como presunto responsable de acoso violento a líderes campesinos de Honduras el empresario Lenir Pérez, dueño de Alutech, empresa financista de la campaña presidencial de Nayib Bukele a la que la Asamblea le otorgó recientemente un millonario contrato para ampliar la terminal de carga del aeropuerto».
Asimismo, «indican que, tras analizar los hechos, la CIDH consideró que “estas personas se encontraban en una situación de gravedad y urgencia puesto que su vida e integridad estaban amenazadas y en riesgo”. No obstante, las autoridades hondureñas estancaron la investigación de las denuncias».
El origen de la denuncia está relacionada al conflicto generado por el permiso extendido a la empresa Minerales Victoria, de Lenir Pérez, para explotar mil hectáreas con minas a cielo abierto para extraer óxido de hierro, afectando a 16 comunidades del municipio de Tocoa, que además no fueron consultadas previamente sobre la explotación.
La publicación de ElSalvador.com destaca la amistad de Lenir Pérez con el presidente hondureño Juan Hernández y señala la existencia de otro conflicto, siempre en Tocoa, pero en esta ocasión involucra a las comunidades cercanas al río Guapinol. Citando el informe “Guapinol Resiste”, señala que este revela que el origen del conflicto es el otorgamiento de licencias ilegales a la empresa Inversiones Los Pinares (ILP), propiedad de Pérez y su esposa, Ana Facussé.
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El diario también remarca que el Estado hondureño otorgó a una empresa de Pérez, la construcción y administración del Aeropuerto de Palmerola bajo la figura de Asocio Público Privado (APP), financiación que ascendía a $87 millones. Y que posteriormente «el representante legal de Palmerola International Airport (PIA), S.A. de C. V., Lenir Pérez, le hacía un reclamo al Gobierno de Honduras de $51.3 millones adicionales a lo establecido en el contrato de la Alianza Público Privado (APP) argumentando afectaciones por la COVID-19».
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La publicación concluye con las palabras del director ejecutivo de la organización salvadoreña Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, quien manifestó que «si revisamos los casos de corrupción en la región vamos a encontrar que muchas de las aportaciones de campaña venían condicionadas a que se entregaran proyectos de obra pública al donante».
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