Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.-La jueza Julissa Aguilar, esposa del abogado Eduardo Montes, quien fue asesinado este miércoles en Tegucigalpa, aseguró que la vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, es inocente de lo que se le acusa, por lo que su caso tiene que ser sobreseído de manera definitiva.
La esposa de Montes, quien fue ultimado a cuchilladas por el joven Rigoberto Andrés Paredes Vélez (28), según confeso éste mismo a la policía, dijo: “lo único que puedo decir es que él no merecía morir de esta manera, una manera terrible, inhumana, no merecía… era una excelente persona”.
Paredes Vélez declaró que cometió el crimen por venganza personal contra el extinto, por ser el abogado defensor de la vicepresidenta del Parlamento hondureño, quien enfrenta un juicio por varios delitos vinculados a la venta irregular de medicamentos a la secretaría de Salud.
En ese sentido, la esposa del occiso, apuntó que si el asesinato obedece al caso de Lena Gutiérrez, “lo único que puedo decir, es que Eduardo creía en la inocencia de la familia Gutiérrez”.
“Yo trabajé con él estudiando el caso, yo creo también en la inocencia de Lena Gutiérrez y espero realmente que el señor juez natural (Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia) tenga la valentía y la independencia para emitir un sobreseimiento definitivo, tal y como en derecho corresponde”, dijo la jueza.
“Yo soy jueza y como jueza también he visto el expediente, porque Eduardo lo tenía, y yo sé que ahí no hay nada que sea delito”, puntualizó.
Asimismo pidió a los hondureños a que cesen “esa incitación al odio, cuando no estemos de acuerdo con las opiniones de los demás”.
Aguilar aclaró que daba declaraciones a los medios de comunicación porque su esposo respetaba a la prensa, porque siempre decía “que la prensa tenía derecho de estar enterada de todo lo que pasaba”.
La jueza Aguilar, junto a sus otros compañeros de la Sala V de la Corte Suprema de Justicia, Lesly Gallardo, Yessica Granados y Mario Díaz como cuarto juez, absolvieron en el juicio oral y público, al oficial Josué Sierra y al cabo Felipe Rodríguez, acusados de ser copartícipes del homicidio de Ebed Jassiel Yanez.
El joven de apenas quince años, fue ultimado por los militares que le dispararon, por evadir un retén ubicado en la salida al oriente de Tegucigalpa.
CASO ASTROPHARMA QUEDA EN SUSPENSO
A raíz de la muerte del abogado Eduardo Montes, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, quien actúa en este caso como juez natural, decidió la suspensión de las diligencias de evacuación de pruebas en el caso Astropharma, que habían sido programadas por un período de dos semanas, informó este jueves el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
El vocero informó que se está a la espera de que los imputados que se han quedado sin representación legal, puedan acreditar a su defensor. Aclaró que el juez natural no ha establecido un plazo para la acreditación del abogado, sin embargo, dijo que esperan que los imputados puedan enviar su representación lo antes posible.
El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en contra de 16 personas, incluyendo a cuatro miembros de la familia Gutiérrez, propietarios de la empresa farmacéutica Astropharma, por presuntos delitos contra la salud pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos falsos y otros fraudes, así como violación a los deberes de los funcionarios y prevaricato.
Entre los imputados figura la vicepresidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, su padre Marco Tulio Gutiérrez, y sus hermanos Ginette Karime Gutiérrez Arévalo y Julio César Gutiérrez Arévalo.
Asimismo Carlos Alberto Zamora Bautista, Gladis Irías Rivera, Gilberto Lezama Toro, Soad Estrella Orozco Montoya, María Cristina Núñez García, Evelin Flores Díaz, María de los Ángeles Fúnez, Martha Griselda Vásquez Ordóñez, Ericka Ninoska Castillo Canelas, Mirza Lizeth Ruiz Castro y Kristian Manuel Bautista Fúnez y Mirta Gloria Escobar Cárcamo.
De los cuatro miembros de la familia Gutiérrez, únicamente la diputada pagó la fianza de 20 millones de lempiras estipulada por el juez, por lo que se le suspendió el arresto domiciliario, pero se lo dejó firme otras medidas como la de no acercarse al Congreso Nacional.
