Los diputados del Congreso Nacional no están inhabilitados para ser elegidos, por sus compañeros de cámara, como magistrados del Tribunal Superior de Cuentas
Tegucigalpa, Honduras.- Aunque parezca incongruente, las leyes hondureñas permiten que los diputados y las diputadas del Congreso Nacional puedan aspirar a ocupar una magistratura en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Actualmente, el Congreso Nacional, con total opacidad, lleva a cabo las negociaciones para elegir a los magistrados del TSC que ejercerán durante los próximos cinco años. El pleno de magistrados se reparte entre los tres partidos políticos: Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal, y ejerce funciones durante siete años.
Sorpresivamente para algunos y para otros no tanto, desde la bancada del Partido Nacional, la principal fuerza de oposición dentro del Legislativo, han expresado públicamente que la persona que postularán como candidato es el actual diputado por ese partido, Marcos Antonio Velásquez.
Velásquez, que cumple su segundo período como diputado propietario por el departamento de Valle (2018-2022 y 2022-2026), es considerado uno de los más cercanos a la estructura partidaria del jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
Para ser electo magistrado del TSC, Velásquez requerirá de 86 votos, que solo se pueden lograr con un acuerdo tripartito entre las tres fuerzas dominantes dentro del Poder Legislativo.
Criterio.hn averiguó si dentro de la Constitución de la República o la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas existe alguna inhabilidad para los diputados, pero se identificó que, dentro del Congreso Nacional, las únicas personas que están inhabilitadas para ejercer una magistratura del TSC son los integrantes de la Junta Directiva.
El artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas incluye los siguientes cargos que están inhabilitados: el presidente de la República, los secretarios de Estado, los miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la República, los miembros del Consejo Nacional Electoral, el procurador general de la República.
Asimismo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, los presidentes, directores, gerentes o secretarios ejecutivos de las instituciones descentralizadas y desconcentradas y sus sustitutos legales, así como los cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los funcionarios indicados.
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Como se puede observar, los diputados y las diputadas del Congreso Nacional no están inhabilitados, pese a que son personas de alta cercanía a sus estructuras político-partidarias.
ES CLARO EL OBJETIVO
A consideración del analista político Lester Ramírez, la cercanía del diputado Marcos Antonio Velásquez con el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, es evidente.
«A partir de ahí podemos deducir por dónde van esas cosas. El hecho de que sea de Valle reafirma mi tesis de que colocar a este diputado implica que es una persona leal a Tomás Zambrano, a esas estructuras. Sea quien sea la persona que vaya allí, irá a hacerle el mandado a las cúpulas del Partido Nacional en este caso», expresó Ramírez a Criterio.hn.
Ramírez comparó la nominación de Marco Antonio Velásquez con la elección de Leónidas Rosa Bautista como fiscal general. Tras la destitución de Ovidio Navarro, el 28 de junio de 2005, el Congreso Nacional, con mayoría nacionalista, eligió a Rosa Bautista para que dirigiera el Ministerio Público hasta 2009, tras otorgarle una licencia.
«Ya hemos visto diputados que han sido fiscales generales, como el caso de Leónidas Rosa Bautista, que era diputado en el Congreso Nacional y terminó siendo fiscal general de la República. Los políticos buscan personas que sean leales a las estructuras de los partidos, especialmente a quienes controlan los partidos, y al TSC, pongan a quien pongan, enviarán a alguien que va a trabajar para ellos», agregó el analista en su conversación con este medio digital.
MÁS IMPUNIDAD
Omar García Calderón, analista en gobernabilidad y democracia, dijo a Criterio.hn que permitir a diputados y diputadas del Congreso Nacional candidatearse como magistrados del TSC refleja una estrategia encaminada a preservar una estructura de impunidad, y que la legislación lo permita no es atribuible a un error involuntario de los legisladores.
«Tenemos claridad de que el Congreso Nacional quiere mantener situaciones de impunidad, cuando tenemos diputados que pueden optar a un cargo tan delicado. Entonces, lo que están diciendo es que la parte política va a primar más que la parte técnica de combate a la corrupción dentro de la administración pública», manifestó García Calderón.
Durante su entrevista con este medio digital, el analista explicó que lo ideal sería que se eliminara esa posibilidad de que los diputados aspiren a ser magistrados del TSC, pero consideró que el Congreso Nacional, por cómo está conformado, no tiene la inteligencia moral para llevarlo a cabo.
«Estoy de acuerdo en que se elimine eso, que diputados no puedan ostentar esos cargos, que es prácticamente un cuarto poder, pero creo que el Congreso Nacional no tiene inteligencia moral para poder realizar un acuerdo para eliminar que los diputados se puedan candidatear para el Tribunal Superior de Cuentas», señaló.
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El Tribunal Superior de Cuentas se constituyó el 20 de enero de 2003, y llegó a reemplazar a la Contraloría General del Estado como el ente encargado de fiscalizar los recursos administrados por los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las instituciones descentralizadas y desconcentradas, los bancos estatales y las municipalidades. Su ley orgánica ha sufrido tres reformas, en 2011, 2019 y 2022.
Sin embargo, a consideración del analista político Lester Ramírez, el TSC simplemente no funciona.
«El TSC es una institución disfuncional, crece en su presupuesto para pagar planillas, con un recurso humano que lleva bastante tiempo, pero que no cumple su mandato constitucional y no lo va a cumplir mientras este tipo de acuerdos entre políticos se mantengan vigentes», cerró Ramírez.
SE REQUIERE REFORMAR EL TSC
En una entrevista concedida a Criterio.hnel pasado 1 de febrero, el coordinador jurídico de Cristosal en Honduras, Álex Navas, expresó que el fortalecimiento del TSC debe pasar por darle más capacidades a las auditorías in situ y a posteriori, lo cual es sumamente importante.
También señaló que deben modificarse los mecanismos de las declaraciones juradas: falta analizar no solamente el patrimonio de quien hace la declaración, sino también las acciones societarias que puede tener el funcionario con respecto a conflictos de intereses.
Además, declaró que es necesario que se elimine del artículo 222 de la Constitución de la República la posibilidad de que el TSC pueda determinar enriquecimiento ilícito, ya que solo es una instancia administrativa.
